Serra Gelada y 330M de factura: la decisión del Supremo que pone patas arriba el urbanismo de Benidorm

La inadmisión del recurso contra la sentencia del TSJ valenciana que obliga al Ayuntamiento a pagar más de 300 millones a la familia Murcia Puchades puede condicionar el futuro de la capital turística en la próxima década

Víctor Romero. Valencia

Benidorm, la capital del turismo de masas en España, el símbolo de un modelo de negocio de éxito basado en el inacabable sol y playa y las noches de diversión, se asoma al abismo financiero municipal. La decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso contra una sentencia que obliga al Ayuntamiento a compensar con alrededor de 330 millones de euros al grupo promotor local Murcia Puchades ha puesto al consistorio que dirige el popular Toni Pérez contra las cuerdas. Una providencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal da por bueno un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a las arcas municipales a cubrir económicamente el incumplimiento de un acuerdo urbanístico firmado en 2003 y prorrogado en 2010 y 2013, que buscaba compensar la decisión de declarar parque natural el área de Serra Gelada, el promontorio montañoso que fija el norte del término municipal de Benidorm. La decisión judicial puede marcar en los próximos años el futuro urbanístico de la ciudad, destino vacacional para decenas de miles de personas, por razones que a continuación se explicarán. 

Allí, en el sector APR-7, poseían derechos urbanísticos las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, vinculadas al que fue presidente de los promotores valenciano, Francisco (Quico) Murcia Puchades. El empresario libra una batalla desde hace tiempo con el consistorio para que cumpla con aquel convenio que buscaba equilibrar la pérdida de edificabilidad, recurriendo a cesiones de aprovechamientos en otras partes de la ciudad. «Lo que hemos pedido a distintos gobiernos municipales es que se cumpliera aquel convenio. No esperábamos que no se hiciera, y la sentencia es impecable jurídicamente. Lo que hace es que, dado que no se ha pagado en especie, se establezcan las reglas de valor que se pactaron en aquel momento», explica a El Confidencial el abogado José Domingo Monforte, letrado de Murcia Puchades.

En la interpretación del TSJ, que el Supremo da por buena rechazando el recurso de casación, aquellas reglas de valor elevan a 283 millones el montante de la compensación municipal al promotor por sus aprovechamientos urbanísticos. A esa cifra hay que sumar los correspondientes intereses de demora. La cifra resultante arroja una cuantía que supera en 2,6 veces el presupuesto anual de Benidorm (124 millones en 2025). Se trata, además, de un consistorio que sufre una infrafinanciación crónica por el desajuste entre su población censada (casi 75.000 habitantes) y la real, que de media anual supera las 300.000 personas por la presencia permanente de turistas. En verano, la cifra se eleva a 400.000 personas de media. Un mes de agosto cualquiera, más de dos millones de personas pueden pasar alguna noche en Benidorm.

TE PUEDE INTERESARLas torres gemelas de Benidorm condenadas al derribo gastan la última bala: «Es horrible»

Víctor Romero. Benidorm

Toda esa es gente a la que hay que prestar servicios. El actual alcalde, el popular Toni Pérez, está frontalmente en contra de aplicar una tasa turística para financiar esos costes, al igual que los hoteleros. Pero el también presidente de la Diputación de Alicante arrancó la legislatura en 2023 con una subida del 23% en el IBI y del 72% en la tasa de basuras para poder elevar los ingresos locales, al tiempo que reclama un cambio legal para que los municipios turísticos puedan gestionar una parte del IVA que se recauda en sus términos. En esas condiciones, asumir una factura de 330 millones de euros parece un objetivo titánico, casi insalvable para una caja municipal que sufre de manera permanente. 

«Nuestra disposición siempre ha sido la misma: abrir una vía de diálogo para sentarnos y para evitar el quebranto», dice el abogado Monforte, que evita trasladar una imagen de exigencia a costa de la salud de las finanzas locales. «No sé qué tipo de negociación sería, pero tendría que ser sobre el acuerdo de 2003», señala el letrado, que asegura no tener identificados los suelos o activos que podrían servir para cubrir la deuda. 

