Benidorm

Zaplana y dos miembros de la familia Cotino se enfrentan a 19 y 14 años de cárcel por amaña contratos públicos

Laura Ballester

La titular del Juzgado de Instrucción 8 abre juicio oral por organización criminal, blanqueo, cohecho y falsedad contra el exministro de Trabajo, José Luis Olivas y trece personas más

El exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana formó «durante su extensa carrera política un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés contando con la colaboración del núcleo de personas», según concluye la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, que ayer dictó auto de apertura de juicio oral para Zaplana y catorce personas más por el caso Erial. La decisión de la jueza se conoce antes de que la sección quinta de la Audiencia de València se pronuncie sobre los recursos de apelación contra el auto que dio por finalizada esta investigación que se inició en el seno del caso taula, tras el hallazgo de los conocidos como «los papeles del sirio».

Al mismo tiempo que el auto de la magistrada también se conoció ayer la calificación de la Fiscalía Anticorrupción en la que concreta los presuntos delitos que imputa a los quince procesados por el caso Erial e informa de las penas de prisión que solicita para cada uno de ellos.

El Fiscal Anticorrupción solicita 19 años de cárcel contra el expresidente de la GeneralitatEduardo Zaplana, y por el cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Junto a Zaplana también están acusados por la Fiscalía Anticorrupción el expresidente de la Generalitat y sucesor de Zaplana, José Luis Olivas, además de los hermanos Vicente y Juan Cotino Escrivá. La causa ya no se sigue contra el expresidente de las Corts, Juan Cotino, y tío de los dos empresarios, tras su fallecimiento por covid-19 cuando estaba siendo juzgado en la pieza de la Gürtel de la visita del papa.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción detalla la estructura financiera creada por Zaplana junto a sus testaferros a través de una red de empresas en catorce países, en los que llegó a movilizar veinte millones de euros. De hecho, el Ministerio Público solicita el decomiso de 20,6 millones de euros de Eduardo Zaplana y al resto de acusados, que es la cantidad que considera que «la organización descrita» movilizó a lo largo de veinte años. De estos 20,6 millones, 6,7 millones ya fueron entregados al Juzgado de Instrucción por uno de los presuntos testaferros de Zaplana, Fernando Belhot. La justicia también ha decomisado 126.651 euros en una cuenta a Zaplana, 342.254 euros al exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y hasta 981.392 euros a la cuenta de la empresa Costera del Glorio, propiedad de otro de los presuntos testaferros de Zaplana. A Vicente y Juan Cotino, la Fiscalía pide el decomiso de 10,5 millones de euros, «correspondiente a las dádivas entregadas por la familia del fallecido expresidente de las Corts, Juan Cotino.

Respecto al resto de penas, el amigo de la infancia y presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, se enfrenta a ocho años de prisión; al igual que Francisco Grau, el presunto cerebro financiero de la trama, y Mitsouko Henríquez, la secretaria de Zaplana. El exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Juan Francisco García, también se enfrenta a una pena de cárcel de catorce años de prisión, al igual que Vicente y José Cotino Escrivá. Para el expresidente José Luis Olivas la Fiscalía Anticorrupción también reclama seis años de cárcel. Y otros cinco para Elvira Suanzes, exdiputada del PP en las Corts y amiga personal de Zaplana, y su hermano Saturnino Suanzes.

Sobre la estructura creada por Zaplana, el auto del Juzgado de Instrucción 8 señala que «el grupo de personas cercanas» de las que se rodeó el exministro de Trabajo «con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés» contó con la colaboración de «Joaquín Miguel Barceló Llorens, Francisco Grau Jornet , Juan Francisco García Gómez y Mitsouko Florida Henríquez Alcántara cada uno de los cuales ostentaba una función dentro del organigrama diseñado por el acusado para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de gestión de servicios públicos en su más amplia expresión». La magistrada añade que «la organización diseñada empleaba sociedades radicadas en el extranjero , en diferentes países y que estaban creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas , como para ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico»

Eduardo Zaplana.

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La titular del Juzgado de Instrucción 8 añade respecto a los hermanos Cotino que «en la búsqueda de dicho benefició ilícito» Zaplana y su círculo de confianza «se concertaron con los también acusados Vicente Cotino Escrivá , José Cotino Escriva y con el investigado fallecido Juan Gabriel Cotino Ferrer, éste último también político de profesión , del mismo partido político que el acusado Eduardo Zaplana, habiendo ostentado importantes cargos públicos», como director general de la Policía, delegado del Gobierno, vicepresidente del Consell y conseller y presidente de las Corts Valencianes.

