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El Supremo desmonta la justificación del Gobierno para reformar la sedición y beneficiar a Puigdemont

TRIBUNALES

Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo.
Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo.Francisco SecoAP

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  • MANUEL MARRACO
  • Madrid

Actualizado

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El informe del Supremo no sólo cuestiona los indultos; también socava el principal argumento del Gobierno para reformar el delito de sedición, rebajando las penas y beneficiando así tanto a los ya condenados como a los huidos, encabezados por el ex president Carles Puigdemont.

El Ejecutivo repite desde hace tiempo que la Unión Europea no cesa de pedirle una reforma del delito y que lo alinee con la legislación de otros países. Lo que hace el Supremo en su informe es examinar esas otras legislaciones y concluir que esa diferencia de penalidad no es tal, «al margen» del nombre que se dé en cada país al delito en el que se encuadrarían hechos similares a los que consideró probados la sentencia del 1-O.

«Su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno», afirman los magistrados. En Alemania, por ejemplo, se castiga como delito de alta traición al que con fuerza o amenaza de fuerza emprenda acciones para socavar la existencia de la República Federal o cambiar el orden constitucional. Las penas van de un mínimo de 10 años a la cadena perpetua.

Un tribunal alemán rechazó la entrega de Puigdemont por rebelión o sedición. Lo mismo sucedió en Bélgica, un país donde el atentado -o incluso el mero intento- de destruir o cambiar la forma de Gobierno se castiga con penas de 20 a 30 años de prisión.

Las comparaciones que recoge el informe se extienden a Francia (cadena perpetua para los responsables de los ataques a los intereses fundamentales de la nación, como la integridad territorial), Italia (al menos 12 años para los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del país) y Portugal (10 a 20 años a quien, con abuso de funciones soberanas, intente separar una parte del territorio, aunque sea sin violencia).https://8d389cba3dab3182456db809ab47f955.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Más allá de que se trate del principal argumento del Gobierno para rebajar las penas de la sedición, el Supremo tiene en cuenta que la proporcionalidad de las penas se ha convertido en el aspecto más delicado de la sentencia por el referéndum del 1-O.

Prueba de ello es que las resoluciones del Tribunal Constitucional avalando las penas del Supremo por sedición y malversación cuentan con los votos particulares de dos magistrados, que consideran las penas desproporcionadas.

Con toda seguridad ese argumento se reflejará en las demandas de los aún presos del procés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, única instancia que aún puede revocar la sentencia del Supremo.

Puigdemont saluda a simpatizantes en el mitin celebrado en Perpignan en 2020.
Puigdemont saluda a simpatizantes en el mitin celebrado en Perpignan en 2020.Daniel ColeAP

A nueve de los 12 juzgados, el Alto Tribunal les impuso condenas de entre nueve y 13 años de prisión por sedición, en algún caso junto a malversación. El tribunal niega que las penas tan duras lo fueran por un «mero delito contra el orden público», como alegaban las peticiones de indulto y se esgrime desde el entorno de los condenados.

Lo que se consideró probado en la sentencia «no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público», dice el informe contrario a los informes. «Antes al contrario, lo que describe es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional».

El tribunal se muestra de acuerdo con la tesis ya esgrimida por Estrasburgo de que un exceso en las penas de los delitos contra el orden público podría llegar a desincentivar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. «Pero cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática, el enfoque tiene que ser radicalmente distinto», dice el tribunal, que recuerda que entre lo que se consideran delitos contra el orden público se incluyen hechos tan graves como los atentados terroristas.

Junto a la pena de sedición, a cuatro juzgados se les condenó también por malversación de fondos públicos, por el dinero empleado en el referéndum del 1-O. Otro motivo para rechazar que se haya producido un exceso.

«Por si fuera poco, en relación con los penados que también fueron condenados por un delito de malversación de caudales públicos, es más que evidente que en cualquier sistema penal democrático, la aplicación de fondos públicos a fines ilícitos, mediante actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, constituye un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad».