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Presidencia detectó más de cien errores en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática de Calvo

La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa advirtió de las numerosas imprecisiones jurídicas del texto. El Consejo de Ministros aprobó la norma el 20 de julio, solo tres semanas después de la emisión del informe

Ignacio S. CallejaIgnacio S. Calleja

MADRID Actualizado:10/08/2021

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El anteproyecto de la ley de Memoria Democrática que dejó Carmen Calvo antes de ser relevada como ministra es un compendio de errores e imprecisiones jurídicas, generalidades y conceptos sin definir ni desarrollar adecuadamente. Así lo refleja un extenso informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática que dirigía Calvo, que expone las decenas de equivocaciones y preceptos a corregir, tanto en la forma como en el fondo, para garantizar la seguridad de la norma y su objetivo. Si bien el documento se emitió el pasado 28 de junio, apenas diez días antes de la reestructuración abordada por Pedro Sánchez, el Gobierno se ha apresurado a

 impulsar la ley y el Consejo de Ministros la aprobó el 20 de julio, solo tres semanas después, para su posterior tramitación parlamentaria.

El informe, con un total de 71 páginas y al que ha tenido acceso ABC, corrige más de un centenar de cuestiones de diversa importancia, que van desde aspectos generales como el rango normativo de la ley a otras nimiedades, como el estilo, la multitud de erratas o el mal uso de las mayúsculas y las minúsculas en algunos artículos. No obstante, lo más relevante tiene que ver con asuntos clave como el censo de víctimas que plantea, la búsqueda de personas desaparecidas o las numerosas referencias a la Guerra Civil, con difícil encaje jurídico y que dan lugar a indefiniciones y posibles consencuencias en el futuro. Incluso advierte de que algunos de sus contenidos no constituyen objeto de una reserva de ley, sino que es más adecuado una norma reglamentaria de desarrollo de la ley que se apruebe.

La ley de Memoria Democrática aspira a eliminar cualquier símbolo o elemento que se considere contrario a la «memoria democrática», pero esta cuestión presenta muchos problemas. En primer lugar, porque este extremo ya está regulado. Igualmente, porque la revisión de topónimos, del callejero o del nombre de centros públicos es una competencia ya atribuida a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero sobre todo, porque la obligación de retirada de elementos que prevé la norma, con la posibilidad de multas a particulares, podría colisionar con los derechos de libertad ideológica y opinión. El informe reconoce la «tensión» de este precepto con «derechos de rango constitucional».

Censo de víctimas

El Gobierno anunció el pasado 20 de julio la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de Memoria Democrática que Calvo dejó pendiente –el anteproyecto data de septiembre de 2020– y que su sucesor, Félix Bolaños, ha aprobado después de un mes en el cargo. El texto definitivo, presumiblemente con las deficiencias subsanadas, no ha sido publicado.

Sea como fuere, el Ejecutivo destacó como uno de los aspectos fundamentales de la ley, proyecto estrella de la coalición PSOE-Podemos, el reconocimiento a las víctimas y las medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Pero ambas cuestiones, precisamente, forman parte del numeroso inventario de correcciones.El informe, de 71 páginas, corrige desde aspectos generales como el rango normativo de la ley al estilo empleado, erratas o el mal uso de mayúsculas

Respecto a las víctimas, el informe da cuenta de varios fallos. El artículo 3 del borrador hace alusión a «los españoles y las españolas que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera de España, y padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura o en los campos de concentración nazis». La oficina considera errónea la categorización, habida cuenta de que «conlleva de modo inherente un requisito de nacionalidad para el reconocimiento de la condición de víctima que no es sin embargo preciso en el resto de las categorías de víctimas reconocidas en este artículo». «El supuesto así enunciado podría excluir de la condición de víctima a los extranjeros que se encontraran en España durante la Guerra Civil y padecieran esas mismas penosidades», añade el informe. Pero hay más.