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Respecto a los hermanos Cotino Escrivá, la magistrada relata «forman parte de un grupo empresarial (Sedesa) ostentando su dirección a través de Asedes Capital (Servicios De Excavaciones SA), creando en el concierto la estructura societaria para obtener en una primera fase la adjudicación amañada de concesiones públicas de acuerdo con la organización liderada por Eduardo Zaplana y que daba el soporte político e institucional para conseguir sus propósitos simulando una adjudicación aparentemente formal y legal»


Así forjó Eduardo Zaplana una fortuna a base de supuestas comisiones

EFE

11 de octubre de 2022·6

VALENCIA, SPAIN - MAY 07: Eduardo Zaplana attends 'La Razon' Awards at Hotel SH Valencia Palace on May 7, 2018 in Valencia, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images) (Photo: Manuel Queimadelos Alonso via Getty Images)
VALENCIA, SPAIN – MAY 07: Eduardo Zaplana attends ‘La Razon’ Awards at Hotel SH Valencia Palace on May 7, 2018 in Valencia, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images) (Photo: Manuel Queimadelos Alonso via Getty Images)

VALENCIA, SPAIN – MAY 07: Eduardo Zaplana attends ‘La Razon’ Awards at Hotel SH Valencia Palace on May 7, 2018 in Valencia, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images) (Photo: Manuel Queimadelos Alonso via Getty Images)

El fiscal anticorrupción detalla en su escrito de acusación cómo el exministro y expresident de la GeneralitatEduardo Zaplana forjó una extensa fortuna gracias a operaciones ilícitasque tuvieron origen en el proceso de privatización de las ITV valencianas.

Desgrana así una operativa formada por personas que, aprovechándose algunas de ellas de los cargos políticos que tenían o habían tenido y ayudadas por empresarios, facilitaron la obtención de contratos públicos a cambio de “mordidas”.

La causa afronta su fase final cuatro años y medio después de la detención de Zaplana (22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque estuvo ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.


El origen de las corruptelas

Según detalla el fiscal anticorrupción en su escrito de acusación, el origen de los supuestos fondos ilícitos que manejaba Zaplana está en los concursos que la Generalitat lanzó para privatizar las ITV y las concesiones de parques eólicos, que se diseñaron con “condiciones subjetivas” para que determinadas sociedades se hiciesen con las licitaciones “en perjuicio de otros competidores”. Y para que eso fuese posible se crearon las condiciones necesarias en los ”órganos políticos del más alto nivel”.

Para este primer amaño, el fiscal cree que Zaplana se concertó con el fallecido Juan Cotino, que fue director general de la Policía, entre otros cargos, ya que varias empresas controladas por sus familiares resultaron adjudicatarias en ambos concursos (ITV y parques eólicos).

De hecho, Vicente y José Cotino fueron quienes, a través de sus sociedades Sedesa y Asedes, crearon la estructura societaria necesaria en España y Luxemburgo para adjudicarse los contratos y también, siempre según el fiscal, para canalizar sobornos por 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos fondos pasaron supuestamente a una empresa propiedad de Zaplana que fue gestionada por Beatriz García Paesa -sobrina de Fernando Paesa- primero y por el abogado uruguayo Fernando Belhot después.

La “connivencia política” se plasma en una junta de Sedesa de 2005 en la que Juan Cotino, entonces conseller, participa y aprueba una inversión a desarrollar por la firma pública Proyectos Eólicos Valencianos en el desarrollo de proyectos adjudicados, entre otros, a sus familiares Vicente y José Cotino.

Adjudicación “política”

El fiscal cree que “no solo existió una completa falta de justificación económica y técnica” en aquellas adjudicaciones, sino que “la mesa de contratación se formó íntegramente por personal político”.

La división en lotes de los contratos, supuestamente realizada para favorecer que se presentasen un mayor número de empresas, “supuso realmente lo contrario”, porque se exigió que todas las empresas concursasen en todos los lotes, exigiendo una “solvencia” que neutralizó todo intento de pluralidad.

