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La Generalitat se abre a rebajar el requisito de valenciano a los funcionarios de zonas castellanohablantes

COMUNIDAD VALENCIANA

  • NOA DE LA TORRE
  • Valencia

Actualizado Jueves, 24 junio 2021

La consellera Bravo plantea a la comisión encargada de elaborar los criterios para aplicarlo que se tenga en cuenta la realidad territorial

Opositores durante la realización de un examen.
Opositores durante la realización de un examen.JOSÉ CUÉLLAR

La aplicación del requisito lingüístico está cada vez más cerca en la Comunidad Valenciana. Es decir, la acreditación de conocimientos de valenciano para ser empleado público de la Generalitat dejará en el plazo de un año de ser considerado un simple mérito a una obligación. Si su negociación en el marco de la ley de función pública ya enfrentó abiertamente a PSOE y Compromís por el alcance real de la medida, la concreción de la exigencia de valenciano en un futuro reglamento amenaza con reactivar la pugna entre socialistas (más proclives a un requisito flexible) y nacionalistas (defensores de un requisito exigente).

De entrada, la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha dejado la puerta abierta a un requisito más light en las zonas castellanohablantes. Bravo, que forma parte de la cuota socialista en el Consell, pidió a los integrantes de la comisión de estudio para la acreditación de la competencia lingüística que se constituyó este miércoles que tengan en cuenta la “parte territorial” a la hora de fijar esos criterios, esto es, a la hora de decidir qué nivel de valenciano se pide y para qué puestos.

La Conselleria de Bravo es la que debe elaborar finalmente el reglamento que regule el requisito lingüístico, pero a partir de la propuesta que le haga llegar la citada comisión, en la que se sienta Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística y, por tanto, área que recae en Compromís. Esto significa que los socios del Gobierno valenciano están obligados a pactar en qué términos se aplica el requisito e incluso sus posibles excepciones, como planteaban los socialistas para el personal sanitario.

“He trasladado que debe ser razonable y proporcional al puesto de trabajo, en la línea que ha marcado el Tribunal Constitucional”, afirmó la consellera, quien recordó que la Comunidad Valenciana es la única con dos lenguas oficiales -“al margen del color político”- que todavía no tenía regulado el requisito lingüístico de manera generalizada (en Educación existe desde hace años).

Según los datos de la propia Conselleria, de la actual plantilla de 17.383 empleados públicos, el 93% puede acreditar algún nivel de valenciano. Ahora bien, la obligación de saberlo no sería para los funcionarios que ya trabajan con su plaza consolidada, sino para quienes opten a un puesto público en el futuro. En el aire están, eso sí, las bolsas de interinos, pues cuando se activó el requisito en Educación Secundaria, cientos de ellos perdieron su puesto. En cualquier caso, Bravo subrayó que la exigencia de valenciano “no puede perjudicar los derechos adquiridos para promocionar o en concursos”.

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