• El gobierno del Partido Popular ha intentado hasta ahora justificar su criterio en la aplicación de las subidas responsabilizando a otras administraciones ante el rechazo al modelo que ha decidido aplicar en La Vila 
• La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone la Directiva (UE) 2018/851, establece plantea que el cobro se vincule al principio “quien contamina paga” y por este motivo, deben sufragar el servicio aquellos que realmente lo reciben o generan residuos tratados por el sistema municipal

– Cuando se aprobó el incremento en las tasas de recogida y gestión de RSU en un comunicado difundido por los populares, se acusaba al PSOE de mentir sobre la subida de las tasas argumentando que “la subida de la tasa de recogida de residuos no es una decisión arbitraria del Ayuntamiento, sino una medida obligada por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez.” (Sánchez, ¡cómo no!).

La Directiva Europea 2018/851 de residuos (en Europa están gobernando los Populares y no Sánchez) obliga a establecer una tasa de residuos a las entidades locales con el objetivo de reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización, minimizar el impacto ambiental y fijar objetivos de reciclado para los residuos municipales, entre otros. 

El argumento de que el gobierno central es el único responsable no es cierto porque la Ley no fija los mecanismos que cada ayuntamiento debe establecer para cumplir con el objetivo final. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone la Directiva (UE) 2018/851, establece la obligación de implantar una tasa específica y no deficitaria que cubra el coste real del servicio de gestión de residuos. Sin embargo, la norma también exige que dicho cobro se vincule al principio “quien contamina paga”, lo que implica que solo deben sufragar el servicio aquellos que realmente lo reciben o generan residuos tratados por el sistema municipal.

Pese a ello, el gobierno de Marcos Zaragoza ha optado por el modelo que los vecinos están padeciendo. Un modelo en el que se ha recurrido a dar de alta inmuebles que hasta ahora no habían tenido servicio, que cobra la misma tasa si hay 1 persona empadronada en el inmueble o 10, un modelo que está haciendo pagar con carácter retroactivo un servicio que no se ha prestado, en definitiva, un modelo muy mejorable.

Por este motivo, el Partido Socialista ha registrado una batería de preguntas al Pleno del Ayuntamiento para exigir claridad y transparencia en relación al cobro de la nueva tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) en inmuebles situados en partidas rurales del municipio.

En este contexto, el Partido Socialista ha solicitado al equipo de gobierno que aclare si se está cobrando la nueva tasa a propietarios de viviendas en zonas rurales que carecen de contenedores o servicio de recogida cercano, y si, además, se está aplicando este cobro con carácter retroactivo de los últimos cuatro años, algo que es preocupante al no haberse prestado el servicio durante dicho periodo.

Asimismo, el Grupo Socialista ha preguntado qué servicios nuevos o adicionales se están prestando actualmente a estos vecinos para justificar el pago de la tasa.

Por último, los socialistas han solicitado conocer el número total de reclamaciones presentadas desde la implantación de la nueva tasa, tanto por vía administrativa como judicial, con el objetivo de evaluar el impacto real de una medida que consideran injusta, mal gestionada y contraria al espíritu de la normativa europea y estatal.

“El gobierno municipal no puede cargar sobre los vecinos rurales el coste de un servicio que no tienen. Las leyes europeas y nacionales buscan una gestión justa y sostenible de los residuos, no recaudar a cualquier precio”, ha señalado el portavoz socialista.