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La Seguridad Social tiene 874 inmuebles «totalmente vacíos o sin uso» que han costado 143 millones al Estado

TRIBUNAL DE CUENTAS

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A estos se suma el Centro de Formación de Pozuelo (Madrid), que costó 86,5 millones de euros y cuyas aulas tienen una ocupación de sólo el 1,6%

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis EscriváJuanjo MartínMUNDO

La Seguridad Social cuenta con 4.115 inmuebles en España, de los que 874 se encuentran «totalmente vacíos o sin uso» 179 están «parcialmente vacíos o sin uso», generando unos gastos e inversiones anuales para el sistema de al menos 143 millones de euros, según ha constatado el Tribunal de Cuentas (TC) en su reciente informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética.

La existencia de edificios vacíos en el inventario de esta administración «evidencia, además de una actuación poco eficiente, que no se ha dado estricto cumplimiento por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)al Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración General del Estado y el Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado», denuncia el Tribunal, que debería aplicarse desde 2013 y cuyo objetivo es la optimización y puesta en valor de este patrimonio.

De esos 874 inmuebles totalmente vacíos, un 54% son fincas rústicas que se ha quedado la Seguridad Social como vía para cancelar deudas de personas físicas o jurídicas que debían dinero al sistema; dado que la Seguridad Social tiene dificultades para venderlas o aprovecharlas, sólo su mantenimiento genera gastos adicionales. Los restantes son inmuebles que se compraron entre 2000 y 2007 con la idea de crear y renovar Oficinas Integrales de la Seguridad Social, pero que «en muchos casos no fueron puestos en funcionamiento».

En sus alegaciones, anexas al informe, el Ministerio justifica que «la situación de crisis profunda que se vivió en España desde el año 2008 supuso que se dictaran medidas de contención del gasto o de no disponibilidad, que conllevaron una restricción total del inicio de obras o edificaciones, siendo necesaria la autorización de la Subsecretaría del Ministerio, motivo por el cual no se pudieron llevar a término varias de las actuaciones previstas».

Señalan, además, que «la incipiente irrupción de nuevas fórmulas de gestión y la disminución incesante del número de funcionarios ha supuesto la no necesidad de determinados inmuebles cuya finalidad era dicha atención presencial, lo que, unido al factor económico expresado, justifica la no entrada en funcionamiento de los inmuebles adquiridos.

En este último grupo se incluyen 32 solares, 2 edificios y 5 locales a medio construir -en total 39 inmuebles-, cuyo coste fue de 126 millones de euros, «importe que incluye el precio de adquisición, los gastos de mantenimiento y otros gastos e inversiones que no son recuperables (honorarios profesionales, estudios geotécnicos, licencias, entre otros), porque aunque se decidiera construir en el futuro, dichos proyectos quedarían obsoletos para su ejecución como consecuencia del tiempo transcurrido».

Existen numerosos inmuebles ociosos en el SistemaTRIBUNAL DE CUENTAS

De esos 39 inmuebles, el Estado sólo ha iniciado la venta de cinco. Uno de ellos ya ha sido vendido, con una pérdida del 44% del precio de adquisición y los otros cuatro no han sido enajenados todavía, pese haber sido dos de ellos tasados a la baja.

La Seguridad Social dispone además de otros 58 inmuebles que, aunque en algún momento se utilizaron, ahora están vacíos y sin usar y que han costado 5,7 millones de euros; así como inmuebles que se han ocupado entre nueve y quince años después de ser construidos y sólo en un 50% del espacio que tienen disponible, y que han ocasionado gastos de 13,6 millones de euros. «La TGSS mantiene esta situación por considerar que los inmuebles se sitúan en ubicaciones estratégicas para esas oficinas de la Seguridad Social, sin contemplar la posibilidad de un traslado de estas dependencias a superficies más acordes con la actividad desempeñada, aunque ello no implicase un cambio de localidad que afectase a la prestación de los servicios», apunta.

El Tribunal de Cuentas explica que estos inmuebles vacíos que no se utilizan siguen siendo patrimonio de la Seguridad Social y generando gastos, bien porque no han sido incluidos en los programas de venta de inmuebles (665 no se han incluido) o bien porque no hay personal suficiente en la unidad responsable de la gestión de estos edificios. «Existen numerosos inmuebles ociosos en el Sistema», lamenta el órgano fiscalizador, no sólo adscritos a la TGSS sino también al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto Social de la Marina.

EJEMPLO DE MAL USO: EL CENTRO DE FORMACIÓN DE POZUELO

Uno de los ejemplos que pone de gestión ineficiente por parte de la administración que lidera José Luis Escrivá es la relativa al Centro de Formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), ubicado en un terreno que se compró en 2001. Hasta el inicio de la actividad transcurrieron 12 años, después estuvo seis años operativo y, en 2019, se decidió venderlo por la escasa ocupación y aprovechamiento, prueba de lo cual es que las aulas de formación se ocuparon en un 1,66% de su aforo máximo.

Los gastos que ha supuesto este centro hasta octubre de 2020 han sido de 86,5 millones de euros, mientras que los ingresos generados han sido de sólo 97.782 euros. La Tesorería, además, no hizo nunca ningún estudio sobre la necesidad o idoneidad de construirlo (los ahorros en costes frente a otras alternativas), ni memorias o informes sobre las actividades que iban a realizar y el gasto que iban a suponer, apunta el TC.

«Ante el elevado importe de los gastos de mantenimiento, su escasa utilización y que los precios públicos aplicables para su uso no suponían una compensación relevante, la TGSS incluyó el inmueble en el Plan de Enajenación de inmuebles 2019-2020, quedando desierta una primera subasta pública celebrada el 21 de noviembre de 2019. El tipo de licitación fue de 59,64 millones de euros, lo que supone una reducción de valor del 24,39% sobre la inversión inicial», es decir, que habría supuesto una pérdida de 21,1 millones de euros a las arcas públicas.

En la fecha de redacción del informe del Tribunal, «la TGSS ha señalado que el futuro del centro se encuentra en estudio por parte del Ministerio».