Los Junqueras, Turull, Romeva, Sánchez, Cuixart y otros inculpados dejaron muy claro que lo primero que harían en el momento de obtener su libertad sería intentar dar un nuevo golpe de Estado
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Las últimas palabras de los dirigentes del procés en el juicio que tuvo lugar en el Supremo el año pasado todavía resuenan en los techos artesonados del palacio de las Salesas: lo volveremos a hacer. Ningún arrepentimiento, ninguna autocrítica, ningún atisbo de respeto a la legalidad vigente.
Los Junqueras, Turull, Romeva, Sánchez, Cuixart y otros inculpados dejaron muy claro que lo primero que harían en el momento de obtener su libertad sería intentar dar un nuevo golpe de Estado, aunque ellos no aceptaban esta expresión porque defendían su derecho a proclamar la independencia de forma unilateral.
Durante el proceso, se proyectó en la sala un vídeo de septiembre de 2017 en el que Jordi Sánchez, presidente de ANC, pedía
a las multitudes congregadas ante la Consejería de Economía que se levantaran contra las Fuerzas de Seguridad del Estado. La imagen recordaba una histórica intervención de Lenin en 1917, arengando a la multitud en San Petersburgo a tomar las armas contra el Zar.
Esta posición no ha cambiado, siguen diciendo lo mismo. Hay que reconocer que son coherentes con lo que han defendido y con lo que han hecho. Y continúan defendiendo la independencia de Cataluña al margen de los cauces que establecen la Constitución y unas leyes que no consideran que ellos están obligados a cumplir.
Era, por tanto, absolutamente arbitraria y sin fundamento jurídico alguno la decisión adoptada hace algunos meses por la Generalitat de conceder el tercer grado, o sea, un régimen de semilibertad, a los dirigentes del próces, sentenciados a penas entre nueve y trece años de cárcel. Todavía no han cumplido ni la cuarta parte de su condena.
La decisión que ha hecho pública hoy la Sala Segunda del Tribunal Supremo revoca ese tercer grado al considerarlo prematuro y teniendo en cuenta que todavía no hay motivos para conceder ese beneficio a unas personas que no han hecho nada para merecerlo.
Además, aunque no lo diga el Supremo, hay presos en España condenados a penas menores que las de estos políticos nacionalistas que han tenido que cumplir mucho más tiempo en la cárcel antes de obtener el tercer grado. Por ejemplo,Iñaki Urdangarin.
Era un escándalo, un agravio, una vergüenza que Junqueras y sus compañeros disfrutaran de ese trato de favor. Y era un atentado contra el principio de igualdad ante la ley que hubiera obtenido ya no sólo el tercer grado sino además un trato de privilegio en la cárcel, convertida en un hotel.
El Supremo ha restablecido el respeto al Estado de Derecho y ha demostrado que no está dispuesto a tragar con estas decisiones políticas que anulan el alcance de las sentencias de los tribunales. Pero hay que mantenerse alerta porque ahora, y esto no se halla ya bajo el control de la Justicia, el Gobierno se propone despenalizar la sedición con una reforma que deja vacío de contenido este delito.
Sólo cabe felicitarse por la resolución del Supremo, que todavía es una instancia que defiende la Constitución, la legalidad vigente y, sobre todo, la equidad con la que deben actuar los tribunales.
Pedro García CuartangoArticulista de Opinión
Punta Canfali 