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El nuevo fiscal general aboga ahora por no acusar a ex jefes etarras por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

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El fiscal del caso renuncia a acudir a los interrogatorios de los etarras ‘Antza’ y ‘Anboto’ en claro desacuerdo con el criterio de García Ortiz

El ex dirigente de ETA 'Mikel Antza', en la Audiencia Nacional tras su comparecencia.
El ex dirigente de ETA ‘Mikel Antza’, en la Audiencia Nacional tras su comparecencia.EUROPA PRESS

La declaración este jueves en la Audiencia Nacional a los dirigentes de ETA Miguel Albisu IriarteMikel Antza, y María Soledad Iparraguirre, Anboto, contó con un ausente. Fue el fiscal del caso, Vicente González Mota, que no acudió a los interrogatorios por discrepancias internas sobre el recorrido jurídico del procedimiento en el que se investiga el asesinato del concejal de Ermua,Miguel Ángel Blanco.

Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, Mota recibió dos días antes del interrogatorio una directriz del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. En concreto, Jesús Alonso le señaló que los hechos estarían prescritos. El fiscal jefe remitió un correo electrónico al fiscal del caso donde le decía que había consultado la cuestión con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado -que dirige el futuro fiscal general, Álvaro García Ortiz- y que este órgano consideraba que en la causa de Miguel Ángel Blanco debe regir la doctrina de la prescripción tradicional frente a la tesis defendida hasta ahora por Vicente González Mota.

La tesis de este último fiscal es que el plazo de 20 años para la prescripción del secuestro y asesinato de Blanco no empezó a contar hasta el momento del arresto de los jefes etarras que supuestamente dieron la orden. Es esa fecha de la detención la que pone en marcha el cómputo de la prescripción, y no el del momento del asesinato.

El motivo es que el fiscal considera que mientras los jefes etarras se mantuvieron como miembros del Zuba, el comité de dirección de la banda, existió una continuidad en su actividad delictiva, ya que continuaron durante años ordenando la comisión de atentados. La conexión entre la orden referida al concejal popular y otros atentados ordenados de los que aún no han pasado 20 años lleva a sostener que se les puede responsabilizar por lo sucedido a Miguel Ángel Blanco.

Esa interpretación suponía que el asesinato del edil de Ermua no estaría prescrito para los etarras señalados por el informe de la Guardia Civil: Mikel Antza y Anboto. Fueron detenidos en 2004, por lo que hasta 2024 no habrían pasado los 20 años de plazo de prescripción.

Se trata de una tesis jurídica novedosa con la que González Mota trataba de llevar a juicio a los ex jefes de ETA. Frente a esta tesis, se encuentra el plazo de 20 años de prescripción que fijaba el Código Penal en el momento de los hechos y que se ha aplicado durante años.

Las distintas fuentes fiscales consultadas sostienen que Alonso, al ser una cuestión que puede afectar a la investigación de otros atentados de ETA, no sólo al del concejal de Ermua, decidió elevar una consulta al órgano que todavía dirige García Ortiz. Desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General le dijeron al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que eran partidarios de aplicar la prescripción en este caso. El criterio, aseguran las fuentes informantes, era coincidente con el de Alonso.

Con este escenario, González Mota dijo a su jefe que él estaba dispuesto a cumplir la orden -si se la daba- y bajar a los interrogatorios pero que no estaba de acuerdo con la decisión de la Fiscalía General, en concreto del órgano que dirige en la actualidad García Ortíz, sobre la prescripción. Finalmente, el fiscal jefe decidió que a las comparecencias asistiría el fiscal Pedro Rubira quien, tras defender el derecho de las víctimas a conocer todo lo que pasó con los suyos, advirtió tras el interrogatorio a Mikel Antza de esa posible prescripción del delito. Además, para sorpresa de las acusaciones populares, cuestionó relevancia probatoria a los informes de la inteligencia policial obrantes en la causa.

En consecuencia, el representante del Ministerio Público no pidió ninguna medida cautelar y el juez Manuel García Castellón acordó la retirada del pasaporte para Antza y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado a petición de las asociaciones de víctimas y el PP.

El fiscal recurrió la prescripción de ‘Iñaki de Rentería’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión del juez de dejar fuera de las imputaciones por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco al ex jefe de ETA Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’. El magistrado Manuel García Castellón consideró que, en su caso, los hechos debían de considerarse prescritos, al haber transcurrido el plazo de 20 años desde el momento en que fue detenido. Por tanto, desde el momento en que dejó de ejercer como dirigente terrorista. Así pues, el juez limitó las imputaciones a los otros tres jefes a los que también señalaba el informe de la Guardia Civil sobre la responsabilidad de la cúpula etarra en la muerte de Blanco. También la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, cuya querella contra quienes eran jefes de ETA en 1997 reactivó la causa, va a recurrir la declaración de prescripción.

Los recursos de reforma, presentados ante el propio juez instructor para que reconsidere su decisión inicial, buscan que ‘Iñaki de Rentería’ se convierta en el cuarto imputado por los delitos de secuestro y asesinato terrorista, sumándose así a José Javier Arizcuren, ‘Kantauri’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; y María Iparraguirre, ‘Anboto’.