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El Gobierno contempla el ‘indulto encubierto’ de 25 cargos del 1-O y Griñán

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Actualizado Lunes, 14 noviembre 2022

La Moncloa no rechaza la exigencia de ERC de modificar la malversación junto a la derogación de la sedición. La reforma estará en 3-4 semanas

Pedro Sánchez llega a Bali, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, para participar en el G-20.
Pedro Sánchez llega a Bali, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, para participar en el G-20.AJENG DINAR ULFIANA / POOLEFE

A la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno para derogar la sedición y sustituirla por una nueva tipología -desórdenes públicos agravados- le salen aristas. El melón se ha abierto, los socios del PSOE lo saben y buscan aprovecharlo y el Ejecutivo deja abierta la puerta. Tanto ERC como Unidas Podemos son partidarios de que se toque también el delito de malversación, que se suavicen penas. En La Moncloa, a día de hoy, abren esa vía, al menos no la rechazan: «En su momento, cuando se presentan las enmiendas se estudiará». Ningún miembro de Gobierno, ni siquiera Pedro Sánchez, ha negado esta posibilidad. Cuanto menos ha dejado abierta esa vía.

Y de hecho, si la negociación que se abra entre ERC y La Moncloa deriva en fumata blanca esa rebaja de la malversación quedaría aprobada como la derogación de la sedición, de forma exprés, en apenas tres o cuatro semanas. Estaría listo antes incluso que los Presupuestos. Una vía rápida como la que emprendió con la contrarreforma del Poder Judicial este verano: en apenas tres semanas todo el trámite parlamentario para permitir al Poder Judicial nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional. Con este calendario, el Ejecutivo iniciaría su último año de legislatura, 2023, mirando por el retrovisor un asunto que incomoda a sectores socialistas y con la vista puesta en los incentivos económicos.

ERC va a presentar una enmienda a la proposición de ley que deroga la sedición para cambiar lo que a día de hoy se entiende por malversación. «Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación», dijo ayer Pere Aragonès.

Para los independentistas catalanes cambiar los tipos de sedición y malversación ha sido siempre una prioridad. Su estrategia no sólo es tocar estos delitos para reducir las penas de los líderes del 1-O, sino que su preocupación es y ha sido librar de problemas judiciales a más de una veintena de segundos cargos y cargos de confianza -altos cargos, funcionarios, el núcleo duro de Oriol Junqueras cuando era vicepresidente catalán…-.

Ahí está uno de los quid de la cuestión para los secesionistas. Aliviar e incluso disipar su horizonte judicial a los ya condenados, pero también a los que están a la espera de juicio. Entre ellos, personas de la máxima de confianza de Junqueras como Josep Maria Jové , presidente del Consejo Nacional de Esquerra y presidente del grupo en el Parlament; y Lluís Salvadó, vicesecretario general de Coordinación Interna de ERC.

Josep María Jovè, Oriol Junqueras y Lluís Salvadó saludan durante un acto.
Josep María Jovè, Oriol Junqueras y Lluís Salvadó saludan durante un acto.Enric FontcubertaMUNDO

Un objetivo que se lograría con el cambio en la malversación, delito que se imputa a la mayoría de directores generales y secretarios imputados. En el Gobierno, ante estas peticiones de sus socios –Unidas Podemos también ve con buenos ojos una reformulación de la malversación-, defienden que el compromiso de Sánchez era rebajar -que ahora es derogar- la sedición, pero no tocar la malversación. Señalan que eso no se ha negociado, al menos por ahora con ERC, pero admiten que en el Congreso los grupos pueden pedirlo y que «se estudiarán» esas propuestas. El no rechazo insufla en los socios convicción para hacerlo.

UN VÍA PARA GRIÑÁN

Aunque está por ver cuál es la propuesta de ERC y cómo se articula de nuevo la negociación con el Gobierno, sí parece claro que la fórmula irá en la línea de diferenciar entre la malversación con lucro personal y el uso de dinero público para fines distintos de los previstos pero sin enriquecimiento del acusado. Que es lo que defienden desde ERC: que su desafío al Estado de Derecho no lo hicieron para engrosar sus cuentas.

Ocurre que ese cambio en la malversación no sólo beneficiará a los secesionistas, sino a un viejo conocido del PSOE: José Antonio Griñán. El ex presidente del PSOE y de Andalucía arrastra una condena de seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación por el caso de los ERE. Pero el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, siempre ha defendido que «no se llevó ni un céntimo».

Así, el cambio en la malversación sería también un traje a la medida para Griñán y los otros ocho condenados a penas de prisión por malversar los 679 millones de euros que se repartieron discrecionalmente y sin control desde la Junta de Andalucía.

El ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio  Griñán.
El ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.Eduardo Parra / Europa PressMUNDO

Una eventual rebaja de las penas por malversación podría derivar en que Griñán y los demás viesen reducido el tiempo de condena o acercarles la suspensión de la condena, algo que han pedido reiteradamente. Por no hablar del indulto solicitado y para el que sumarían argumentos.

A todo esto, la Audiencia Provincial de Sevilla no ha decidido todavía sobre el ingreso en prisión del ex presidente y los demás condenados, un extremo sobre el que tiene que pronunciarse pero para lo que tiene un plazo definido, por lo que podría darse la circunstancia de que su resolución llegue cuando ya se haya modificado el delito de malversación del que fueron declarados culpables.

A priori, la reforma del delito de malversación de caudales públicos para rebajar las penas de quienes no hayan tenido un lucro personal con esos fondos presenta serias dificultades técnicas. En primer lugar, fuentes jurídicas consultadas explican que tendría que ser la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo la que definiese con el paso del tiempo qué supone el concepto lucro personal, en la actualidad lo suficientemente ambiguo como para conllevar a rebajas automáticas de penas de condenados por corrupción.

Por otro lado, en el caso de que finalmente se decidiera modificar el tipo de la malversación esta reforma sería aplicable de forma retroactiva no sólo a los indultados y procesados por el 1-O y al ex presidente Griñán sino también daría lugar a un aluvión de peticiones de revisión de sentencias de casos de corrupción como GürtelNóos, los ERE fraudulentos de Andalucía o a rebajas de penas en casos que todavía están pendientes de juicio como la operación Púnica o Kitchen, entre otros.

Además, a estos procedimientos más mediáticos le seguirían decenas de causas de menor entidad de corrupción municipal y autonómica donde se distrajeron fondos públicos de los contribuyentes y donde los condenados se beneficiarían de rebajas de penas gracias a la reforma ad hoc diseñada para los independentista.