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Los motivos por los que un funcionario puede perder su puesto: inadaptación, falta de capacidad o mal rendimiento

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Actualizado Jueves, 22 diciembre 2022

El anteproyecto de Ley de Función Pública para la AGE señala también que la evaluación de desempeño condicionará el sueldo y que un trabajador público podrá ser degradado

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el pasado miércoles el Senado.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el pasado miércoles el Senado.EFE

Las nuevas evaluaciones de desempeño para los funcionarios, que el Gobierno quiere que estén ya en vigor antes de que acabe el año que está a punto de comenzar, pueden provocar que un trabajador público pierda su puesto. Y ese proceso por el que el funcionario será «removido», tal y como lo define el propio Ejecutivo, tiene tres motivos posibles: mal rendimiento, inadaptación o incapacidad para desarrollar las funciones necesarias.

«La continuidad del personal funcionario de carrera en los puestos de trabajo obtenidos por concurso quedará vinculada al resultado de la evaluación de su desempeño», se apunta en concreto en el anteproyecto de Ley de Función Pública, «pudiendo ser removido en todo caso por falta de capacidad para su desempeño manifestada por un cumplimiento inadecuado de las tareas atribuidas, un insuficiente rendimiento, o una falta de adaptación a las tareas del puesto de trabajo que no pueda ser suplida con acciones formativas».

Para que se produzca esa pérdida del puesto, el funcionario deberán suspender de manera «continuada» las evaluaciones de desempeño. Esto es, un único resultado negativo no desatará la pérdida del puesto, aunque en Función Pública apuntan que todavía se debe definir y reglamentar cuál será el número de suspensos necesarios.

«La remoción del puesto obtenido por concurso se efectuará mediante resolución motivada del órgano competente. Este procedimiento, que será regulado reglamentariamente, sólo podrá iniciarse cuando hayan transcurrido seis meses desde la toma de posesión en el puesto de trabajo», se apunta también en el anteproyecto al que ha tenido acceso este periódico.

Los resultados de la evaluación del desempeño que el Gobierno va a instaurar en la Administración General del Estado (AGE) tendrán asimismo consecuencias sobre «la percepción del complemento de desempeño, la progresión en la carrera profesional y los criterios para a provisión de puestos de trabajo». Esto es, que el funcionario no sólo puede perder su puesto sino también parte de su retribución, determinará su progresión profesional e, incluso, puede ser degradado en caso de haber sido promocionado a un nivel para el que se revela incapaz. Lo que no ocurrirá nunca, confirman desde el Ministerio de Función Pública, es que el trabajador público pierda su condición de funcionario.

Y sobre los objetivos que se persiguen con las nuevas pruebas, el documento del departamento de María Jesús Montero especifica que «la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual anualmente se valora la conducta profesional, y se mide el rendimiento o el logro de resultados de las empleadas y empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos».

TELETRABAJO Y SINDICATOS

El texto que el pasado martes aprobó el Consejo de Ministros también aborda otros temas relevantes como el teletrabajo, punto que ha sido reivindicado en numerosas ocasiones por los funcionarios y especialmente desde la pandemia del coronavirus. El documento comienza apuntando que «no constituye un derecho de la empleada o empleado público y está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio», y que «deberá contribuir a una mejor organización del trabajo».

Esta modalidad de trabajo sólo se podrá aplicar en «aquellos puestos que pueden ser ejercidos de forma autónoma y no presencial», y «tendrá carácter temporal, voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados». La Administración será la responsable de «proporcionar a las personas que trabajen en esta modalidad los medios tecnológicos necesarios para su actividad y su mantenimiento, en los términos previstos en la normativa de desarrollo del presente capítulo y ofrecerá la información sobre manejo de herramientas informáticas».

Desde los sindicatos, UGT y CCOO se muestran conformes con lo que el texto recoge en materia de teletrabajo porque «contará con una regulación específica por primera vez en la AGE, desglosándose los derechos y deberes de las personas teletrabajadoras». CSIF, en cambio, lamenta las «generalidades» y el hecho no se haga referencia «al Real Decreto que lo debe desarrollar, procedimientos y objetivos».

En lo que sí coinciden todos los representantes sindicales de los funcionarios es en criticar, muy duramente, las nuevas pruebas de desempeño. En opinión de UGT y CCOO, es «gravísimo» que un trabajador público pueda perder un puesto de trabajo que ha obtenido por concurso, y subrayan que «la persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad». CSIF rechaza que «el Gobierno pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo».