POLÍTICA

• HÉCTOR FERNÁNDEZ@HectorfdezAlicante

El partido de Abascal ayer votó junto a Unidas Podemos y Compromís a favor de la iniciativa del PSOE de crear una comisión no permanente del pleno para fiscalizar el cumplimiento del contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad que el equipo de Gobierno (PP-Cs) ha heredado de la mala gestión del tripartito de izquierdas en el mandato anterior

Los dos concejales de Vox en Alicante, Mario Ortolá y Pepe Bonet, parece que quieren agradar a toda costa a la ejecutiva nacional de su partido arremetiendo contra el bipartito PP-Cs después de que Casado dejase las cosas claras a Abascal en la fallida moción de censura de los populistas en sede parlamentaria. Aunque para ello tengan que votar con la izquierda crear comisionessin más recorrido que el que en su caso permitan las sentencias judiciales en los procesos de contratación que actualmente gestiona el equipo del popular Luis Barcala tras la nefasta gestión del tripartito de izquierdas que gobernó en el anterior mandato.

Gracias a su voto en una iniciativa presentada por el PSOE, el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer la creación de una comisión no permanente del pleno para fiscalizar el cumplimiento del contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad. Vox se unía así a extraños compañeros de viaje como Unidas Podemos y Compromís en una estrategia sin recorrido, pues los actuales gestores del Ayuntamiento ya tienen adjudicada una nueva contratación que no han podido llevar a cabo porque una de las empresas que concursó a la adjudicación la impugnó y no ha sido hasta ahora cuando los tribunales han comunicado al Ayuntamiento que puede continuar el proceso sin más problemas legales.

Desde el PSOE insistían en investigar las «anomalías denunciadas por los trabajadores a cargo del servicio», como la falta de horas de prestación o la desaparición de «cerca de 4.000 árboles de la vía pública», después de que el equipo de Gobierno «no haya atendido a nuestras peticiones de información al respecto y hayamos tenido que acudir al Síndic de Greuges«.

Aseguraron que se trata de «un contrato vencido desde junio de 2018 por el que ya se han pagado más de 10 millones de euros a través de la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito».

La respuesta del concejal de Medio Ambiente, elpopular Manuel Villar, fue concluyente. El retraso en la puesta en marcha del nuevo contrato «deriva de la anterior etapa de gobierno» del extinto tripartito, conformado por PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís. También recordó que no existen tales anomalías apuntadas por el PSOE. «Ustedes se basan en un escrito de queja presentado en enero, pero no han hablado ni con los técnicos, ni con los trabajadores, ni con la empresa concesionaria desde entonces», añadió Villar.

El concejal reconoció que existen carencias de personal en la prestación actual, sobre todo porque se han incorporado 44 nuevas zonas verdes no previstas en el momento en el que se adjudicó el contrato actual, en el año 2012. No obstante, señaló que esas carencias «se pretenden solventar con la nueva licitación, que el TSJ acaba de desbloquear ahora, frente a la resolución del tribunal de contratación que suspendía su adjudicación».

PROTECCIÓN DE FONTCALENT

El pleno también ha aprobado la constitución de una comisión no permanente del pleno para abordar la protección de la partida de Fontcalent frente a la actividad de varias plantas de tratamiento de residuos, entre ellas, la de una empresa dedicada a la gestión de residuos de la construcción que, según los grupos que ejercen funciones de oposición, carecería de los permisos de actividad requeridos.

La propuesta también registrada por el PSPV-PSOE e, igualmente, también contó con el respaldo de Unides Podem, Compromís y Vox.Más en El MundoPrisión permanente para la mujer que estranguló al hijo de 8 años de su novioEl MundoPablo Iglesias suprime de los Presupuestos la partida para la lucha contra la pobreza en CanariasEl Mundo

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), apuntó, en relación al funcionamiento de esa empresa, que la Policía sigue acumulando actas para completar un informe definitivo, aunque ha señalado que el funcionamiento de la empresa está amparado por un auto judicial. También aseguró que la compañía está tramitando los permisos de los que todavía no disponen ante la Generalitat.

El titular de Medio Ambiente, Manuel Villar, justificó su voto en contra al considerar que la comisión trata de plantear el cierre de la planta de residuos de titularidad municipal. Además, consideró que la comisión trata de convertirse en un foro para fiscalizar la actividad municipal «cuando en este pleno ya hemos acordado el reglamento de funcionamiento del consejo de participación ciudadana de los servicios de valoración y eliminación de residuos».