A las tres de la tarde de hoy, el crimen de Polop acabará para siempre para los siete hombres que se sentaron en el banquillo de los acusados y que estuvieron imputados una década en el asesinato del alcalde Alejandro Ponsoda. A esa hora, la sentencia absolutoria será firme porque las acuasciones han rechazado recurrir. De esta manera, el asesinato de Ponsoda queda sin cerrarse.

La Fiscalía descartó casi desde el principio acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) mientras que el letrado de la acusación particular, Vicente Guerri, esperó un poco más. Finalmente, decidió no seguir adelante siguiendo las indicaciones de las hijas del fallecido, a las que representa.

El hecho de que el tribunal del jurado no diera credibilidad al testigo protegido, la piedra angular del procedimiento y la persona que situó a los acusados organizando el crimen en un burdel, ha pesado y mucho en las decisión de las acusaciones. Aprecian, eso sí,contradicciones en algunos puntos del veredictopero entienden que eso podría llevar a una nulidad del juicio y a la repetición de otro.

En caso de que se hubiera optado por repetir la vista, de nuevo el testigo protegido habría sido la pieza fundamental y había muchas posibilidades de que la sentencia volviera a ser absolutoria.

El fallo redactado por la magistrada Cristina Costa en base al tribunal del jurado, se basa en una cuestión queafecta a la valoración de la prueba, por lo que no cabe la posibilidad de que la acusación pública pueda recurrir tras la última modificación legislativa acordada para esos supuestos.

Las acusaciones, por tanto, han decidido ser prácticas y acabar el proceso. De esta manera, el conocido como caso Polop finaliza doce años y cuatro meses después de que a Alejandro Ponsoda le dieran dos tiros en la cabeza en la puerta de su casa en la pedanía de Xirles, próxima a Polop.

La causa, longeva, se abrió el día del crimen: el 19 de octubre de 2007. Un juzgado mixto de La Vila se hizo cargo de una investigación que pronto se reveló dificultosa y muy áspera.

El asunto se puso cuesta arriba tras las detenciones en el año 2009, dos años después del crimen. Entre ellos estaba el número dos de Ponsoda en el Ayuntamiento y edil de Urbanismo en el momento del crimen, Juan Cano. La Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil señaló sin ningún género de duda a Juan cano como el instigador del asesinato de su compañero de partido.

Para ello contaron con el testimonio de un hombre que dijo ser portero del club de alterne donde Cano se reunía con otras personas.

Hubo siete arrestos y la causa comenzó a crecer. Las diligencias no cesaban y terminaron por asfixiar a un juzgado ya debilitado de por sí. Tampoco ayudó el hecho de que este órgano judicial sea el puente que usan muchos magistrados para acceder a sus destinos definitivos.

A lo largo de los más de diez años que duró la instrucción, el asunto pasó por las manos de muchos jueces, que no lograban darle el impulso definitivo.

Hasta que el último titular del juzgado le dio el empujón que necesitaba. El asunto, por fin, despegó hacia la Audiencia Provincial de Alicante, pero una vez allí continuaron los problemas técnicos. Faltaban documentos y el envío volvía a retrasar un juicio que parecía no llegar nunca.

En la última mitad de 2019, la Audiencia Provincial de Alicante puso fecha. La vista arrancó 12 años y tres meses después de la ejecución de Ponsoda.

Fueron tres semanas intensas en las que se dio cuenta de las malas relaciones de Cano con Ponsoda y del ambiente de tensión que todavía hoy se respira en Polop a cuenta del asesinato.