Benidorm

Zaplana acusa a la Guardia Civil de “excederse de los límites” para “inventar un motivo para investigarle”

El expresidente recurre su procesamiento en Erial y dice que la instrucción ha sido “netamente policial”

Eduardo Zaplana
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en el juzgado de Valencia donde acude acude para firmar FOTO: EUSEBIO CALATAYUD EFE

VALENCIA

CREADA

La defensa del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha presentado un recurso de apelación al auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, por el cual se le procesa en la causa Erial. En el mismo, acusa a la Guardia Civil de no cumplir “con los ordenado por el juzgado y excederse claramente de los límites”.

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Zaplana se refiere con esta afirmación a la entrada y registro en el despacho de abogados que entonces defendía a Marcos Benavent, el “yonki del dinero”, y en el que se encontraron mediante “hallazgo casual” unos documentos que muchos después dedujo la UCO de la Guardia Civil que podían incriminar a Zaplana en varios delitos.

Según el escrito del recurso “el caso era inventarse un motivo que permitiera investigar al señor Zaplana y todo valía para lograr ese fin”. Apunta que “como quiera que el nombre el nombre de mi representado ni aparecía en los documentos incautados, ni en los protocolos notariales, ni tenía relación con ninguna con las compañías citadas, su conexión con los documentos se construya mediante la rocambolesca historia de su supuesta aparición -ya desmentida- de dichos documentos en el domicilio que fuera de don Eduardo Zaplana, aunque para ello haya que olvidarse que las fechas de dichos documentos o la de su impresión son posteriores a la venta y desalojo de la vivienda por mi representado. ¿Qué más da? El caso era inventarse un motivo que permitiera investigar al Sr. Zaplana y todo valía para lograr ese fin”.

Explica el recurso de apelación del expresidente que en la entrada y registro en el despacho de abogados de Marcos Benavent “debe limitarse la incautación material a documentos y archivos directamente relacionados con los hechos que se investigan” y más aún cuando se trata de un despacho profesional de abogados.

Y hace hincapié en que en aquel momento, ninguno de los presentes fueron consciente del “hallazgo casual” de esos documentos, por lo que nadie pidió solicitar una ampliación del auto de entrada y registro, pese a que en dicha operación estaban presentes los agentes de la Guardia Civil, el letrado de la Administración de Justicia, el letrado del despacho y el decano del Colegio de Abogados que suele acudir cuando se violenta un despacho profesional. Nadie de ellos reparó en que había aparecido documentos de otra causa que anda tenía que ver con los documentos que la Guardia Civil sí podía requisar.

Sin embargo, “casi cinco meses y medio después, la Unidad Central Operativa presenta un oficio ante el Juzgado de Instrucción número 18 “informando hallazgo casual de documentos relevantes”.

El recurso de la defensa, al igual que ha hecho durante toda la instrucción, duda de la veracidad del hallazgo, porque “de haberse hallado en el curso de la práctica de la entrada y registro indicios suficientes de la comisión de otros hechos delictivos, lo que prevé la ley es la necesidad de trasladar este extremo al juez”, y recuerda que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

Y añade que “los excesos en la actuación policial tanto en la ejecución de la entrada y registro como en las gestiones realizadas con posterioridad, dieron origen a la incoación de la presente causa”.

El segundo de los argumentos que plantea el recurso de Zaplana es la invalidez de las grabaciones obtenidas en un reunión mantenida con Fernando Belhot porque la autorización de dichas grabaciones “eran tan amplias que permitían a la Guardia civil la utilización de de dispositivos electrónicos para captar y registrar cualquier reunión que pudieran tener los investigados” y apunta a que “esta amplitud de la autorización es contraria al criterio de concreción que exige la regulación legal”.