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Un Tribunal Constitucional progresista decidirá sobre el veto al español en la escuela catalana

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El TSJC acude al Alto Tribunal ante las maniobras legales desde la Generalitat

Reunión de la mesa del diálogo entre el Govern y el Ejecutivo central, el pasado miércoles en Moncloa.
Reunión de la mesa del diálogo entre el Govern y el Ejecutivo central, el pasado miércoles en Moncloa.EFE

Un Tribunal Constitucional de mayoría progresista deberá pronunciarse sobre el decreto ley aprobado por la Generalitat el pasado mes de mayo y la ley de usos lingüísticos validada posteriormente por el Parlament, que evitan fijar porcentajes para la enseñanza del castellano en las escuelas catalanas en claro incumplimiento de la sentencia del 25%. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) planteó ayer una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva ley catalana de uso de las lenguas en las escuelas, reprochando al Govern y al Parlament su propósito de «bloquear» la aplicación de la sentencia dictada por este mismo tribunal. Los jueces creen que tales normales legales «pueden resultar contrarias a la Constitución».

Este asunto será estudiado, deliberado y sentenciado con total seguridad por el tribunal de garantías una vez que haya sido renovado con los nombramientos de los dos magistrados designados por el Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial a la vuelta del verano. Entonces, se producirá el vuelco ideológico en el órgano, que pasará previsiblemente a estar integrado por siete magistrados de corte progresista frente a cinco (o cuatro dependiendo de la plaza que ha dejado vacante el magistrado Alfredo Montoya) del bloque conservador. Además, la resolución sobre esta cuestión tardará meses en dictarse pese a que en los últimos años el TC ha consolidado su doctrina sobre la necesidad de que en el ámbito de la enseñanza ambas lenguas oficiales deben tener un uso vehicular normal.

La cuestión de inconstitucionalidad tardará meses en ser resuelta por el TC

Por su parte, desde el TSJC se considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por el Govern tras la sentencia que impone un 25% de castellano en las aulas, vulnera el Estatuto de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación. «Las nuevas normas legales responden a un modelo lingüístico diferente al que aplicó la sentencia. Un modelo en el que una lengua se configura como preferente frente a la otra, como la única de uso vehicular normal, lo que desborda el objetivo de normalización social del catalán, que es lo que el modelo constitucional admite en el marco de una paridad lingüística que ambas normas legales niegan», señala el tribunal.

En este sentido, los jueces recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al uso vehicular de las lenguas oficiales en la enseñanza y ponen de relieve que entre los aspectos más relevantes destacan que la condición de lengua oficial «impone necesariamente su uso normal por las Administraciones públicas, sin que éstas puedan establecer la preferencia a favor de alguna de las lenguas».

El tribunal cuenta con una doctrina consolidada sobre política lingüística

Asimismo, apuntan que en el ámbito de la enseñanza ambas lenguas oficiales «deben tener un uso vehicular normal» y este no debe ser necesariamente simétrico, por lo que se había admitido «un uso superior del catalán en atención a la necesidad de normalización de dicha lengua». Lo que no significa, recuerda el TSJC, que una lengua pueda ser considerada como preferente a la otra, desplazándola y convirtiéndola en subalterna, como sucede con el castellano en el modelo educativo que aplica el Gobierno de la Generalitat.

Además, los magistrados del tribunal catalán subrayan que la maniobra legal del Govern manifiesta una «voluntad manifiesta de apartarse del cumplimientos de las sentencias a que viene obligada por imperativo de los artículos 113 y 118 de la Constitución».

Esta decisión se produce poco después de que la Generalitat aprobara una directriz para los centros educativos de cara al curso 2022-23 en la que se expulsa el castellano de «todos los espacios» y no se contempla como lengua vehicular. Asimismo, este paso del TSJC llega después de que el Gobierno y la Generalitat aprobaran un documento comprometiéndose a blindar políticamente la ley de usos lingüísticos que anula la sentencia del 25% y certificó el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de impulsar la «desjudicialización» de la política catalana.