Benidorm

El fiscal pide desimputar a la esposa del ex jefe de gabinete de Zaplana

Considera que no ha quedado suficientemente acreditado que blanqueara dinero

La Guardia Civil durante un registro de la causa Erial. Imagen de archivo
La Guardia Civil durante un registro de la causa Erial. Imagen de archivo FOTO: KIKE TABERNER  LA RAZÓN

VALENCIA

El fiscal que investiga la causa Erial ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia en el que considera que no “queda debidamente acreditada” la participación de la mujer del que fuera jefe de Gabinete de Eduardo Zaplana, Maite García, en el delito de blanqueo de capitales que se le imputaba, por lo que no habiendo acusación, la juez instructora la dejará fuera de la causa, retirándole la imputación.

El fiscal responde de este modo al recurso de reforma presentado por Maite García. En su escrito, el Ministerio Público dice que no queda acreditada tal participación si bien considera que sí que participó a título lucrativo en las actividades de su marido.

Las otras dos “esposas” imputadas en la causa, las de los empresarios Francisco Grau y Joaquín Barceló, no han presentado dicho recurso de reforma, si bien su participación en la causa es similar a la de García.

La investigación de la causa Erial comenzó a raíz de unos documentos incautados en un despacho de abogados de Valencia, cuando se estaba haciendo el seguimiento e investigación de Marcos Benavent, el denominado “yonki del dinero”, a raíz de la causa Imelsa.

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En dicho registro apareció lo que los investigadores han denominado “la hoja de ruta” para la adjudicación de las diversas zonas del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. En el documento, lleno de tachaduras, se diseña la creación de una sociedad participada por la familia Cotino, Endesa y en la que entraría Bancaja para aportar la mayor parte de la financiación.

A raíz de este, cuanto menos peculiar hallazgo de este papel, que según aseguró Benavent, apareció en casa de Eduardo Zaplana tras abandonar este el piso, los investigadores afirman que se cobraron “mordidas” por la adjudicación tanto de las zonas del plan eólico valenciano, como de diversas plantas de la ITV.

Auto de procesamiento

El pasado mes de junio, la jueza dictó el auto de procesamiento poniendo así fin a la instrucción de la causa Erial que implica al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y a casi una veintena de personas más.

Entre los imputados están estrechos colaboradores y amigos del expresidente como Joaquín Barceló y Paco Grau, así como sus esposas, o el exjefe de Gabinete, Juan Francisco García. También, la que fuera secretaria de Eduardo Zaplana, Mitsouko Enríquez. Así mismo, están imputados el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, José y Vicente Cotino, además de la exdiputada autonómica, Elvira Suances y su hermano Saturnino.

Sin embargo, el auto dictó el sobreseimiento provisional para la esposa del expresidente, Rosa Barceló, y para la hija de ambos, María Zaplana. Señalaba que “no se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra de un vehículo, ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana que se han descrito. Lo mismo hay que decir de la hija María Zaplana Barceló. No apareciendo ninguna de las dos, como sucede con las mujeres de otros de los investigados ostentando cargos en sociedades del entramado”.

El auto de la juez consideraba que “nos encontramos ante una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado, a lo largo de varios años junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos”.

Añadía su señoría que “todas las partes obtuvieron beneficios económicos, unos en mayor cuantía que otros, por ser evidentemente los creadores de dicha organización, beneficios que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos, produciéndose con esta facilidad la presunta comisión de los siguientes delitos: organización criminal, blanqueo de capitales, delito de cohecho, prevaricación y falsedad documental en documento público.

Por su parte, Eduardo Zaplana, al igual que otros imputados, han recurrido dicho auto. El expresidente acusaba a la Guardia Civil de no cumplir “con los ordenado por el juzgado y excederse claramente de los límites”. Zaplana se refería con esta afirmación a la entrada y registro en el despacho de abogados que entonces defendía a Marcos Benavent, el “yonki del dinero”, y en el que se encontraron mediante “hallazgo casual” unos documentos que muchos después dedujo la UCO de la Guardia Civil que podían incriminar a Zaplana en varios delitos.

Según el escrito del recurso “el caso era inventarse un motivo que permitiera investigar al señor Zaplana y todo valía para lograr ese fin”.

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