Punta Canfali

Varios municipios catalanes, así como Valencia, quieren modificar el acuerdo entre el Ejecutivo español y la Federación de Municipios

4ALFONSO L. CONGOSTRINA

Barcelona – 11 AGO 2020 – 

Los alcaldes de las principales ciudades catalanas se han opuesto a cumplir el pacto al que llegó laFederación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de Pedro Sánchez por el cual los Ayuntamientos deben entregar sus ahorros a Hacienda de forma voluntaria (unos 15.000 millones en toda España), que posteriormente serán devueltos a los municipios en un plazo de 10 años. Este sistema de devolución en diferido es la fórmula que encontró el Ejecutivo para que los municipios pudiesen contar con sus remanentes de tesorería, ya que la ley de 2012 aprobada por el PP –conocida como ley Montoro- con el apoyo de CiU no permitía a los municipios poder disponer de esta parte de sus propios ingresos. La FEMP aprobó esta medida, pero solo con los apoyos del PSOE mientras que IU-Podemos se abstuvo. Alcaldesas como la de Barcelona, Ada Colau, ya han advertido de que no tienen intención de entregar los remanentes municipales al Gobierno de Sánchez y auguran que en el Congreso de los Diputados se modificará este acuerdo. Un regidor socialista también ha decidido no entregar sus remanentes: el de San Sebastián de los Reyes (Madrid), Narciso Romero.

• Torra anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno por “quedarse” remanentes de los ayuntamientos
• El plan de Hacienda para que los municipios usen sus ahorros sale adelante con el sí del PSOE y la abstención de IU
• Hacienda trata de calmar a los alcaldes con la oferta de pagar los intereses de sus ahorros

Tampoco el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, que como Colau gobierna la ciudad en coalición con los socialistas tiene intención de entregar sus fondos al Gobierno a menos que el Ministerio de Hacienda modifique el decreto. El Ayuntamiento de la tercera ciudad de España espera que se abra una negociación y que el Ejecutivo permita a los Consistorios decidir libremente el destino de parte de sus ahorros, informa Ignacio Zafra.

La primera edil barcelonesa ha intervenido esta mañana en Catalunya Ràdio donde ha informado que el remanente de tesorería de Barcelona es de 165 millones de euros, mientras que si se cuenta con los ahorros de las empresas municipales la suma llega a 230 millones de euros. “Con la crisis los ingresos nos han caído en picado. Calculamos que ha habido una reducción de ingresos de cerca de 300 millones de euros. Necesitamos más financiación, pero nos enfrentamos a la incomprensión de este Estado centralista”, ha denunciado Colau. “No puede ser que las comunidades y los Estados se puedan endeudar y nosotros no podamos”, ha criticado.

Para la alcaldesa de Barcelona, el Ministerio de Hacienda se “ha equivocado” y “en la FEMP muchos alcaldes socialistas que han apoyado esta medida solo lo han hecho por disciplina de partido”. Colau asegura que en el Congreso de los Diputados se renegociará la normativa. “En Barcelona, sin mala fe, gastaremos más de lo que ingresaremos, lo tengo clarísimo. Barcelona hará déficit si o si. El Congreso tendrá que modificar el decreto. La ministra de Hacienda ha tenido una actitud antimunicipalista”.

Bcomú forma coalición de gobierno con el PSC en el Consistorio de Barcelona. La primera edil de la capital catalana ha asegurado que el líder de los socialistas barceloneses, Jaume Collboni, está de acuerdo con no entregar los ahorros a Hacienda: “En el último pleno extraordinario, todos los partidos (incluido el PSC) por unanimidad pidieron que se permita al Consistorio poder usar el superávit generado en 2019 y sus remanentes de tesorería”.

Colau no es la única alcaldesa contraria a la entrega de los remanentes de tesorería. El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), también se ha manifestado en contra de este mecanismo. “Nosotros, en Lleida no tenemos superávits. De hecho, tenemos un déficit de 175 millones de euros como consecuencia de la gestión de los gobiernos anteriores (en referencia al PSC). Pero en nuestra ciudad también ha habido covid y tendremos gastos. Es injustificable y muy injusto que al no tener remanentes recibamos cero euros del Estado”.

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), también se ha manifestado en contra del mecanismo de entrega de los ahorros municipales. “Los números no salen y yo en Reus debo poder disponer libremente de mi tesorería”.

Pero, sin duda, el alcalde más crítico ha sido el de Badalona, Xavier García Albiol (PP). “Esto no es una cuestión de partidos. El Gobierno de España ha decidido tomar una medida inaceptable desde el punto de vista de la gestión municipal”, ha denunciado García Albiol. El popular ha defendido que la ley Montoro no nació con la lógica que impide ahora gestionar los superávits a las entidades municipales. “Las leyes no son eternas. La ley Montoro no es la Biblia y ahora es una injusticia para los Ayuntamientos. Yo, como alcalde de Badalona, no daré los ahorros de mi ciudad. Este dinero es para dar ayudas en mi municipio y no para que se los quede Pedro Sánchez”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido, vía Twitter, en que la medida promovida por el Gobierno es injusta y ha apoyado “el cierre de las arcas municipales”. “¿Qué es lo que no entiende el Estado español de que los remanentes y el superávit son de los vecinos de los Ayuntamientos? Llevamos meses insistiendo, meses perdidos para salvar puestos de trabajo y dar oportunidades a la gente”, ha tuiteado el president. El blindaje de esos recursos para los municipios fue una de las principales exigencias del independentismo durante el estado de alarma.

Los Ayuntamientos del PP en toda España anunciaron también que no entregarán sus ahorros a Hacienda. El principal partido de la oposición anticipó este lunes que todos sus concejales se movilizarán en lo que resta de agosto y septiembre para rechazar el acuerdo.

En un comunicado, el Ayuntamiento madrileño de San Sebastián de los Reyes, gobernado por el PSOE en coalición con Ciudadanos, señaló que no se acogerá al plan de Hacienda. El Consistorio argumenta que, tras aprobar sus presupuestos este año (trabajaron con cuentas prorrogadas en tres ejercicios) y un plan de inversiones de más de 95 millones de euros, prestar sus ahorros “representarían un serio perjuicio para la calidad de vida y la seguridad de los vecinos