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Empresarios y autónomos se oponen a la quinta subida del SMI: «Lo importante es que mantengamos el empleo»

SALARIO MÍNIMO

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Actualizado Miércoles, 24 agosto 2022 –

El Ministerio ya se ha marcado como prioridad un nuevo incremento y los sindicatos piden que llegue a 1.100 euros al mes

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en la presentación de su nuevo partido, Sumar, este verano en El Matadero en Madrid
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en la presentación de su nuevo partido, Sumar, este verano en El Matadero en MadridJavier BarbanchoMundo

Los sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo ya están maniobrando para colocar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la agenda pública de la recta final del año. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, ya avisó a principios de agosto de que sería su prioridad en otoño y los sindicatos llevan días amenazando con movilizaciones si no se ejecuta. Sin embargo, la preocupación principal de las empresas está en si podrán mantener el ritmo de actividad y su nivel de empleo a partir de septiembre, especialmente ante el temor a una recesión que parece cada vez más inminente.

La decisión sobre si subir o no el SMI y en qué medida se incrementa no está vinculada al diálogo social, sino que es una medida que aprueba el Gobierno de forma unilateral. No obstante, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores sí recoge que el Ejecutivo debe consultar previamente con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas y debe tener en cuenta distintos factores de la coyuntura económica.

En concreto, la subida del IPC -que en lo que va de año registra un incremento interanual del 8,8%-, la productividad media nacional -que ha subido un 1,3% en el segundo trimestre medida por puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, según el INE-, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional -que a priori será positivo dado el buen comportamiento del empleo- y la coyuntura económica general. Este último punto será previsiblemente el único que podría disuadir al Ejecutivo de volver a subir el SMI por quinta vez, dado el enfriamiento que podría experimentar la economía en los próximos meses.

La CEOE ya se opuso a la última subida del SMI hasta los 1.000 euros al mes en catorce pagas (14.000 euros anuales) en el mes de febrero, al considerar que el contexto económico era «de incertidumbre» y que «previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad». Fuentes de la patronal admiten ahora que el panorama es y será más complicado cuanto más se prolongue la crisis y que, a tenor de la evolución de la guerra en Ucrania y las relaciones con Rusia, esta está alargándose más de lo que estaba previsto.

Aún así, en septiembre retomarán la negociación del Acuerdo de Negociación Colectiva con los sindicatos -cuyo diálogo se interrumpió antes del verano porque los sindicatos se negaban a firmar un pacto que no incluyera un acuerdo sobre subida salarial- y es posible que se reabran también las conversaciones a tres bandas con sindicatos y con el Gobierno para acordar un Pacto de Rentas.

«Subir el SMI puede hacer un daño importante a muchas pequeñas empresas y autónomos porque no estamos en una coyuntura de crecimiento. Lo importante es ver si somos capaces de mantener el empleo. En los próximos meses lo importante es mantener el empleo porque la situación es compleja. Estamos viendo lo que ocurre en Francia, en Alemania… que se anuncia un frenazo importante en toda la economía europea y esto indudablemente afecta a España, que además tiene un diferencial bastante grande con Europa en inflación», apunta a este medio Lorenzo Amor, presidente de ATA (la asociación mayoritaria del colectivo) y vicepresidente de la CEOE.

Si el Gobierno les propone una nueva subida del SMI le preguntarán «si es consciente de la situación que tiene la economía española y del momento de incertidumbre que vivimos». Si en febrero ya lo veían complicado, cuando la inflación estaba en el 6,1% y se preveía alcanzar el pico en marzo, y cuando el PIB crecía por encima del 6%, ahora que se espera que sigan subiendo los precios más tiempo y que la economía empieza a frenarse –podría incluso caer el PIB en el tercer trimestre-, no parece que vayan a estar dispuestos.

En los últimos cuatro años de presidencia de Pedro Sánchezel SMI ha subido cuatro veces: pasó de 735 a 900 euros en 2019; de 900 euros a 950 euros en 2020; de 950 a 965 euros desde el 1 de septiembre de 2021; y de 965 a 1.000 euros en 2022. En total, acumula un incremento del 36% desde 2018.

MUCHAS EMPRESAS NO TIENEN MARGEN

Según el portavoz de ATA, las pymes y autónomos no pueden soportar nuevas subidas de salarios porque un 60% está asumiendo el aumento de costes estrechando sus márgenes de beneficio y sin subir los precios finales. «Lamentablemente los precios suben para todos, no sólo para los trabajadores. Las empresas tienen que pagar la luz cuatro veces más cara que hace un año; el gas, seis veces más caro; y las materias primas, al doble», recuerda. Unas dificultades que afrontan casi todos los negocios, desde ópticas a heladerías, pasando por empresas de reformas de la construcción o panaderos.

«Hemos visto que el comportamiento de la afiliación de autónomos mes a mes ha ido desacelerándose desde marzo. Creemos que 2022 será el peor año de los últimos diez y que por primera vez desde 2013 cerraremos en negativo, con pérdida de autónomos«, vaticina. A día de hoy, España cuenta con 3,34 millones de autónomos, 17.985 más que los que había a cierre de julio de 2021, con lo que para que se cumpla este pronóstico deberían destruirse muchos negocios de aquí a fin de año.

Igual que la patronal defiende las necesidades de las empresas, los representantes de los trabajadores denuncian la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los asalariados ante la elevada inflación y exigen una subida del SMI de al menos un 10%, hasta los 1.100 euros al mes o 15.400 euros anuales. «Si realmente queremos proteger a las personas que tienen menos (…) y que no pierdan capacidad de compra», el salario mínimo debe crecer lo mismo que el coste de la vida, pedía este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

El Ministerio ya ha convocado para el viernes 2 de septiembre una reunión con el grupo de expertos que conformó para decidir cuánto debería subir el SMI para que llegue al 60% del salario medio en España. En su primer informe, de junio de 2021, esa cifra oscilaba entre 1.011 y 1.049 euros en catorce pagas a los que se debería llegar en 2023, pero entonces no conocían cómo evolucionaría el salario medio en el país en 2021 y 2022. Ahora, a la luz de esos datos, deberán decidir a cuánto debería subir el SMI para cumplir ese precepto.

El Congreso aprobará hoy el nuevo sistema de cotización de autónomos

El Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente este jueves el real decreto que modificará el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, aunque el Partido Popular ha condicionado su apoyo a que se tramite como proyecto de ley y no como real decreto, a fin de poder introducir mejoras.

«No es el real decreto que hubiera hecho el PP, pero es un punto de partida para introducir mejoras», dijo este miércoles en rueda de prensa la portavoz del partido, Cuca Gamarra, después de reunirse con Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Esta asociación y UPTA -la siguiente más representativa del colectivo- pidieron responsabilidad a los grupos políticos para que aprueben este jueves lo que consideran «el mejor acuerdo posible» y que beneficiará a 3,3 millones de autónomos en el país.

Con el nuevo sistema, ocho de cada diez autónomos van a pagar igual o menos de lo que pagaban, y lo que pagará el 20% restante «nada tiene que ver con las primeras cotizaciones que el Gobierno nos ponía encima de la mesa», apuntó Amor.

Según UPTA, mientras que el actual sistema es «absolutamente injusto», «el nuevo devolverá la justicia contributiva, ya que se cotizará en función de los ingresos anuales«, a la vez que se mejora la protección de los trabajadores por cuenta propia y se les da la opción de acceder a la prestación por cese de actividad ante caídas del negocio sin necesidad de suspender su actividad, como ocurría en pandemia.