ESPAÑA

BALANCE HASTA NOVIEMBRE

La desobediencia de la Administración al no acatar las resoluciones del Consejo se disparó desde que Sánchez llegó a Moncloa

Enrique Delgado SanzS

MADRID Actualizado:02/12/2020 

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A un varapalo al día. El Consejo de Transparencia ha obligado al Gobierno, en lo que va de año, a entregar a la ciudadanía 275 expedientes informativos que quiso ocultar. Este cómputo recoge todas las resoluciones que el organismo, encargado de velar por que la Administración cumpla con los principios de buen gobierno, ha dictado contraviniendo la postura del Ejecutivo después de que éste rechazara las peticiones de información tramitadas a través del Portal de Transparencia.

Los datos que ofrece el Consejo están actualizados a día 31 de octubre, por lo que todavía no reflejan las resoluciones que se rubricaron durante el mes de noviembre y las que están por venir en diciembre. Descontando estos 61 días del balance,

 la media arroja una realidad que airea el escaso compromiso del Gobierno con la Transparencia más allá de eslóganes y promesas electoralistas: el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez recibe casi una resolución en contra –concretamente 0,9– cada jornada.

Hasta finales de octubre, el Consejo emitió 707 resoluciones procedentes de reclamaciones que tuvieron entrada en la institución durante el presente ejercicio (511) y también otras correspondientes a los últimos meses de 2019 (192), pero que se llevaron a término este año. Del total, 525 fueron admitidas a trámite puesto que tenían fundamento legal para ser estudiadas. Este conjunto se desglosa en las 275 estimadas –un 52 %–, las 245 desestimadas –un 46 %– y 5 suspendidas –el 2 %–. Es decir, el Consejo dio la razón más veces a los ciudadanos en sus quejas que al Ejecutivo en sus negativas.

Todas las polémicas

Los temas sobre los que el Gobierno no quiso informar y sobre los que tuvo que rendir cuentas obligado son variados y recorren las principales polémicas que han salpicado a la Administración socialista. Desde los vuelos del presidente del Gobierno en el Falcon, los vehículos oficiales empleados por Sánchez o los gastos imputados a estancias en enclaves como Las Marismillas o la finca de Quintos de Mora, hasta datos de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas. También hay un importante volumen de expedientes, que irá a más, relacionados con la pandemia: desde la compra de equipos de protección hasta informes sobre el coronavirus o el número de test realizados a los ministros.

El Consejo únicamente ofrece datos de seguimiento de las resoluciones cuya entrada está fechada en 2020; es decir, las 511 que recibieron desde el 1 de enero para después estudiarlas y emitir un dictamen. De este dato se pueden extraer otras conclusiones, como son el grado de cumplimiento que el Gobierno hace de las resoluciones en su contra o qué ministerios son aquellos que más dictámenes en contra han recibido.

La última resolución publicada, que el Gobierno se ha comprometido a cumplir, es paradigmática. Obliga al Ministerio de Sanidad a detallar la identidad de los integrantes del comité de expertos que decidieron sobre la desescalada después de meses en los que el Ejecutivo ha intentado evitar por todas las vías posibles que se conociera. Pero hay muchas más y afectan a 21 de los 22 ministerios. Sólo se salva el de Consumo.

El Ministerio del Interior es, de largo, el que más resoluciones en contra ha recibido durante los primeros diez meses del año por ocultar información pública. El gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska negó 47 expedientes informativos reclamados por los ciudadanos a través del Portal de Transparencia sin que, a juicio del Consejo, tuviera fundamentos legales suficientes para oponerse a ello. Por detrás figuran, con 16 resoluciones en contra en cada caso, los ministerios de Hacienda, Presidencia y Sanidad, otros tres departamentos con sello socialista y que manejan temas tan delicados como la gestión de la pandemia, la nueva ley de Memoria Histórica o el uso que hizo de los medios de transporte públicos el líder del Ejecutivo.

Podría esperarse, tras centralizar la gestión de la crisis sanitaria, una cifra más amplia de resoluciones contra el gabinete dirigido por Salvador Illa. Sin embargo, los procedimientos de Transparencia deben cubrir varias etapas, que se alargan durante meses hasta que el Consejo formula un dictamen, por lo que es esperable que el guarismo crezca conforme se vaya solventando el análisis de los distintos expedientes reclamados en los próximos meses.

Cada vez más

La tendencia es clara y respalda esta tesis. Desde junio, el número de resoluciones elaboradas por el Consejo ha crecido de forma exponencial. Por las 12, 13 y 10 que dictó en enero, en febrero y marzo, respectivamente, hay 143, 57 y 62 en junio, julio y agosto. Y la tendencia continúa a este ritmo. «Los datos apuntalan que ha crecido considerablemente el uso de este mecanismo. Poco a poco va calando la cultura de la transparencia», interpreta Isaac Martín Delgado, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en la materia.

Aunque es cierto que la Transparencia gana enteros cada año como mecanismo de control a los poderes públicos, también va «in crescendo» el grado de incumplimiento de la Administración ante las resoluciones que le obligan a facilitar una información que no quiere entregar. Pese a la exigencia del Consejo, cuyos dictámenes son vinculantes y deben ser asumidos por los distintos ministerios, éstos siguen desobedeciendo. Y cada año más.

Hasta el 31 de octubre, los balances del Consejo referencian una tasa del 21,9% de resoluciones en contra del Gobierno en las que no consta cumplimiento. El año pasado este valor era del 18,2 –casi un 4% menos–; en 2018, del 7,4 %; en 2017, del 1,8%; en 2016, del 2,7% o del 4,7% en 2015. Esta serie implica un despegue del incumplimiento a partir del ejercicio 2018, en el que llegó Pedro Sánchez a Moncloa, que sigue al alza en el ejercicio actual.

Falta castigo

«La Administración ha descubierto que hay una brecha e interpreta que no pasa nada si incumple las resoluciones del Consejo», lamenta Martín Delgado quien, a la vez que destaca el uso cada vez mayor de los mecanismos de transparencia por parte de los ciudadanos, pone de manifiesto el «incremento considerable» de los incumplimientos de las resoluciones del Consejo. «Ahora no responden a la solicitud del ciudadano, pero tampoco presentan alegaciones cuando el Consejo se las pide antes de elaborar su resolución en una disputa. Escogen ignorar al Consejo y esto es un efecto perjudicial, ya que supone un ataque a su línea de flotación», diagnostica Martín Delgado.

La solución puede pasar, como propone el experto, por dar más competencias al Consejo, entre ellas la potestad sancionadora para que los incumplimientos no salgan gratis. «Pero esto pasa por una reforma de la ley que debería hacer el legislador», ironiza Martín Delgado, que no ve factible que la propia Administración decida imponerse nuevos límites. Sin ir más lejos, Sánchez escogió hace un mes a un antiguo alto cargo del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para dirigir el Consejo y velar por que el Gobierno no se pase de la raya.