La provincia de Castellón ha registrado 319 expedientes sancionadores relacionados con seguridad alimentaria, lo que supone un incremento considerable si se tiene en cuenta que un año antes cuando se contabilizaron 190. Según datos de Salud Pública, organismo de la Conselleria de Sanidad, que se encarga de tramitar estos las denuncias y realizar las inspecciones en establecimientos, estas sanciones sumaron un importe de 221.381 euros, más del doble que un ejercicio antes.

Las principales causas que motivaron las denuncias relacionados con alimentos o locales alimentarios han sido el etiquetado incorrecto y las condiciones higiénicas inadecuadas. El sector que ha acumulado más reclamaciones es el de la restauración y elaboración de platos preparados, seguido del sector minorista y almacenes polivalentes, según los últimos datos disponibles que hace referencia al 2018.

A este respecto, como medida de protección por riesgo para la salud pública, se decretó la suspensión de la actividad de 80 establecimiento, la mayoría derestauración, cinco de ellos en la provincia de Castellón, donde en cinco años se han clausurado por seguridad 16 locales.

Uno de los principales motivos que lleva a los ciudadanos a presentar una denuncia en este terreno es haber sufrido una intoxicación alimentaria, ya sea por la presencia de salmonela, listeria u otro tipo de peligros. Y es que las alertas por la primera de estas enfermedades se ha incremento en los últimos años en la Comunitat y de ahí el refuerzo en la vigilancia.

Según fuentes de Salud Pública, los controles consisten en inspecciones a establecimientos alimentarios, en auditorías de los sistemas de autocontrol implantados por los operadores y en tomas de muestras y análisis de alimentos. Los expedientes sancionadores se inician a partir de acciones de vigilancia y tomas de muestras y análisis tanto programadas como motivadas por denuncias, alertas o brotes.