El apartado 1 del mismo artículo atribuye la condición de víctimas a «las personas que se exiliaron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura». Sin embargo, el análisis concluye que existen dudas respecto a los motivos de tal exilio, que puede ser político o por causas sociales y económicas. «Se advierte que el discernimiento del motivo del exilio y su acreditación práctica puede presentar dificultades prácticas, tanto para quien solicita ser reconocido como víctima, como para quien ha de decidir sobre la solicitud», señala. Además, sugiere no atribuir la condición jurídica de víctima a los familiares y critica que solo incluya a fallecidos: «Ni la parte expositiva ni la Memoria ofrecen explicación alguna de esta limitación del contenido del censo, al excluir del mismo a las víctimas que estuvieren vivas, cuya inclusión parecería a priori más natural».

Las apreciaciones sobre la Búsqueda de personas desaparecidas tienen que ver con la indefinición sobre las regulaciones que prevé. «Dicha explicación se estima necesaria tanto para aclarar el alcance de la habilitación reglamentaria como para justificar la necesidad de dicha regulación», asevera la oficina, encargada de promover la coordinación y calidad de la actividad normativa del Gobierno y vinculada a la subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.

Comisión de expertos

La denominada Comisión técnica de expertos, encargada de elaborar un «catálogo de vestigios relativos a la Guerra y la Dictadura», tampoco está debidamente desarrollada. «Se recomienda concretar los criterios a observar por la norma reglamentaria que deba desarrollar los extremos relativos a la composición de esta comisión, a la extracción de sus miembros y a su forma de intervención en el procedimiento de catalogación, entre otros». Tampoco se ha regulado debidamente el artículo que versa sobre la privación de ayudas y subvenciones, sin llegar incluso a definir con exactitud cuál es el objeto de la prohibición. «La redacción de este precepto resulta excesivamente imprecisa en algunos de sus contenidos, que se recomienda que sean reformulados a fin de ofrecer una mayor seguridad jurídica», indica.La oficina señala varios errores jurídicos en cuestiones clave como el reconocimiento de las víctimas o en la retirada de símbolos que se consideran contrarios a la memoria democrática, entre otros temas

Si bien la ley hace referencias constantes a la Guerra Civil, lo cierto es que ni siquiera está bien definido y nombra la contienda de varias formas. Así, el órgano fiscalizador del texto matiza: «Convendría unificar material y formalmente las referencias que se hacen a la Guerra Civil, que en unas ocasiones se refiere así, otras como Guerra de España y otras simplemente como Guerra o guerra (…)».

El informe subraya otras cuestiones de fondo que podrían tener consecuencias futuras. Es el caso de la declaración de nulidad de todas las sentencias condenatorias durante el franquismo, que «podría dar cobertura a una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la resolución judicial o administrativa que se declare nula». Por tanto, aunque reconoce que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha mostrado contraria al reconocimiento de la responsabilidad del Estado por actuaciones en la época, sugiere revisar el alcance de esta nulidad.

Seguridad jurídica

Pero hay más correcciones en ese sentido. El anteproyecto de la norma recoge el derecho al libre acceso a los archivos públicos y privados sobre la guerra, pero no es correcto en tanto que el alcance no es general y solo puede ser aplicable a los documentos privados y en la medida que estén sostenidos con fondos públicos.

La oficina se adelanta a una posible inseguridad jurídica en lo relativo a que el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la Guerra Civil, la dictadura y el periodo comprendido entre la muerte de Francisco Franco y la aprobación de la Constitución. «Por razones de seguridad jurídica, parece preferible concretar el periodo de fecha a fecha (p. ej. ‘ocurridas desde el 18 de julio de 1936 hasta el 27 de diciembre de 1978), en vez de por relación a los sucesos históricos que los delimiten», señala.

Lo cierto es que este amplio informe es una prueba más de las dudas que suscita la futura ley en muchos aspectos, hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya planteó al Gobierno que la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática como prevé no es adecuado. El abogado Guillermo Rocafort considera que su aprobación no hará sino acrecentar la polémica y los problemas. «Es una chapuza más propia de países subdesarrollados», declara.

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