Benidorm

La juez procesa al ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por blanqueo y organización criminal

COMUNIDAD VALENCIANA

Actualizado Jueves, 2 junio 2022 –

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Deja a un paso del banquillo al también ex ministro del PP junto a otras 19 personas por el caso Erial, entre las que figura ex vicepresidente de Bankia José Luis Olivas

Eduardo Zaplana, en una imagen de archivo.
Eduardo Zaplana, en una imagen de archivo.E.M.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, está a un paso de sentarse en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha procesado al también ex ministro del PP por el conocido como caso Erial, junto al que fuera vicepresidente de Bankia y también presidente del Gobierno valenciano, José Luis Olivas.

Así se desprende del auto de procesamiento, notificado este jueves a las partes, por el presunto cobro de comisiones por la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la concesión del plan eólico de la Comunidad Valenciana. Según la juez, el dinero «obtenido por comisiones ilícitas, y que no ha sido recuperado en su totalidad ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregado al propio interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barceló como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería a más de 15 millones de euros».

Zaplana está acusado de los presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Según el auto de la juez, «nos encontramos ante una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado, a lo largo de varios años junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas ex profeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos unos en mayor cuantía que otros, por ser evidentemente los creadores de dicha organización, beneficios que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos».

Junto a Zaplana y Olivas están procesados otras 18 personas y cinco empresas. La juez apunta a los «concursos a la carta» que se orquestaron para que las empresas interesadas, «previa estipulación de comisión», se hicieran con dichas adjudicaciones.

Sobre el ex ministro, la juez destaca su planificación para «quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente». «Por ello utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración». Fue el caso de Joaquín Barceló, «al que hizo que figurase con su nombre en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero».

En este círculo íntimo se situaban también Francisco Grau Jornet, su secretaria Mitsouko Flerida Henríquez y los empresarios de Sedesa Vicente, José y Juan Cotino (este último ya fallecido). Ahora bien, la juez pone el foco en Zaplana, y en cómo contrató los servicios de Fernando Belhot para que administrase el dinero procedente de la «actividad delictiva» y que ocultaba en el extranjero, a través de sociedades uruguayas como Misleny SA y Disfey SA, a las que llegaron los fondos de las «comisiones delictivas».

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Según se explica en el auto, «la gestión encomendada por Eduardo Zaplana a Belhot se basaba en la confianza, no suscribiéndose ningún tipo de contrato entre las partes». Como el objetivo era borrar todo rastro del ex ministro, las órdenes siempre se daban de forma verbal. Por ejemplo, era Belhot quien administraba las cuentas en Suiza, pero el dinero era de Zaplana. El presunto testaferro señaló en su declaración que su relación con Zaplana, Grau y Barceló se remontaba a 2009.

Las que se salvan son la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y su hija, María Zaplana. La juez acuerda el sobreseimiento provisional porque no se ha podido acreditar que tuvieran conocimiento del origen ilícito del dinero ni ostentan cargos en las sociedades del entramado, a diferencia de las mujeres de otros investigados.