Alfaz del Pi

La reforma de las pensiones dispara un 26% las jubilaciones anticipadas de los funcionarios

ECONOMÍA

  • CÉSAR URRUTIA

Actualizado Jueves, 13 mayo 2021

Ver 106 comentarios

Los funcionarios inscritos en el régimen de clases pasivas contemplan con inquietud el futuro de su jubilación. El año pasado creció un 26% el número de trabajadores que se jubilaron

jubilacion anticipada pensiones
Un grupo de opositores se examina el pasado mes de abril en Pontevedra.

Las noticias sobre una inminente reforma de las pensiones y la inclusión de las clases pasivas- el régimen específico de pensiones de jubilación de los funcionarios– en la Seguridad Social dispararon el año pasado las peticiones de retiro voluntario entre los trabajadores públicos. En concreto, la Administración vio cómo las peticiones de jubilación anticipada entre los funcionarios alcanzaban el número de 10.387, un 26% más que en 2019, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno del pasado 2 de marzo a una pregunta realizada desde el Grupo Popular en el Congreso.

La oleada de jubilaciones anticipadas es especialmente notable en el sector de la Educación, que representa el 80% de los adelantos concedidos en 2020. Con todo, donde más creció fue entre los funcionarios de carrera del Ministerio de Justicia, área en la que crecieron un 97%. En otras áreas como el organismo que gestiona todo el sistema, el propio Ministerio de Seguridad Social, las prejubilaciones 119 efectivos por esta causa en el último trimestre de 2020, lo que supone un 240% más que en el mismo periodo del año anterior, según informó La Información.

El régimen de clases pasivas es un régimen en extinción cuya caja, hasta el año pasado se gestionaba desde el Ministerio de Hacienda. No todos los trabajadores públicos se incluyen en él, ya que a raíz de las reformas introducidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quienes se iniciaran en la Función Pública desde el 1 de enero de 2011 están ya inscritos en el Régimen General. Aún así, el volumen de beneficiarios que acoge supera el millón ya que hasta enero de este año incluía un total 666.467 pensionistas más una proporción algo menor de funcionarios inscritos con derecho a las prestaciones específicas del régimen.

Aunque teóricamente las condiciones de jubilación no van a cambiar, los funcionarios no parecen confiar en que permanezcan inmutables dentro del proceso general de reformas que va a vivir el sistema en los próximos años. A diferencia de los trabajadores adscritos al régimen general, los funcionarios se pueden retirar de forma anticipada a los 60 años de edad si acreditan 30 años de servicios al Estado y, en determinados casos sin el coeficiente reductor del importe en la pensión que negocia estos días el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Y esa condición es precisamente la que eligieron más de 10.000 trabajadores públicos el año pasado. “Está claro que ante la incertidumbre de perder estos beneficios con los años ya cumplidos y los cambios normativos que vive el sector de la educación los profesores han dado el paso”, explica Llanos Luna, portavoz del PP en la Comisión de Política territorial y Función Pública. Luna atribuye la escalada en las prejubilaciones en la Administración a la “alarma” causada por la gestión de las reformas en el sistema de pensiones que realiza el Gobierno desde el año pasado.

“Nuestras pensiones van asignadas con los Presupuestos Generales del Estado y no con la hucha de la Seguridad Social, pero más que otra cosa es que, en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos siempre ha defendido el fin de las clases pasivas y cuando al ministro Escrivá se le ha preguntado si la gestión de nuestras pensiones por la Seguridad Social supondrá cambios en las condiciones nunca ha sido claro”, añade Francisco Lama, secretario nacional del sindicato CSIF.

Ninguna de las reformas anunciadas hasta ahora por el ministro Escrivá habla de anular el régimen de clases pasivas. Aún así, la falta de explicaciones del Gobierno a la hora de tramitar por la vía urgente el trasvase de dicho sistema a la Seguridad Social ha motivado la presentación de enmiendas en el Congreso que fuercen el debate y, también, un recurso ante el Tribunal Constitucional por abusar de la fórmula legislativa del Real Decreto para ejecutarla, una fórmula que permite evitar el debate, según Luna.

El trasvase se publicó en el Real Decreto 15/2020 publicado el 21 de abril del año pasado en pleno confinamiento. Bajo el paraguas genérico de “medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo”, el Gobierno justificó la tramitación “extraordinaria y urgente” porque el calendario previsto se había visto afectado por la crisis sanitaria y los trámites ordinarios impedirían cumplir con las nuevas funciones del Ministerio de Seguridad Social, lo que generaría “inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía”. A la vista del resultado en la Administración, el efecto ha sido el contrario.