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CORRUPCIÓNLa condena del TS por los ERE aboca a un calvario para el PSOE en las 133 causas pendientes

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Actualizado Jueves, 28 julio 2022

La macrocausa de corrupción se desgajó en diversas causas. El próximo juicio será el del chófer de la ‘coca’, fijado para septiembre

De pie, el ex consejero Antonio Fernández, durante el juicio de los ERE en la Audiencia de Sevilla a Chaves, Griñán y otros ex altos cargos de la Junta.
De pie, el ex consejero Antonio Fernández, durante el juicio de los ERE en la Audiencia de Sevilla a Chaves, Griñán y otros ex altos cargos de la Junta.EFE / POOL

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) por el caso ERE, que confirma casi en su integridad la condena de la Audiencia de Sevilla a los ex presidentes Chaves y Griñán y otros ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, supone un aval para el más de centenar de piezas pendientes que se desgajaron de la macrocausa de corrupción que comenzó a investigarse hace 11 años. Además, la condena del TS aboca a un calvario para el PSOE en las 133 causas pendientes que todavía no se han juzgado.

El asunto que acaba de analizar el Tribunal Supremo es clave dentro de la macrocausa de los ERE porque en él se ha juzgado todo el sistema irregular, el llamado «procedimiento específico», ideado por el Gobierno andaluz del PSOE para repartir sin control y de forma opaca las ayudas que salieron del fondo de reptiles. Fueron en total 679.432.179,09 euros a lo largo de una década.

OPINIÓN

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  • REDACCIÓN: TERESA LÓPEZ PAVÓN
  •  Sevilla

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Por ello, las miradas estaban puestas en la decisión que tomara el Tribunal Supremo sobre este asunto y la implicación de los ex altos cargos de mayor rango. Una posible absolución habría hecho tambalear a todas las piezas pendientes, muchas de ellas todavía en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en fase de instrucción. A buen seguro que los abogados de la defensa se apresurarían a pedir el archivo de las mismas porque, si el procedimiento utilizado por el Gobierno andaluz para repartir los fondos de los ERE era legal, ¿serían legales también todas y cada una de las que siguen investigándose?

En cambio, que el Supremo avale la ilegalidad del sistema montado por el Gobierno andaluz para conceder las ayudas allana el camino a la instrucción de las causas pendientes. La macrocausa de los ERE llegó a tener, en algunos momentos de la instrucción, más de 500 investigados, y de ésta se desgajaron más de un centenar de piezas, de las que actualmente siguen vivas unas 137. Se han celebrado ya cuatro juicios. Por lo tanto, son 133 las que están pendientes y podrían ser un auténtico quebradero de cabeza para el PSOE los próximos años.

HERMANO DE UN EX PRESIDENTE

Ahora, diferentes dirigentes del PSOE, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza, proclaman que ni Chaves ni Griñán, pese a su condena, se llevaron ni un céntimo de euro de los fondos de los ERE. Sin embargo, la partida millonaria que manejaron acabó en manos de personas muy bien conectadas con el poder de la época, como por ejemplo el hermano del ex presidente de la Junta por el PSOE José Rodríguez de la Borbolla. Su hermano Ángel y empresas de su entorno recibieron 8,4 millones de euros de los ERE.

Fue el 18 de julio de 2001, cuando Corchos de Cazalla SL, vinculada a Ángel Rodríguez de la Borbolla, se embolsó 1.202.024,21 euros, la primera ayuda de otras que vendrían después. Un día antes, el 17 de julio, nació el fondo de reptiles, a través del convenio marco que suscribieron el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández, que luego fue consejero de Empleo. Ambos ex consejeros están también entre los condenados por el Supremo en el mismo juicio de Chaves y Griñán. En su caso, la condena es de siete años de cárcel para cada uno de ellos.

Ángel Rodríguez de la Borbolla logró estas ayudas millonarias para rescatar a su grupo de empresas que atravesaban una situación muy difícil. Y lo consiguió, según dictaminó la Audiencia de Sevilla el pasado junio, valiéndose de sus contactos con altos cargos del Gobierno andaluz, entonces gobernado por el Partido Socialista, del que él mismo era militante y por el que había ejercido cargos públicos. De hecho, fue alcalde en el municipio sevillano de Cazalla de la Sierra.

El dinero se le dio por parte de la Consejería de Empleo de forma totalmente irregular y saltándose todos los procedimientos y controles, siguiendo el procedimiento habitual e ilegal -como acaba de dictaminar el Supremo- de los ERE. Con ese argumento, la Sección Cuarta de la Audiencia sevillana condenó a Ángel Rodríguez de la Borbolla a un año y seis meses de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.

Los retrasos en la tramitación de la causa, que empezó a investigar en 2011 la juez Mercedes Alaya, han librado, no obstante, a Rodríguez de la Borbolla de una condena mucho mayor, puesto que la Audiencia le ha rebajado la pena frente a los siete años de cárcel que llegó a pedir la Fiscalía.

Además del juicio de los ex presidentes de la Junta y de Ángel Rodríguez de la Borbolla, se han celebrado otras dos vistas orales más, una de ellas, la de la empresa Acyco, que recibió 2,9 millones de euros de la Junta, también se cerró con condenas, mientras que la otra está pendiente de sentencia.

EL CHÓFER DE LA ‘COCA’

Una de las piezas más llamativas que dentro de muy pronto se verá en juicio es la conocida como la del chófer de la coca. La Audiencia de Sevilla ha reservado a partir del 5 de septiembre varios días para celebrar la vista oral contra Juan Francisco Trujillo, ex chófer de quien fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020. El chófer del alto cargo recibió 1,5 millones de los ERE de la Junta que se desviaron en parte, supuestamente, a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide 14 años de cárcel, relata en su escrito que Guerrero y Trujillo, a fin de «poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos» que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo, «idearon la constitución» de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos».