• El interventor advirtió en su informe que se estaba realizando un fraccionamiento de contrato 
• El gobierno local presenta más de 680.000 euros en discrepancias de Intervención

  En el Pleno ordinario de febrero se abordaba entre otros temas la comunicación al pleno de las resoluciones adoptadas por la Alcalde-Presidente en relación a las objeciones efectuadas por la intervención en el segundo, tercero y cuarto trimestre de 2024.

Las objeciones de Intervención en este período afectaban a un montante superior a los 680.000 euros por diferentes motivos, entre ellos el fraccionamiento de contrato a la hora de comprar contenedores. 

Intervención explica en su informe 842/2024 que se formalizó una modificación presupuestaria por créditos extraordinarios y suplementos de crédito de 22.577,00€ para la compra de Contenedores y que se recibieron dos facturas de por importe de 5.284,68€ en concepto “contenedor 1100 hd tapa plana” y otra factura de la misma mercantil por importe de 17.291,51€ en concepto de “contenedor 3200 farticulo configurado”.

El artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2024 dice que “Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”. 

Conforme señala Intervención, La suman de estos 2 contratos sobrepasan los importes de la contratación menor, recordando también que, en este caso, existe una única unidad funcional en la prestación que satisface la misma necesidad. 

Tal como se recoge en el informe, en este caso Intervención considera que existe fraccionamiento del contrato, siendo preceptiva la licitación pública de un expediente de contratación que no se realizó.

Alcaldía reconoció que existía la discrepancia planteada, asumiendo la falta de requisitos o trámites en el expediente y resolvía la discrepancia evitado el enriquecimiento injusto de la Administración, y al objeto de salvaguardar el derecho que asiste a empresarios y/o profesionales.

Miembros del Partido Socialista han mostrado su preocupación ante esta situación y han manifestado estar vigilantes porque parecen existir indicios de no tratarse de un caso aislado y que el gobierno que dirige Marcos Zaragoza presuntamente habría podido incurrir en este tipo de irregularidades en más ocasiones que podrían acarrear consecu

encias legales.