Los Cotino se hicieron con las ITV de Castellón, Vila-Real y Vinaròs por 5,8 millones de euros en 2002 y dos años después vendieron su participación por 43 millones.

Con los beneficios obtenidos en esta adjudicación supuestamente amañada Vicente, José y Juan Cotino “empezaron a utilizar las estructuras societarias diseñadas con la finalidad de traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana”.

Si a estas operaciones se suman los beneficios obtenidos por la venta de participaciones en la sociedad pública Proyectos Eólicos Valencianos, obtenidas también al parecer vía concesiones amañadas, el clan Cotino obtuvo un total de 86,5 millones de euros, lo que a juicio del fiscal “justifica el elevado importe de las comisiones abonadas”.


El director de la Policía en misión “especial”

En mayo de 2001, el entonces director de la Policía Nacional, Juan Cotino, realizó un viaje a Luxemburgo con una misión poco ortodoxa, llevaba 607.000 euros en metálico que depositó en un banco local en una cuenta cuyo beneficiario era su familiar Vicente Cotino y representada por García Paesa que sirvió para poner en marcha dos sociedades. Como origen del dinero, hizo constar que era el beneficio obtenido por la venta de un campo de golf.

Días antes, Zaplana se había reunido con Juan Cotino a las 22 horas, según anotó él mismo en su agenda.

“De acuerdo con el plan trazado, una vez que las sociedades españolas obtienen beneficios por la venta de sus participaciones en las sociedades adjudicatarias de los concursos amañados se transfieren a Luxemburgo las comisiones delictivas pactadas”, detalla el fiscal, que añade que fue Vicente Cotino quien, por teléfono, comunicó a Garcia Paesa que sus sociedades en Luxemburgo pasaban a manos de los colaboradores más cercanos de Zaplana, Francisco Grau y Joaquín Barceló personas de “absoluta confianza” del exministro.

García Paesa se entrevistó con ambos en un restaurante de Madrid en mayo de 2006, y en esa misma fecha, según detalla el fiscal, Zaplana se entrevistó con García en un hotel para darle instrucciones”.

Estructura en Andorra

En paralelo a la estructura societaria diseñada en Luxemburgo, la organización de Eduardo Zaplana creó un entramado societario en Panamá a través de cuentas bancarias residenciadas en Andorra con las que se canalizaban fondos de procedencia ilícita por contratos y adjudicaciones públicas.

A estas cuentas de Andorra llegaron, entre 2004 y 2007, un total de 9,8 millones de euros, que progresivamente se fueron derivando a sociedades en Uruguay y España.

Parte de esos fondos depositados en Andorra resultaron bloqueados en 2015 tras una denuncia de las autoridades de Estados Unidos y, según explica el fiscal, la exdiputada del PP valenciano Elvira Suances y su hermano Saturnino colaboraron con Barceló para tratar de recuperarlos aunque de forma “infructuosa” porque “es evidente que no pudieron acreditar el origen lícito de los fondos”, explica el fiscal.

Repatriación y “disfrute” de los fondos

En la creación de las sociedades españolas que supuestamente canalizaron todas las operaciones delictivas descritas anteriormente también permanece oculta la participación de Eduardo Zaplana, cuyo nombre no aparece en el registro de ninguna de las sociedades, aunque estuvo presente en las reuniones que “configuran” su constitución, en las “decisiones” y en el “aprovechamiento” de sus recursos, siempre según el fiscal.

Estas sociedades son: Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Costera del Glorio y a través de ellas se realizaron numerosas operaciones inmobiliarias en Madrid y la costa alicantina o se canalizaron gastos recreativos, tales como vacaciones, coches, vuelos o compras y alquileres de embarcaciones de recreo.

El fiscal cree que la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, desconocía el origen de los fondos supuestamente delictivos que sirvieron para la adquisición de vehículos y otros pagos realizados por su marido, dado “el entramado societario y el interés en evitar tanto que se conociese el origen del dinero y su titularidad”.

Respecto a las hijas, el fiscal expone que “llevaban un alto nivel de vida” gracias a los fondos que les donaba su padre, y pone como ejemplo la entrega de 520.000 euros para la compra de un piso en Madrid o la compra de un Porsche Cayenne cuando los rendimientos de trabajo de una apenas llegaban a los 15.000 euros anuales o la otra estaba en paro “hasta que empezó a trabajar en el Ministerio de Industria”.

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