¿Cuál es el siguiente paso judicial que puede dar Benidorm contra la sentencia de Serra Gelada?
El alcalde comparece para analizar el auto del TSJCV que desestima su petición de incidente de nulidad: «No son las mejoras noticias ni las esperadas para Benidorm»
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Benidorm25 JUN 2025
Actualizada 25 JUN 2025 19:04
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, sigue pidiendo «prudencia» al hablar de la sentencia que condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar con 330 millones de euros a los propietarios de una parte del suelo de Serra Gelada. Y lo hace tras el último varapalo judicial sufrido después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya desestimado el incidente de nulidad que presentó el Consistorio para intentar frenar el pago de esa condena millonaria que compromete la solvencia económica de la administración local. Pero, ¿qué paso jurídico puede dar ahora la administración local contra esa sentencia? Una de las vías sería acudir al Tribunal Constitucional, como confirmó el primer edil este miércoles.l
Pérez compareció para analizar es auto que acaba con el camino que se puede dar en la justicia ordinaria donde el tribunal autonómico valenciano recoge que «no ha lugar al incidente de nulidad de sentencia formulado por el Ayuntamiento de Benidorm». Este miércoles se celebraba una Junta de Portavoces para poner sobre la mesa el asunto «desde la máxima transparencia, tal y como nos comprometimos y como se ha venido haciendo hasta ahora» y también se dará cuenta de ello en el siguiente pleno.
Mientras, el alcalde adelantó que los servicios jurídicos y técnicos municipales ya están trabajando «para orientar a la parte política de qué camino y pasos se pueden dar». Y aunque habrá que esperar a que lleguen esos informes y la decisión que se toma sobre el siguiente paso, Pérez indicó que sí está sobre la mesa el poder acudir al Tribunal Constitucional (TC) para «seguir defendiendo los intereses de Benidorm». Con todo, alegó que la decisión vendrá de manos de los servicios jurídicos.
Pero acudir a este tribunal se debe hacer bajo unas premisas claras en las que se tiene que justificar que hay una vulneración de derechos fundamentales y se han agotado todas las vías judiciales anteriores. Para este paso habría 30 días, según confirmaron fuentes consultadas por este diario. En el caso de Benidorm, además, la petición del «incidente de nulidad de las actuaciones» contra el fallo anterior del TSJCV que acabó con la condena a indemnizar de forma multimillonaria a los propietarios de las parcelas en el sector urbanístico APR-7 era uno de los pasos necesarios para poder acudir después al TC, como confirmó el alcalde.
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Y hasta ahí es lo que informado por ahora sobre la sentencia de Serra Gelada y los pasos a dar. Porque el primer edil apunta que «hay que tener prudencia para hacer una valoración porque hay que esperar a los informes jurídicos y técnicos».
Sí que recordó que el Ayuntamiento aún tiene cinco procesos abiertos en juzgados de primera instancia sobre la declaración de nulidad de los convenios urbanísticos de 2003, 2010 y 2013; en dos de ellos, los juzgados han fallado a favor del Ayuntamiento y están en fase de apelación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por parte de los propietarios. En los otros tres aún no hay pronunciamiento. «Es la justicia la que, en su sala del TSJ, ha orientado sus decisiones en un sentido distinto al que venían hasta ahora marcando los juzgados de lo Contencioso», indicó.
Malas noticias
El alcalde alegó que lo que recoge el último auto del TSJCV donde se desestima su petición de incidente de nulidad «no son las mejoras noticias ni las más esperadas para Benidorm». Y dejó claro que «nunca he restado un ápice de gravedad a todo este proceso». Como ya avisó la Intervención municipal en uno de sus informes al Ministerio de Hacienda, supondría el «quebranto» de las cuentas del Ayuntamiento. La sentencia de 330 millones supone dos presupuestos y medio del Consistorio.
La historia de los convenios de Serra Gelada comenzó hace años aunque el periplo judicial que ha derivado en esta condena se inició hace prácticamente un año, en mayo de 2024, con la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que establecía que el Consistorio debía pagar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada. «Desde entonces estamos trabajando en la misma hoja de ruta que marcaron los técnicos, no ha variado», indicó el alcalde.
Un camino que ha ido «quemando etapas» llegando a la última este mismo lunes con ese último auto del TSJCV. Antes, los servicios jurídicos han intentado por todos los medios luchar contra el fallo judicial millonario. En agosto de 2024 se presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a esa sentencia del TSJCV de mayo de 2024. Antes se solicitó también una aclaración de sentencia al TSJ, pero con ello no se cambió nada. Tras desestimarse ese recurso en el Supremo, el Ayuntamiento pidió el incidente de nulidad.
El alcalde insistió en que «estamos defendiendo el interés general y de Benidorm por encima de todas las cosas» y que «un político no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre». «Puede haber decisiones incómodas o que no te gusten, pero son las que te dicen los técnicos que debes tomar» por lo que «no se trata de decisiones personales. Los políticos no tienen nada que decir». Así añadió que «no había otro camino que el que se tomó para defender ese interés general». Con todo, volvió a pedir «prudencia y paciencia» hasta que se pronuncien los técnicos municipales.
Los convenios
La sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 283 más intereses, que pueden subir la cuantía a 330 millones, llegó tras el recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. A pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes basándose en esos convenios, la misma sentencia sostenía en aquel momento que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116,27 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm.
El Ayuntamiento inició entonces el procedimiento para declarar la nulidad de esos convenios y poner así punto final a este litigio. Una posición que fue refrendada por el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen vinculante, que consideraba que efectivamente estos convenios eran nulos por diversos motivos. Hasta ese momento, todos los pronunciamientos judiciales habían sido favorables al Ayuntamiento de Benidorm. Pero los propietarios acudieron a los tribunales y les dieron la razón.
Las críticas del PSOE
La portavoz socialista, Cristina Escoda, valoró también el último auto del TSJCV como «una muy mala noticia para Benidorm y para todos sus vecinos y vecinas, que nos acerca un pasito más al precipicio y que va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos por las decisiones y el cambio de postura del alcalde Toni Pérez».
Así indicó que el popular «fue protagonista cuando se originó el problema en 2003, votando a favor del convenio junto con aquel gobierno del PP para compensar a los propietarios de los terrenos en Serra Gelada por no edificar, y ha sido el máximo responsable de la mayor condena a un Ayuntamiento de España al negarse a renovar» aquellos convenios. «No calibró las consecuencias de sus acciones, actuó por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos», añadió.
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La dirigente socialista ha vuelto a mostrar su preocupación y la del PSOE de Benidorm por una sentencia que «compromete el importe total de dos presupuestos y medio del Ayuntamiento, lo que supondría a todas luces la quiebra técnica y el recorte de servicios» a los ciudadanos. «Estamos hablando de que tendríamos que pedir fondos de rescate al Estado y eso llevaría aparejado un plan de ajuste. Esto implicaría que servicios como el conservatorio o la guardería se verían afectados, y que las contratas actuales, que están todas caducadas, también habría que aplicarles un recorte en los servicios», afirmó.
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Por último, Escoda criticó que, mientras «Benidorm está inmerso en lo que se puede considerar como la mayor crisis económica a la que se ha enfrentado» en su historia, el alcalde «está de fiesta en fiesta sin asumir sus responsabilidades y sin pedir perdón a la ciudadanía». Toni Pérez «tiene que dimitir por llevar a Benidorm al precipicio, tras una sentencia que va a hipotecar el futuro de varias», añadió.
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