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La posibilidad de que el Consell de la Generalitat aplique medidas de ajuste de gastos, a través de expedientes de regulación temporal de empleo en el denominado sector público instrumental, formado por empresas, fundaciones y organismos públicos, va camino de convertirse en motivo de confrontación interna entre los socios del Pacte del Botànic.

Obviamente, el entramado de sociedades públicas que dependen de la Generalitat es muy dispar y heterogéneo. Una parte de los empleados públicos que trabajan en ellas lo pueden seguir haciendo de manera telemática mientras la actividad, que en algunos casos se considera «esencial», se debe mantener para seguir teniendo abiertas las residencias de mayores o, a través del Instituto Valenciano de Finanzas o Labora, tramitar las ayudas y subvenciones de urgencia.

Pero existen otras -el gran ejemplo sería Ferrocarrils de la Generalitat, como lo es la EMT en la ciudad de Valencia- cuya actividad se ha visto claramente afectada por el confinamiento decretado por el estado de alarma y la obligatoria reducción de operaciones. De ahí que existan voces en el Gobierno valenciano que consideran lógico aplicar medidas como las que se han visto obligadas a adoptar muchas empresas del sector privado.

Después de un primer momento en el que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se cerró en banda a esta posibilidad, el debate ya se ha instalado en el Consell, aunque de manera tímida. Hasta el propio Puig abrió la puerta estos días a estudiar este tipo de medidas en algunas de las empresas públicas.

«MÁS MANOS»

Sin embargo, la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, preguntada este viernes, tras la reunión del pleno del Consell no dio siquiera opción al debate. De hecho, le dio la vuelta a la cuestión y centró su reflexión en la el trabajo de los funcionarios durante la crisis sanitaria. Asu juiciom, los empleados públicos «lo están dando todo», sobre todo en el caso de los vinculados a la actividad asistencial y sanitaria: «Son ellos quienes nos están sacando de esta», señaló la vicepresidenta.

La titular de Políticas Inclusivas se permitió incluso la ironía y se preguntó en «qué imaginario colectivo» se generan estos planteamientos. En su opinión, los funcionarios no sólo están trabajando, sea de forma presencial o desde su casa, sino que «se necesitan más manos». Probablemente, señaló, las personas que están haciendo expedientes desde sus casas estén ahora trabajando más horas que si estuvieran en la oficina, según la vicepresidenta.

El Gobierno valenciano, manifestó, intenta «sostener a todos los trabajadores, también a los públicos, que lo dan todo». Y, en su opinión, «los derechos de los trabajadores» están por delante de otras consideraciones. Sobre la posibilidad de acometer Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el sector público, avanzada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, Oltra matizó que su Conselleria es «esencial» y lo que está haciendo es «contratar a gente».

LOS «JOLGORIOS»

«Cuando Puig dice que no cierra la puerta no sé si se refiere a la Sociedad Proyectos Temáticos, que no tiene mucho que hacer ahora que todo el jolgorio está parado», indicó. Y preguntada por si los altos cargos deberían renunciar a parte de su sueldo, la vicepresidenta ha remarcado que el Consell no puede «meterse en eso» porque es una decisión personal.

«Lo que está ocurriendo es que todo el mundo está trabajando, todas las horas del día y todos los días de la semana», insistió. Pero la realidad es que el presupuesto de la Generalitat, enormemente tensionado por la insuficiencia financiera del modelo autonómico, va a sufrir todavía más ahora por la enorme inyección de dinero que están suponiendo los gastos de emergencia.

La cuestión es si tiene sentido mantener todos los gastos de plantilla en organismos como el Ivam, el Ivaj, el Instituto Cartográfico, el Institut Valencià de Cultura, el Circuito del Motor, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (cerrada), el Aeropuerto de Castellón (cerrado) o algunas fundaciones que no se dedican a la investigación médica, absolutamente necesaria en estos momentos. o el Consorcio de Museos, que tiene todas sus instalaciones clausuradas.

De momento es difícil aventurar si estos escarceos dialécticos sobre la posibilidad de expedientes de regulación en alguna empresa pública tendrán alguna consecuencia práctica. Pero si la tiene, apuntan fuentes del Consell, «sólo podría ser si existe un acuerdo político en el seno del Gobierno».

Estas fuentes apuntan que si no existe acuerdo entre los socios del Consell (PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida) «difícilmente» se van a poder acometer decisiones de este tipo en empresas públicas.