CRISIS

Los fondos aprobados ayer por el Gobierno cubrirán la mitad de la pérdida de ingresos sufrida por las pymes durante la pandemia.

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• VÍCTOR MARTÍNEZ

Actualizado Viernes, 12 marzo 2021

El fondo de ayudas directas aprobado ayer por el Consejo de Ministros dejará como claras vencedoras a Andalucía, Cataluña y las Islas Canarias y Baleares. Los dos archipiélagos se repartirán en su conjunto 2.000 millones de euros por el especial impacto que ha tenido el cierre turístico sobre ambas regiones, mientras que el resto de comunidades tendrán que repartirse los 5.000 millones sobrantes. El criterio elegido por el Gobierno es el mismo que el que se utilizó para el reparto de ayudas en 2020, es decir en función del golpe que ha supuesto la pandemia sobre la riqueza y el empleo de cada región.

En función de este reparto, además de las Islas, Andalucía y Cataluña serán las regiones que más fondos recibirían para luego socorrer a sus empresas mediante subvenciones a fondo perdido. Entre ambas recibirán cerca de 2.000 millones de euros, una cantidad similar a la que se repartirán Canarias y Baleares.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se comprometió ayer a crear en un máximo de 40 días el mecanismo para transferir el dinero a los gobiernos autonómicos. Luego serán estos quienes entreguen el dinero a las empresas que demuestren una caída de ingresos superior al 30% con respecto a 2019. La ayuda cubrirá un máximo del 40% de la pérdida de facturación en el caso de las pymes y las micropymes y un 20% para el resto de empresas. Es decir, en el caso extremo de un negocio que haya perdido toda su facturación, la ayuda compensaría un 58% de los ingresos, aunque realmente en la mayoría de casos no superaría la mitad. Los autónomos acogidos al sistema de módulos ingresarían una cantidad fija de 3.000 euros.

El empresario podrá destinar el dinero a financiar gastos corrientes como facturas de proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera. La Agencia Tributaria se encargará de vigilar que la empresa cumple los criterios, pero el gran reto en este tipo de ayudas es que el dinero se acabe utilizando para reimpulsar el negocio y no para cerrarlo de manera definitiva. Este era el motivo por el que Calviño había frenado hasta ayer la concesión de este tipo de ayudas, a pesar de la presión de patronales empresariales y de Podemos.

Para intentar evitar este efecto, el mecanismo de ayudas implicará como condición que la empresa mantenga su actividad hasta junio de 2022. Si el empresario cierra su negocio deberá devolver los fondos, a no ser que la clausura esté vinculada directamente con una quiebra. Fuentes próximas al diseño del plan creen que será muy difícil evitar que se cuele algo de fraude en este tipo de ayudas.

El Gobierno tampoco explicó ayer cómo financiará esta nueva línea de ayudas, que junto al fondo para impulsar las reestructuraciones de deuda y el nuevo fondo de recapitalización alcanzan una suma de 11.000 millones de euros. La transferencia se articulará a través de un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado, lo que implicará un exceso de déficit del 1% este mismo ejercicio y un mayor endeudamiento público salvo que se produzca una subida de impuestos en los próximos meses.

QUITAS «COMO ÚLTIMO RECURSO»

El plan de ayudas aprobado ayer también incluye una parte dedicada a facilitar la reestructuración de deudas para aquellas compañías que tuvieron que pedir un crédito por falta de liquidez durante los meses de confinamiento y todavía hoy sus perspectivas de demanda son bajas. Esta línea de ayudas contará con un importe de 3.000 millones de euros que será transferido al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar la reestructuración de créditos avalados por el Estado.

Las medidas en este apartado incluirán la extensión del periodo de vencimiento de los créditos con aval público, su conversión en préstamos participativos y, «como medida de último recurso» según Calviño, la concesión de ayudas directas para reducir la financiación. La medida estará limitada únicamente a las empresas que solicitaron un crédito con aval del Estado, lo que según la banca supone una clara discriminación y un problema de competencia con respecto a las compañías que no lo hicieron.

La vicepresidenta económica avisó ayer de que en las próximas semanas se determinará el perfil de las empresas que podrían acudir a estos procesos de reestructuración. El objetivo es dejar fuera de este sistema a las consideradas ‘zombis’, es decir aquellas que no tienen ningún tipo de futuro aunque remita la crisis. El análisis del nivel de solvencia estará en manos de los bancos, que han conseguido ganar el pulso a Calviño al ser ellos quienes lideren estos procesos y tras descartar el mecanismo de quitas automáticas que había diseñado Economía.

En último término, la inyección de fondos incluye la creación de un fondo de recapitalización de 1.000 millones para empresas afectadas por el Covid. Este fondo, que será gestionado por Cofides, es complementario al instrumento de rescate que pilota la Sepi