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El fin del estado de alarma dejará en manos de los jueces la lucha final contra la pandemia

POLÍTICA Crisis del coronavirus

La justicia deberá pronunciarse sobre los cierres perimetrales y demás medidas restrictivas cuando se levante la alarma

Clientes toman café en la terraza de un bar de Vitoria.
Clientes toman café en la terraza de un bar de Vitoria.EFE

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  • RAÚL PIÑA
  • _Madrid

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Jueves, 8 de octubre de 2020. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumba las restricciones de movilidad en 10 municipios de la región, entre ellos la capital, ordenadas por el Gobierno de España.

Viernes, 9 de octubre de 2020. Los tribunales superiores de Castilla y León y Galicia avalan las restricciones de movilidad en distintas zonas de estas comunidades.

Sin el paraguas jurídico del estado de alarma decretado en octubre por el coronavirus, situación que puede suceder a partir del 9 de mayo, las decisiones de las comunidades sobre medidas que afectan a derechos fundamentales como es la restricción de la movilidad, ya sea mediante cierres perimetrales -impidiendo incluso la movilidad entre regiones- o toques de queda, queda en manos de la justicia.

Esto puede provocar distorsiones como las sucedidas el pasado mes de octubre: que lo que se avala en un lugar se tumba en otro para desconcierto de la ciudadanía.

El Gobierno mantiene, a día de hoy, su convicción de levantar el estado de alarma. Una medida aplaudida por unas comunidades -fundamentalmente las socialistas-, pero que genera inquietud en otras.

Será en el marco del Consejo Interterritorial de Sanidad donde las regiones y el Gobierno deban acordar las medidas para hacer frente a posibles rebrotes o escenarios adversos de la pandemia, pero serán los jueces -en concreto los Tribunales Superiores de Justicia- quienes actúen en aquellas decisiones que afecten a los derechos y libertades fundamentales.

Más ejemplos. En agosto del año pasado, un juez anuló la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno en Madrid al entender que un Gobierno autonómico no puede limitar derechos fundamentales si no se ha declarado previamente el estado de alarma. En esas mismas fechas, Galicia prohibió fumar en las vías públicas. Mensajes contradictorios a la población.https://7934c00834dd566495f72ad2419e2c35.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

El escenario que afronta España si decae el estado de alarma en mayo es idéntico al vivido el verano pasado. Cuando el inicio de la segunda ola obligó a las regiones a ir tomando decisiones. Las de calado necesitaron del refrendo judicial. Es lo que sucederá ahora.

“Acciones coordinadas y órdenes comunicadas” es la doctrina del Gobierno a partir de mayo. Lo desgranamos: considera el Ejecutivo que las comunidades podrán seguir realizando cierres perimetrales quirúrgicos -en municipios o barrios concretos, no genéricos-, siempre justificados y con autorización judicial.

Dos mujeres toman el sol en la playa de Gandía (Valencia).
Dos mujeres toman el sol en la playa de Gandía (Valencia).EFE

Sucedió el verano pasado, por ejemplo, con Aranda de Duero (Burgos) -ratificado por el juez- o con barrios de Palma de Mallorca o Torrelavega, entre otros casos.

“Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva”, sostuvo este miércoles María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.

“No hay que modificar ninguna legislación, ni añadir nada, a partir del 10 de mayo tenemos instrumentos jurídicos ordinarios de acción y respuesta a cualquier situación que nos podamos encontrar”, expuso la vicepresidenta Carmen Calvo, de visita en Extremadura.

En el Ejecutivo se remiten fundamentalmente a la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, que en su artículo tercero recoge lo siguiente.

“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Vista general de la playa de la Barceloneta, en Barcelona.
Vista general de la playa de la Barceloneta, en Barcelona.EFE

En todo caso, la interpretación y la decisión última será de los Tribunales Superiores de Justicia. Donde sí tendrán más margen las autonomías será para regular los horarios comerciales o limitar los aforos.

El toque de queda sí que será inviable, pese a ser una medida muy valorada por las comunidades para impedir concentraciones sociales en los espacios públicos, sobre todo botellones de las personas más jóvenes.

“Hay decisiones que sin estado de alarma no pueden consistir en confinar a la gente en su casa, pero determinadas decisiones con conocimiento de la autoridad judicial son posibles porque lo hemos hecho cuando no había estado de alarma”, reflexionó este miércoles Guillermo Fernández Vara, presidente socialista de Extremadura.

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