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El Supremo avala las penas de la sedición y recuerda que toda Europa la castiga


ESPAÑA

El tribunal del 'procés' rechazó el pasado miércoles por unanimidad el indulto a los presos
El tribunal del ‘procés’ rechazó el pasado miércoles por unanimidad el indulto a los presos

En su informe sobre los indultos, avisó: «No está en juego el orden público; sí los pilares de la convivencia democrática»

Los dos magistrados del TC que vieron desproporcionadas las penas dan pistas al Gobierno para justificar su reforma

Cuándo es la manifestación contra los indultos

Nati VillanuevaNati Villanueva

MADRID Actualizado:01/06/2021 

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La intención del Gobierno de reformar el delito de sedición para sortear el coste político del indulto a los presos del ‘procés’ se da de bruces con el aval, hace solo unos días, del Tribunal Supremo a la proporcionalidad de las penas que hace un año y medio impuso por este delito a nueve de los doce condenados por el órdago secesionista. Mientras el Ejecutivo justifica su reforma en la necesidad de adaptar este delito a la legislación europea, el Alto tribunal recuerda que todos los países de nuestro entorno castigan conductas como las que protagonizaron los presos del ‘procés’.

En lo que parece una respuesta al voto particular que formularon dos magistrados progresistas del Tribunal Constitucional, que, en

 contra de la mayoría del Pleno, cuestionaron la proporcionalidad de las penas de dos condenados del ‘procés’, la Sala Penal del Supremo hizo el pasado miércoles algo más que reafirmarse en su propia condena. Y es poner el acento en la gravedad del delito de sedición.

«El delito de sedición no es, desde luego, la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación (…) Por más que lecturas interesadas reiteren lo contrario, lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional», señalan los magistrados en el informe de los indultos.

Para el tribunal, nada de lo sucedido y enmarcado en el delito de sedición tuvo que ver con la represión de los delitos de reunión y manifestación. «Cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática el enfoque tiene que ser radicalmente distinto», dicen.

No hay excesos punitivos

Los magistrados consideran que no hay ningún «exceso punitivo» en el delito de sedición, castigado en el artículo 544 del Código Penal, «un precepto –corrige la Sala– redactado por el legislador en 1995 y no en el siglo XIX, como algunos peticionarios» (de indulto) sostienen». «Tampoco puede ser resultado de una comparación semántica» de esa figura con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros, que de igual forma castigan comportamientos similares.

La Sala alude así al derecho comparado y recuerda que el sistema norteamericano reserva esa denominación para «la forma más grave de atentado» contra el Gobierno de los Estados Unidos; para Alemania es alta traición (prisión perpetua o prisión de al menos 10 años). Francia, por su parte, castiga los ataques a los intereses fundamentales de la nación, «entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones». Entretanto, el Código Penal italiano sanciona con una pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del Estado. En Bélgica el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de Gobierno o el orden de sucesión al trono se castiga con pena de 20 a 30 años, «imponiendo la misma pena al delito consumado y al intentado».

«Al margen incluso de cualquier género de violencia y con idéntica equiparación entre el delito consumado y el intentado, el artículo 308 del Código Penal portugués, entre las distintas alternativas típicas que contempla, castiga como delito de traición con una pena de 10 a 20 años de prisión a quien, con abuso de funciones soberanas, intenta separar de la Patria una parte del territorio portugués».

En bandeja al Gobierno

Se da la circunstancia de que apenas unos días antes de que el Supremo redactara el informe de los indultos los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer suscribían un nuevo voto particular contrario a la decisión de sus compañeros del TC de desestimar el recurso de amparo de Jordi Turull (dos semanas antes lo habían hecho también con Rull).

Ambos cuestionaban la proporcionalidad de las penas impuestas a ambos exconsejeros de Puigdemont (los primeros condenados por sedición cuya condena revisaba el TC) y para ello se remitían a la tipificación del delito de sedición en el propio Código Penal, insinuando incluso la necesidad de una reforma que aclare extremos vagos. «La indeterminación del delito de sedición parece que resulta difícilmente rebatible», dijeron. A juicio de estos magistrados, la conducta enjuiciada también «podría haber tenido un encaje natural en otros tipos penales como los desórdenes públicos o la desobediencia».

Y si bien compartían la opinión de la mayoría del Pleno sobre la gravedad de las conductas de los condenados y respetaban el encaje en el tipo penal de la sedición argumentado por sus compañeros, consideraban excesivos los años de condena (10 años y medio) impuestos, en este caso, a Turull. Tanto es así que mencionaban la posibilidad que brinda el Código Penal de «atemperar» las penas mediante un indulto.