Al no tener esta clasificación no son prioritarios para hacerles tests y saber si tienen coronavirus. Su exposición está fuera de toda duda. Alertan del peligro de contagiar a otros compañeros al desconocer si están ifectados o no.

La semana pasada, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska reconocía abiertamente una obviedad que no por serlo deja de ser necesario destacar : que el índice de contagios de coronavirus para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estos días se emplean en mantener el estado de alarma y de los que continúan haciendo su trabajo rutinario es superior al del resto de ciudadanos, excluidos los sanitarios.
A estas alturas a nadie se le escapa que tanto la Guardia Civil como la Policía realizan un trabajo de riesgosobre todo en los servicios para garantizar que se cumplan las restricciones derivadas de la orden del Gobierno hace ahora dos semanas. La exposición a la que están sometidos está fuera de toda duda.
Sin embargo, -y pese a que el trabajo de contacto directo está perfectamente asumido por las instituciones- no están considerados como grupo de riesgo y esto implica que no sean prioritarios a la hora de realizarlelas pruebas del virus ante los primeros síntomas o ante el contacto con otros compañeros infectados.
En esta situación de cuarentena e incertidumbre se encuentran muchos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Alicante. El desánimo es profundo por la sensación de verse desprotegidos en esta crisis sanitaria.
Estos agentes están en sus casas guardando la cuarentena al presentar síntomas compatibles con el coronavirus o por haber estado en contacto directo con algún compañero que lo padece pero no tienen la certeza de haber contraído la enfermedad.
Los agentes son el enlace esencial entre las órdenes del Gobierno y los ciudadanos, pues son ellos los que han de velar por que se cumplan las órdenes restrictivas de no salir de casa por eso no entienden que no estén incluidos en la clasificación como personal de alto riesgo.
En las últimas semanas, ha crecido el número de policías y guardias civiles de Alicante que han tenido que recluirse en una habitación de sus casas -sin contacto con los miembros de su familia- al presentar síntomas o sospechar que pueden estar infectados.
A los agentes que se encuentran guardando la cuarentena en sus domicilios ante la posibilidad de que puedan haber sido contagiados no se les está haciendo la prueba que determine si están infectados, al no haber sido catalogados como colectivos de riesgo.

De esta situación subyace otro problema añadido que radica en el hecho de que al no estar diagnosticados cuando los síntomas cesen han de volver al trabajo y no respetar los 14 días posteriores de cuarentena establecidos para evitar posibles contagios a compañeros.
«¿Van a volver a trabajar los guardias civiles y policías aislados por coronavirus sin saber aún si son portadores del virus?», es la pregunta que se hacen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Podemos estar propagándolo sin saberlo», indica uno de los agentes consultados por este periódico. Ninguno de ellos quiere ser un vector propagador de la pandemia.
Estos días, efectivos que están en la calle patrullando lo están haciendo con mascarillas quirúrgicas (que no protegen lo suficiente, como ya ha venido alertando la comunidad sanitaria) y guantes. Estar en primera línea implica riesgos y los agentes no se sienten acompañados.
Por eso, desde los sindicatos y agrupaciones se considera necesario pedir al Gobierno la clasificación de guardias civiles y policías como personal de alto riesgo para conservar su capacidad operativa ante el coronavirus que no es otra que mantener la seguridad ciudadana.
Para ello, precisan, es necesario y absolutamente primordial saber qué compañeros están infectados (algunos pueden ser asintomáticos) para, de esta manera, poder aparatarlos de los servicios, asilarlos para que así evitar contagiar al resto de agentes.
Los representantes de los trabajadores entienden que es«urgente»que el Gobierno central facilite la prueba diagnóstica a los profesionales de la seguridad pública, «garantizando con ello el mantenimiento de su labor hasta que finalice esta crisis».
Por el momento, no ha habido ninguna respuesta al respecto por parte del Gobierno.
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