Ese es precisamente el problema. Benidorm no tiene tanto suelo disponible, y menos todavía suelo de propiedad municipal. La ciudad está constreñida por su propia orografía y los términos de las poblaciones fronterizas (Finestrat, La Nucia, Alfàs del Pi, Benimantell y Polop de la Marina). Pese a su modelo de edificación en altura, con sus rascacielos tan característicos a pie de playa, no tiene tanto terreno sin urbanizar o desaprovechado. En la zona de Poniente hay parcelas por desarrollar, pero tienen dueño: la promotora TM Grupo Inmobiliario. En la zona interior de la Playa de Levante hay programada desde finales del siglo pasado una pastilla de suelo urbanizable con una superficie de 575.000 metros cuadrados, conocida como Plan Parcial Ensanche Levante, que tenía que marcar la expansión de Benidorm más allá de 2030.

TE PUEDE INTERESARElogio de Benidorm: el gran invento del turismo español firma otro verano de éxito

Víctor Romero. Valencia

En teoría, el ayuntamiento tiene derecho en esos sectores a una parte de suelo para usos dotacionales y viviendas de VPO. Esos activos y otros posibles aprovechamientos en el área en la que el PGOU dibuja un polígono industrial y un centro comercial que llevan años esperando para su desarrollo son las cartas con las que podría jugar el municipio para cumplir la sentencia, cuya ejecución, por ahora, no ha sido exigida por Murcia Puchades, a la espera de una negociación. Lo que sí parece evidente es que ese fallo, sin otras decisiones que lo remedien, va a hipotecar y condicionar la toma de decisiones urbanísticas de la ciudad en los próximos años. 

La posición del alcalde Toni Pérez es por ahora de prudencia y resistencia. Este viernes, en rueda de prensa, no daba por perdida la batalla judicial. La estrategia del Ayuntamiento de Benidorm ya no es atacar una sentencia convertida en firme sobre la obligación de compensar a los Murcia Puchades, sino tratar de devaluar el propio convenio municipal que generó esos derechos. Aunque el primer convenio de 2003, y, por tanto, la generación de derechos en favor de los Murcia Puchades, fue firmado por el fallecido alcalde del PP Vicente Pérez Devesa, el actual primer edil trata de responsabilizar al equipo municipal del socialista Agustín Navarro de las prórrogas de 2010 y 2013. «Fueron firmados primero por un gobierno socialista y después por una coalición de socialistas y liberales, cuando dicho suelo ya había sido declarado Parque Natural y se había dictado la Declaración de Impacto Ambiental», insistió. 

Toni Pérez tiene a los equipos municipales tratando de anular judicialmente la revisión y prórroga del convenio de la discordia. El alcalde de Benidorm informó ayer de la existencia de causas paralelas a la de la responsabilidad patrimonial, que es la que el Supremo ha confirmado, y que están relacionadas con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del consistorio. «Es una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas: dos ya resueltas en primera instancia que han dado la razón al Ayuntamiento y han ratificado que dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas; y otras tres que aun no tienen sentencia», señalaron fuentes municipales, que se agarran a esa vía como a un clavo ardiendo.

TE PUEDE INTERESAR280 millones: el pleito urbanístico que enfrenta a la familia Puchades con Benidorm

S. Yus. Benidorm

«Todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios por el gobierno del Partido Popular están respaldadas por los técnicos y por el propio Consell Jurídic Consultiu, así como por los juzgados de primera instancia, que hasta ahora siempre nos han dado la razón», trató de zafarse el alcalde. 

«El Ayuntamiento aún no ha agotado el camino», dijo. «No estamos en el momento procedimental de tener que atender esa responsabilidad patrimonial», añadió sobre la posible ejecución de la sentencia confirmada por el Supremo que obliga a la caja municipal a afrontar un desembolso de 330 millones. «Los técnicos han abierto un abanico de posibilidades que hay que concretar». Y añadió: «El ayuntamiento está muy capacitado para negociar siempre que lo permita la ley y siempre que no sea en un momento procedimental en que se pueda afectar el interés general». 

El alcalde ha insistido en trasladar «calma y tranquilidad a los vecinos y vecinas de Benidorm, frente al desasosiego que quieren transmitir otros». Pero lo que es cierto es que, mientras los británicos se beben su pinta de cerveza viendo jugar al Liverpool en la terraza del pub The Red Lion y los jubilados pasean por la playa sacando jugo de su bono del Imserso, una espada de Damocles sobrevuela ahora mismo la estabilidad financiera y la capacidad de maniobra urbanística de Benidorm.