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El Gobierno retira del País Vasco agentes antiterroristas del CNI y los reduce en Cataluña

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Los expertos en Inteligencia dejan de investigar a los grupos radicales de ETA y en Cataluña, bajan al mínimo sus efectivos contra el separatismo

Manifestación convocada por Sare en Vitoria en apoyo a los presos de ETA.
Manifestación convocada por Sare en Vitoria en apoyo a los presos de ETA.A.PRESS

El Gobierno ha puesto fin a las actuaciones del CNI en el País Vasco y las ha rebajado a la mínima expresión en Cataluña. Las posibles investigaciones en relación con los movimientos secesionistas y los grupos más exaltados seguidores de ETA, que puedan derivar en posibles delitos, quedan ahora en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Policía.

Según explican fuentes cercanas al Centro Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de que las pesquisas sobre estos grupos sean directamente judicializadas si hay sospechas y que, oficialmente, se desvinculen estas decisiones del Ejecutivo y de las relaciones que mantiene con sus socios parlamentarios, tanto vascos como catalanes. Destacan que la organización terrorista no ha cometido un atentado desde marzo de 2010 y, en consecuencia, no tenía demasiado sentido operativo mantener una estructura dedicada sólo a controlar al entorno político etarra. Sin embargo, fuentes operativas de la lucha antiterrorista cuestionan la decisión. «Se veía venir desde hacía tiempo», resumen, porque, de hecho, «poco a poco se ha ido reduciendo el número de efectivos en los servicios de inteligencia dedicados a ETA» y ello pese a que, señalan, todavía hay pendientes de esclarecer más de 350 asesinatos de la banda. La decisión llega, además, cuando en la Audiencia Nacional se mantiene abiertas media docena de causas contra jefes de la organización terrorista, como responsables de los atentados en tanto que superiores jerárquicos de la organización.

A ello se añade que sigue habiendo decenas de etarras con reclamaciones en los juzgados por sus presuntas participaciones en atentados y que no han comparecido ante los jueces. Algunos de estos huidos han preguntado ya por su situación en los tribunales al entender que sus posibles delitos están prescritos. Ya son al menos dos los etarras que han regresado al País Vasco tras certificar que, por prescripción, no tienen causas pendientes.

El mundo nacionalista catalán y vasco ha presionado al Ejecutivo, durante toda la legislatura, «para que cortara las alas» a los agentes de Inteligencia en sus actividades dentro del territorio nacional. En Cataluña, se mantiene latente la amenaza independentista, mientras el Govern pide reformas judiciales como valor de «amnistía». En el País Vasco, los entramados más radicales de la izquierda abertzale se mantienen vivos, con referencias como ATA y una creciente actividad de grupos juveniles. Los operativos de seguridad consultados consideran que el Estado no puede prescindir por completo de unas herramientas como las que ofrecen los servicios de inteligencia. «El Estado tiene que saber lo que pasa dentro y fuera de sus fronteras. Y dentro, todos sabemos dónde estaban los focos de preocupación», apuntan.

Este giro en el CNI coincide con un momento complejo en la institución, derivado del caso Pegasus. Desde el Gobierno apuntaron a su responsabilidad por no detectar el espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez y varios de sus ministros. Esa crítica fue en paralelo a la presión del mundo nacionalista catalán, que pedía cabezas tras conocerse que algunos de sus representantes habían sido vigilados por los servicios secretos. Pese a que este control se produjo con autorización judicial, el independentismo presionó al máximo al Gobierno y, pese a la resistencia de la ministra, Margarita Robles, consiguió cobrarse una pieza mayor: la directora del CNI, Paz Esteban. El Centro, además de pagar los platos rotos por Pegasus, con un duro ataque a su profesionalidad, ha sufrido un claro deterioro de su imagen en el exterior.

Otros servicios de inteligencia extranjeros con los que el CNI mantiene importantes relaciones, han observado con perplejidad cómo el propio Gobierno español hacía públicos sus boquetes de seguridad. Unos agujeros que también se han producido en otros países europeos y a los que nunca se dio semejante publicidad. La situación ha llegado a afectar a las relaciones que mantenía la inteligencia española con países clave en el terreno de la inmigración y el terrorismo internacional. Ahora, las complejas relaciones con Argelia Marruecos tras el viraje de Pedro Sánchez en relación con el Sáhara Occidental, tampoco facilitan la vuelta a la normalidad del CNI que, además, tras la crisis de Pegasus, tiene que acomodarse a una nueva directora, Esperanza Casteleiro, antes secretaria de Estado de Defensa con Robles.

Este diario contactó con Defensa para recabar su opinión sobre la salida de agentes del CNI del País Vasco y Cataluña. Al cierre de esta edición, no había respondido.

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