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Jueces críticos con el perdón que reclama Griñán: «Es un mensaje muy preocupante de impunidad de los políticos»

CASO ERE

Asociaciones judiciales, reacias a la concesión de indultos por parte del Gobierno en casos de corrupción

Griñán, el 19 de noviembre de 2019, tras recoger en la Audiencia de Sevilla la sentencia que lo condena.
Griñán, el 19 de noviembre de 2019, tras recoger en la Audiencia de Sevilla la sentencia que lo condena.GOGO LOBATO

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Actualizado Viernes, 19 agosto 2022 – 

La familia de José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, ha anunciado que pedirá al Gobierno del socialista Pedro Sánchez su indulto, tras ser condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en los ERE, el mayor caso de corrupción investigado nunca en el país.

El posible indulto ya está generando una gran polémica. Los miembros del Gobierno repiten el argumentario de que los jueces han «constatado» que Griñán no se llevó «ni un solo euro, ni para él ni para su partido», pero lo cierto es que una docena de jueces y magistrados (del juzgado de instrucción, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo) han avalado que el Gobierno andaluz «en su conjunto» montó un sistema opaco para repartir de forma arbitraria, clientelar y fraudulenta 679 millones de de euros de fondos públicos a lo largo de una década para así mantenerse en el poder.

EL MUNDO ha contactado con las cuatro asociaciones de jueces del país -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera; Jueces para la Democracia (de corte progresista); Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria– para conocer su valoración sobre si sería pertinente o no conceder indultos en casos de corrupción como éste y si la medida de gracia supone un ataque a la independencia judicial. En líneas generales, tres asociaciones se muestran críticas con la concesión de indultos en casos de corrupción, mientras que Jueces para la Democracia sí es más comprensiva.

Para María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la concesión del indulto es una facultad que le otorga al Gobierno la Constitución española y que no excluye ningún tipo penal. Sin embargo, «cuando hablamos de corrupción política, de supuestos en los que los representantes de la ciudadanía han malversado dinero público, la concesión del indulto puede trasladar al ciudadano la sensación de impunidad de quien ejerce un cargo público».

El ciudadano puede creer -expone Del Barco- que, «pase lo que pase, y sea cual sea el delito que cometa un político, siempre vendrá otro político a salvarle y no cumplirá condena alguna». Para la portavoz de la APM, esta sensación «mina la credibilidad del sistema, de nuestra democracia y la confianza en la actuación de nuestros políticos que son los llamados a gestionar la cosa pública».

SEPARACIÓN DE PODERES

Más duro fue el presidente y portavoz del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, quien ve en la figura del indulto «una invasión del poder ejecutivo en el poder judicial, alterando significativamente la separación de poderes». Para que la medida de gracia tuviera sentido en pleno siglo XXI, diversos ámbitos jurídicos -Foro Judicial Independiente así se lo ha hecho llegar a los partidos- han pedido que se excluya del indulto los delitos de corrupción, cuando son cometidos por autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus funciones. «Tiene sentido porque es como si el poder ejecutivo se indultase así mismo, ya que las autoridades y funcionarios son parte del poder ejecutivo», añade Portillo.

Para este magistrado, que se indulte en casos de corrupción, como podría ocurrir con Griñán, lanza un «mensaje muy preocupante de impunidad de los políticos que, de un lado, profundiza en la desafectación que tienen los ciudadanos respecto de la clase política y, por otro lado, hiere de muerte a una figura, el indulto, que, aunque necesitada claramente de reformas, aun puede ser útil para corregir determinadas injusticias derivadas de la aplicación aséptica de la Ley que corresponde a los jueces».

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Más comprensivo con la medida de gracia fue Jueces para la Democracia. Edmundo Rodríguez, integrante del Secretariado de esta asociación, señaló que el derecho de gracia debe ser «excepcional», y su uso «proporcionado». Así, recordó que el gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo, utilizó de forma «desmedida» esta facultad y «prácticamente cada día» se publicaban en el BOE indultos. «Hay delitos gravísimos, como los de torturas cometidas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en que nunca debiera utilizarse. También debe obrarse con prudencia en los casos de corrupción política, aunque no puede obviarse que en el caso de los ERE la sentencia no ha sido unánime, y hay magistrados del Tribunal Supremo que han formulado voto particular», puntualizó.

Rodríguez discrepa de su compañero de Foro Judicial y no cree que haya un ataque a la independencia judicial por adoptar medidas de gracia. Pero en casos en los que «se reiteran indultos a personas condenadas en varias ocasiones, o que se abusa de la facultad porque se usa con exceso, o se acuerda en delitos execrables, como las torturas, desde luego que suponen una deslegitimación de los tribunales».

Por eso, su uso debe ser «excepcional, para delitos que no afecten a los derechos fundamentales y en casos en que los tribunales resuelven con dudas que reflejan los votos discrepantes», apostilló.

FRANCISCO DE VITORIA

Tampoco cree que el indulto sea un «ataque al poder judicial» el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, quien considera que «cumplir la ley y la Constitución» -el indulto es legal y está recogido en la Carta magna- «nunca puede considerarse una injerencia en el poder judicial».

«Es la Constitución la que permite el indulto y faculta al Gobierno para concederlo. El legislador es el que ha desarrollado los requisitos para que el Gobierno ejercite esa facultad. El poder judicial cumple su misión enjuiciando a los acusados, dictando la sentencia que corresponda y ejecutándola en la forma que establece la ley», subrayó.

No obstante, considera que prohibir por ley que se concedan indultos en casos de corrupción puede contribuir a «reforzar la confianza de la ciudadanía en que no se está haciendo un uso inadecuado» de la medida de gracia. Pero mientras esa prohibición legal no exista, «solo será la opinión pública la que pueda decidir si un indulto en casos de corrupción es razonable o no», acotó.

Para el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, «corresponde al Gobierno decidir si asume el coste político asociado a la concesión de un indulto en un supuesto» de corrupcìón como el de los ERE.

Todas las asociaciones de jueces coincidieron en destacar que la ley actual no prohíbe al Gobierno conceder indultos en casos de corrupción, si bien la propia medida de gracia es un «anacronismo histórico, propio del Antiguo Régimen, de la época de los reyes absolutos que interpretaban la ley y la aplicaban a su capricho y en su interés», explicó la portavoz de APM, quien consideró que «más que un ataque a la independencia judicial es una excepción al cumplimiento obligatorio de todas las sentencias» que establece la Constitución. «Es legal, sí. Es una anomalía, también. Una excepción a la división de poderes, por eso su uso debe ser restrictivo y, siendo discrecional, no puede ser arbitrario», resumió.

Para el representante de Foro Judicial, el indulto es «una herencia del absolutismo que tiene un difícil encaje en nuestro ordenamiento constitucional. Se trata de una figura regulada en una ley del siglo XIX que hunde sus raíces en las monarquías absolutas, donde el rey podía hacer y deshacer a su antojo, también en justicia».

El Tribunal Supremo comunicará su sentencia sobre los ERE en septiembre. A partir de ahí, tanto Griñán como el resto de ex altos cargos condenados en este caso, entre los que está el ex presidente de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves, podrían formular tanto sus recursos ante el Tribunal Constitucional como las peticiones de indulto.