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El Banco de España exige al Gobierno que «reparta» la «pérdida de bienestar» también entre los jubilados

PENSIONES

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  • DANIEL VIAÑA

Actualizado Martes, 18 octubre 2022 – 01:58

Hernández de Cos está preocupado por el incremento lineal del 8,5% que va a aplicar el Gobierno, y Fedea también propone «una subida en función de la cuantía» de la pensión

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.EFE

El gobernador del Banco de España está preocupado por la revalorización generalizada de las pensiones. Por ese incremento del 8,5% que el Gobierno va a aplicar a todas las prestaciones, sin distinción entre las que están por debajo de los 1.000 euros y las que superan los 2.000 euros mensuales. Y lo está por el gasto adicional que supone, pero también porque considera imprescindible que los pensionistas formen parte del pacto de rentas. Tanto, que ayer exigió en el Congreso de los Diputados que el Gobierno «reparta» también entre los jubilados el empobrecimiento que la sociedad está sufriendo.

«Hay una pérdida de bienestar. Y lo único que podemos hacer es repartir el coste. Una posibilidad es repartirlo sólo en el sector privado, pero nosotros pensamos que es mucho más potente que también se incluya al sector público, incluyendo las pensiones», defendió Pablo Hernández de Cos en su comparecencia ante la comisión de Presupuestos.

El gobernador del BdE, que también propuso que sólo las pensiones mínimas se revaloricen un 8,5% y el resto una cifra inferior, sabe que sus exigencias no van a ser atendidas. Apenas Ciudadanos ha defendido algo similar, mientras que algunos cargos del Partido Popular lo han apuntado, como publicó este periódico, pero no de forma oficial. El temor al poder electoral de los pensionistas y jubilados es palmario, y pesa más que todas las advertencias del Banco de España y de numerosos expertos.

Por ejemplo, la de Fedea, que también ayer publicó «una propuesta de revalorización de las pensiones más justa para los más vulnerables y para los jóvenes» y que está firmada por José Ignacio Conde-Ruiz y Manuel Díaz Mendoza, dos grandes expertos en materia de Seguridad Social. En ese documento se propone «sustituir la revalorización generalizada de todas las pensiones con el IPC por una subida en función de la cuantía de la pensión».

La propuesta concreta sería la siguiente: las pensiones mínimas (inferiores a 800 euros) subirían más que la inflación, un 11%; las prestaciones de entre 800 y 1.400 euros registrarían una revalorización gradual desde ese 11% hasta al 2,5%; y una subida del 2,5%, que es la base de incremento para los funcionarios, en el caso de las pensiones que superen los 1.400 euros. «La propuesta supone un ahorro fiscal de 6.225 millones en el año 2023, pero como sabemos que las subidas en pensiones se consolidan en el tiempo, el ahorro será mucho mayor en el medio plazo», prosigue el documento.

Y es que la revalorización lineal de las pensiones tendrá un coste de más de 15.000 millones sólo el próximo año, según los cálculos del Banco de España. Si esa cifra se suma a los casi 5.000 millones que costará el incremento de los sueldos públicos, el resultado es que el coste combinado superará los 20.000 millones.

El documento de Fedea parte de la misma premisa que lo hace Hernández de Cos en su propuesta: que la inflación es tan elevada este año que, de manera excepcional, no se debe aplicar la indexación aprobada por el Pacto de Toledo. Este es el argumento al que se agarra el Gobierno para justificar su incremento lineal a todas las pensiones, a pesar del frenazo económico y ya casi como un argumento electoral. Y así es, el Parlamento ha decidido ese subida masiva y eso no lo discute ni Banco de España ni Fedea, pero la situación es tan excepcional que se hacen necesarias otras medidas.

Hernández de Cos también constató que la economía española se «ha desacelerado de forma significativa», tal y como adelantó la pasada semana el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, cuando presentó las proyecciones del Banco de España. La cifras de crecimiento que el organismo estima para el año que viene es de apenas un 1,4%, sensiblemente por debajo del 2,1% que prevé el Gobierno, y estima que el paro incluso crezca en los próximos meses. De esta manera, el supervisor desmontó las cifras sobre las que se asientan los Presupuestos Generales del Estado cuando el documento apenas había comenzado su tramitación parlamentaria.