Los pagos de Eurocontrol a Enaire han quedado embargados hasta que el gobierno de Sánchez salde las deudas pendientes.
Diego Sánchez de la CruzSeguir a diegodelacruz
Los reveses judiciales de España por los recortes retroactivos a las energías renovables siguen sumando capítulos. La justicia belga ha confirmado que los embargos ordenados contra el Reino de España en el caso de la japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, ya alcanzan los 207,3 millones de euros. La medida afecta principalmente a los pagos que el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, realiza a la empresa pública Enaire, encargada de la navegación aérea en nuestro país.
La operación, que comenzó en julio, buscaba inicialmente retener unos 80 millones, pero las cifras reales duplican con creces esa estimación: 197,3 millones proceden de pagos previstos para Enaire y los 10 millones restantes de otras obligaciones menores. El embargo se reclama para garantizar el cobro de una indemnización de 106,2 millones —más de 7 millones en intereses— fijada en un arbitraje internacional por los daños sufridos tras la retirada de las primas a las renovables.
Eurus, que invirtió cientos de millones en parques eólicos y solares en comunidades como Galicia o Asturias, ganó su caso en el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía. España intentó sin éxito anular el laudo, pero la compensación continúa impagada, lo que ha abierto la puerta a estas medidas de ejecución.
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Ofensiva en Australia y EEUU
La ofensiva judicial no se limita a Bélgica. En Australia, el Tribunal Federal ordenó a finales de agosto la ejecución de cuatro laudos por un total de 469 millones, rechazando los argumentos de inmunidad soberana de España y condenando también a la Comisión Europea en costas. En Estados Unidos, los tribunales de Washington D.C. han emitido cinco fallos consecutivos en contra de España en casos que suman otros 355 millones.
En conjunto, el Estado español acumula 26 laudos arbitrales pendientes, que obligan a pagar 1.492 millones en indemnizaciones, a los que se añaden 393 millones en intereses y sobrecostes. Todo ello en un contexto en el que la inversión extranjera en España se ha desplomado más de un 60% en la primera mitad de 2025, lo que refuerza la presión para que el Gobierno busque acuerdos que pongan fin a un conflicto que erosiona la confianza de los mercados.
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