La Conselleria de Medio Ambiente contrata al bufete para asesorarse ante la sentencia que la obliga a demoler Gemelos 28 e indemnizar a los propietarios, con un impacto de más de 100 millones

Víctor Romero. Va

La Generalitat valenciana ha recurrido al bufete Broseta Abogados para buscar asesoramiento en el embrollo jurídico de Gemelos 28, las dos torres de apartamentos levantadas en primera línea de costa en Benidorm que la justicia ha ordenado demoler tras dictaminar que su planeamiento vulneraba la Ley de Costas. La Administración valenciana, según el Tribunal Superior de Justicia autonómica, tiene que hacerse cargo del derribo y de la indemnización a los propietarios. El Tribunal Supremo falló en 2018 que la promoción, que comenzó a ser habitada en 2011, se levantó sobre una autorización de la Conselleria de Medio Ambiente que vulneraba los límites de la legislación estatal, en concreto seis metros de la línea marítimo-terrestre. Aunque se trataba de una promoción privada, un proyecto de la familia Ballester, los jueces hicieron responsable a la Generalitat de la situación, razón por la que le corresponde asumir el coste de la demolición por el exceso de la edificación. 

La sentencia permite a la Administración valenciana que preside el popular Carlos Mazón comercializar la parcela una vez derribadas las dos torres, con el mismo aprovechamiento urbanístico, pero sin rebasar el límite costero. Los intentos de la Generalitat que alcanzar alguna solución intermedia, como retranquear los bajos de las fachadas que exceden el tope legal, han resultado hasta ahora infructuosas. También se ha alegado el impacto ambiental que tendría el desplome de escombros sobre el agua. En 2019, el conflicto urbanístico-legal se trasladó a la Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Alicante. Un año más tarde se cerró sin acuerdos.

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Víctor Romero. Benidorm

Ahora, a través de un contrato con el concepto «Asistencia para el seguimiento de las acciones judiciales del complejo residencial Gemelos 28» ha recurrido a los servicios legales de Broseta, según ha podido saber El Confidencial. Se trata de un procedimiento menor por un importe de casi 12.000 euros (IVA excluido) licitado por la conselleria que dirige la popular Salomé Pradas. Fuentes del bufete no hicieron comentarios sobre el encargo de este asesoramiento legal, que complementa al de la Abogacía de la Generalitat, aunque consiste en elaborar un informe sobre cómo llevar a cabo la ejecución de la sentencia. También el departamento de Medio Ambiente guardó silencio. Además de proceder al complejo derribo que marcan los fallos, la Administración tendrá que gestionar las indemnizaciones y desalojos de los dueños de los apartamentos, 171 viviendas en total, repartidas en 22 plantas. Se trata de un procedimiento con sus complejidades, razón por la que se ha externalizado la guía a seguir. 

No es la primera contratación externa que ejecuta la Conselleria para buscar soluciones. El anterior Consell del Botànic adjudicó a Typsa en 2023 un «estudio para el análisis de la situación jurídica, documentación técnica y encuadre temporal para la demolición del complejo residencial Gemelos 28». Según publicó Alicante Plaza, ese informa reflejaba que el coste de la operación de desalojo, sin tener en cuenta la demolición y limpieza del solar, ascendería a 70 millones de euros, por la adquisición de los edificios y la indemnización a los dueños. Sumando las obras posteriores, el impacto sobre las arcas públicas podría rebasar los 100 millones. Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm ha tramitado también un expediente para conocer la afección ambiental del derribo. 

Vecinos de Gemelos 28 consultados por El Confidencial señalan que no tienen noticias sobre la evolución de conflicto y recuerdan que, en cualquier caso, la parcela sigue teniendo los mismos derechos urbanísticos, por lo que podría volver a edificarse sobre ella respetando el límite de Costas, de ahí que sean partidarios de soluciones alternativas como la del retranqueo. Insisten en que en el momento de la construcción y venta de apartamentos la situación de las dos torres era legal y que ahora «los propietarios son los perjudicados». En este sentido, uno de los dueños explica que dueños que por determinadas circunstancias han tenido que vender su vivienda «han tenido que hacerlo a precios por debajo de mercado» como consecuencia la incertidumbre existente. «Es una situación lamentable que esperamos que se solucione», confían

NOTA DE MAESBA.-

«ES HORRIBLE»

Estoy de acuerdo con la palabra «ES HORRIBLE» pero en el sentido en que se emplea o dice. Es horrible que un empresario de cara dura, ANDRES BALLESTER , se salga con la suya sin tener en cuenta que fue advertido, cuando estaba en la séptima planta, de que no podía seguir construyendo esas dos torres. Fue un aviso del Ministerio d Urbanismo y se lo pasó por los cojones. La sentencia del Supremo también se la ha pasado por los huevos. or eso es horrible que las autoridades valencianas estén apoyando al impresentable promotor Ballester.

CARLOS MAZÓN se pone a la desagradable altura política del Alcalde de Benidorm, Toni Perez, y pasa la pelota al letrado Broseta par evitar se cumpla la sentencia del Supremo que, con esta hecho, esta perdiendo su imagen de imparcialidad.

Ya hemos llegado a casi a lo últimos impresentables politico en este asunto. El derribo de las torres Gemelas de Ballester deben y tienen que ser derribadas por sus cojones del promotor al desoír la orden de paralización que se le dio. Los 100 millones que se dicen costaría el derribo, con las indemnizaciones, seria una muestra de responsabilidad y buen hacer teniendo, muy en cuenta, que ANDRES BALLESTER es un empresario de cara dura y que no debería poder poner un ladrillo de Benidorm.

De Carlos Mazón y Toni Perez solo se puede pedir y desear que no repitan, en las próxima elecciones, sus actuales cargos ya que estan demostrando una clara imprudencia e irresponsabilidad en perjuicio de las leyes y de la imagen de Benidorm.