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El Ministerio del Interior investiga las comisarías chinas «clandestinas»: hay 9 en España

DERECHOS HUMANOS

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Según una denuncia, estas oficinas, que ofrecen servicios consulares cotidianos, servirían de herramienta para Pekín para presionar y coaccionar a disidentes y delincuentes sospechosos

Agentes de la oficina de policía que representa a la ciudad Fuzhou en Barcelona.
Agentes de la oficina de policía que representa a la ciudad Fuzhou en Barcelona.EM

Tres en Madrid, tres en Barcelona, dos en Valencia y una en Santiago. Son nueve las comisarías que China tiene en España. Oficialmente se llaman «Estaciones de Servicio de Policía en el Extranjero» y están supervisadas por las sedes de la Oficina de Seguridad Pública, equivalente al ala dura de un Ministerio del Interior, en las ciudades de Fuzhou Lishui, al sureste del país, cuna de la mayor parte de la diáspora china en España.

Estas comisarías brindan servicios cotidianos consulares y administrativos a los residentes o turistas chinos, como la renovación de tarjetas de identificación, pasaportes y licencias de conducir. Además, los agentes chinos colaboran con policías locales en casos que competen, sobre todo, a estafas de telecomunicaciones dirigidas por mafias chinas y taiwanesas.

Fuentes de la Policía Nacional, tanto de la brigada contra la trata de personas como de las unidades de estupefacientes, cuentan a EL MUNDO que, ocasionalmente, intercambian información con estas estaciones policiales chinas cuando necesitan ayuda en operaciones contra redes de inmigración ilegal o, como ocurre más ahora, cuando desarticulan plantaciones de marihuana dirigidas por mafias del gigante asiático, que convirtieron hace tiempo a España en tierra de cultivo de un multimillonario negocio que se extiende por toda Europa.

El problema de ahora es la denuncia de un grupo de defensa de los Derechos Humanos: además de los servicios mencionados, China estaría usando estas comisarías como una herramienta para presionar y coaccionar a disidentes y delincuentes sospechosos para que regresen a su país y sean allí juzgados.

54 OFICINAS EN 20 PAÍSES

Hace unas semanas, la organización Safeguard Defenders, con base en Madrid, publicó una investigación en la que desmenuzaba una red de comisarías chinas -a las que llama «ilegales» y «clandestinas»- repartidas por los cinco continentes: 54 oficinas en una veintena de países. «Algunos de estos centros se utilizan para chantajear a los sospechosos, obligarles a regresar a casa y enfrentar cargos penales en violación de las leyes globales de extradición», aseguran desde la ONG.

En su reporte, recogen datos desvelados por medios de Pekín sobre cómo las autoridades, entre abril de 2021 y julio de 2022, «lograron persuadir» a 230.000 chinos para que regresaran a su país y saldar sus cuentas con la justicia.

«Un método clave utilizado incluye rastrear en China a la familia del objetivo para presionarlo a través de la intimidación, el acoso, la detención o el encarcelamiento, y así persuadirlo para que regrese voluntariamente. También implica acercarse al objetivo en redes sociales a través de agentes encubiertos para amenazarlo y acosarlo», reza un informe que comparte la secuencia de un vídeo del interrogatorio a un sospechoso llamado Liu que se encontraba en Madrid.

La oficina del fiscal de Lishui realizaba una videollamada con el sujeto, acusado de contaminación ambiental en su ciudad natal. En las imágenes se aprecia como, junto a las autoridades judiciales y a la policía de Lishui, en la mesa china también estaba sentada una mujer a la que un letrero identificaba como familiar del acusado.

«Estas operaciones evitan la cooperación policial y judicial bilateral oficial, violan el estado de derecho internacional y la integridad territorial de terceros países involucrados en el establecimiento de un mecanismo policial paralelo utilizando métodos ilegales», afirma Laura Harth, coautora del informe.

Desde el Ministerio del Interior aseguran a este periódico que van a investigar las acusaciones recogidas en el informe de Safeguard Defenders, aunque no aclaran si conocían previamente esas supuestas presiones de las fuerzas policiales chinas en España para intimidar a los críticos con el régimen de Pekín o si las nueve oficinas señaladas están registradas con conocimiento de las autoridades españolas, como afirman desde la Embajada china en Madrid. «La única función de estas oficinas es ayudar a los ciudadanos chinos en el extranjero y colaborar con las autoridades españolas cuando así lo requieren, todo lo demás es falso», reiteran fuentes de la delegación diplomática.

OTROS GOBIERNOS LO INVESTIGAN

La polémica ha saltado esta semana después de que otros gobiernos anunciaran públicamente que van a investigar el papel que juegan estas comisarías chinas en el extranjero.

Es el caso de Holanda. «Hay señales regulares en la comunidad holandesa-china de intimidación y amenazas en relación con su opinión o actividades con respecto a su país de origen. Los ciudadanos holandeses que se sientan intimidados o amenazados por las actividades de otro actor estatal siempre pueden denunciarlo a la policía», asegura un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores holandés. Dos medios de comunicación locales, RTL Nieuws y Follow the Money, han averiguado que la policía china tiene abiertas al menos dos oficinas operativas sin que su actividad conste a las autoridades holandesas.

En Irlanda, el ministro de Exteriores, Simon Coveney, ordenó el jueves el cierre de una comisaría china, dirigida por las autoridades de Fuzhou, que operaba en el centro de Dublín. El gobierno irlandés argumenta que los funcionarios chinos no solicitaron permiso en ningún momento para instalar una estación en Dublín.

Lejos de Europa, las estaciones de la policía china también se extienden hasta Canadá, donde los funcionarios han anunciado esta semana que están «investigando informes de actividad delictiva en relación con las llamadas comisarías de policía». La Gendarmería canadiense dijo que era consciente de que «los estados extranjeros pueden tratar de intimidar o dañar a comunidades o personas dentro de Canadá».

Otra de las oficinas de la policía china se ubica en Nueva York. Desde Safeguard Defenders conectan estas comisarías con asociaciones chinas en el extranjero vinculadas al gobernante Partido Comunista (PCCh) o directamente con el Departamento de Trabajo del Frente Unido, un órgano estatal bastante opaco que, en el exterior, está formado por varias organizaciones diseñadas para promover la influencia del partido e intimidar a la disidencia.

Según el FBI, uno de los brazos de este grupo, dirigido desde la Oficina de Seguridad Pública, fue el que puso en marcha la llamada Operación Fox Hunt: bajo el pretexto de una campaña contra miles de corruptos que habían escapado de China a países con los que no hay un tratado de extradición, que incluía a muchos disidentes que vivían en EEUU, los agentes chinos en el exterior usaban las amenazas a sus familias para presionarlos y que volvieran a casa.

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