La portavoz del Consell, Mónica Oltra, evitó ayer desvelar la posición política del Gobierno valenciano sobre lo que debe hacerse con la plantilla de la televisión pública valenciana. La vicepresidenta se escudó en que el asunto está «en fase de tramitación»; es decir, en manos de los técnicos, sin aclarar las preferencias de la Generalitat. El Conselldebe decidir si da luz verde a que la plantilla definitiva de À Punt se establezca en cerca de 450 trabajadores, o no. La oferta de empleo público de la cadena está paralizada en la Conselleria de Hacienda, a falta de un informe sobre la viabilidad del coste de la plantilla, tal y como adelantó el pasado 17 de febrero LAS PROVINCIAS.

La manta presupuestaria que actualmente sirve para abrigar a À Punt está tejida de un modo que impide al Consell mantenerse al margen.

El número de plazas que el consejo rector de À Punt ha proyectado, y su coste, supera el peso legal de la masa salarial de la empresa pública (un tercio del presupuesto global del ente, que en este caso se sitúa en 55 millones). Por ello, actualmente, la televisión mantiene ese número de trabajadores (a la espera de que esa plantilla se estabilice definitivamente a través de una oferta pública de empleo) gracias a una medida de excepcionalidad, una moratoria que decretó el Consell, y que finaliza este año. Por tanto, el Ejecutivo debe decidir qué hará. Opciones: reducir la plantilla en cerca de un centenar de personas (para ajustar el coste a ese tercio del presupuesto actual de À Punt), prorrogar la moratoria, o incrementar el presupuesto global de À Punt para que ese tercio al que debe ajustarse la masa salarial también aumente. Esta última opción la defendió Compromís durante años, porque la ley de la televisión establece que su presupuesto puede situarse en la horquilla del 0,3% al 0,6% del presupuesto global de la Generalitat, y actualmente À Punt dispone de menos de ese 0,3%. Oltra, sin embargo, no ofreció pista alguna en relación a qué quiere hacer el Consell, y mucho menos apuntó qué va a hacer.

El control del gasto de la Generalitat, y la desviación respecto al déficit que tolera el Ministerio de Hacienda es una clave que ineludible en esta decisión.

«El resultado ya se verá», señaló la portavoz, sin querer aventurarse a «avanzar cómo quedará, cuando el proceso está a la mitad». En una fase «puramente técnica.Las cosas llevan su tiempo, ni tengo el conocimiento concreto ni una bola de cristal para saber cómo acabará la tramitación», indicó Oltra, quien subrayó que «ninguna tramitación de la Generalitat se saldrá del marco legal». Esa «legalidad», sin embargo, es muy amplia. Según Oltra, la decisión llegará cuando el informe de los técnicos exponga las opciones.

Ante la actitud del Gobierno valenciano, Intersindical emitió ayer un comunicado en el que «reclama al Consell que detenga las especulaciones sobre la plantilla. No hay ningún otro problema que la voluntad política para resolver el capítulo del personal«. El sindicato advirtió de que una reducción de la plantilla »implicaría un ERE encubierto«