Punta Canfali

Por CORACHÁN

El lector que sigue mis artículos habrá visto que últimamente me ha dado por los guisos. No piense por ello que soy algún experto, ducho o simplemente aficionado a la cocina. En absoluto, de cocina no tengo ni idea, es para mí una asignatura pendiente. Pendiente en grado vertical, 90º y al pozo. La otra tarde, sin recurrir a tiempos mas lejanos, andaba pensando en ello y dándole vueltas y mas vueltas a la memoria y aprovechando que navegaba escurridizamente por la pendiente del recuerdo, me agarré a un saliente, y el resalto tenía un nombre: Fiestas Patronales.

¡Ahí es nada! ¡Toca madera! Menudo susto me pegué. La intranquilidad y el desasosiego me invadieron y me dije: Anda, pero si este es el menú típico de la Operación Juan Palomo, es como un tabú del que nadie se atreve a hablar… ¿nadie…? pues sí, alguien si se atreve ha hablar de ese “menú” que en alguna ocasión y en especial desde el punto de vista económico (la pasta es la pasta) ha alcanzado los niveles de las Bodas de Canaan. Las Fiestas Patronales de Benidorm, eran eso las típicas fiestas de un pueblo de pescadores, con sus procesiones, sus músicas, sus devotos a la Verge del Sofratge y Sant Jaume, con sus mayorales, sus borrachos ocasionales, sus castillos de fuegos artificiales… días que algunos vecinos aprovechaban para tomar unas vacaciones evadiéndose del mundanal ruido festero. Así transcurrían año tras hasta que aparecieron los políticos autodemocráticos y… punto y aparte.

Todo cambió, las subvenciones etílicas y químicas invadieron el mundo de la Fiesta y comenzó la voladura de papeleras, imbornales  y mobiliario público. Los políticos de turno pensaron que con las becas y los favores económicos ganaban votos. Se equivocaron, rectificaron y durante unos años las aguas festivas volvieron a su cauce natural. Pero mira por donde un año pierdo una conexión dentrítica y me apunto a los Mayorales: ¡Oh mísero de mí! ¡Vana ocurrencia! porque durante un año me convertí en vendedor semanal de Lotería Nacional y a mi pesar estuve haciendo la amoral competencia a quienes se dedican a esa venta como medio de vida. Si partimos de la base de que detesto los juegos de azar, puede imaginarse el lector mi estado de ánimo durante ese año.

No obstante ese no fue el problema principal, el problema fue mucho mas profundo. Durante el año la única noticia económica en la Comisión, era la Lotería, se vendían otras cosas (árboles de Navidad, bollos, roscones, etc.) pero siempre con resultados económicos desconocidos. Se recibió una subvención del Ayuntamiento, hubo otros ingresos. Llegó el final del ejercicio y con él el cambio de la junta y los mayorales y ni una sola palabra del resultado económico: Silencio absoluto. Materia Reservada. Alto secreto. Y me pregunto ¿es esto normal? ¿porqué se esconden las cuentas? ¿acaso la fiesta es privada? Al menos los mayorales creo que tendrán derecho a saber cómo y en qué se han gastado los dineros que en parte ellos han aportado a la Comisión de Fiestas y de la que se supone forman parte ¿solo para aportar dinero?. Esa Comisión ¿a quién rinde cuentas? ¿de quién depende? ¿utiliza dinero público sin control?… La realidad es la que es y su modus operandi es el típica réplica del utilizado en la Operación Juan Palomo.

No termina aquí la encuesta, hay más y peor, porque de entrada no sabemos si la citada Comisión está encuadrada en:

1º. El Ayuntamiento, estando constituida o vinculada a él.

2º. Es una Asociación sujeta a la ley de Asociaciones.

3º. Es una agrupación de amiguetes que campa por libre y a sus anchas, bajo el amparo de la Operación Jan Palomo.

Es decir, desconocemos su situación legal, pero entendemos que si pertenece tanto al grupo 1º al 2º o al 3º, debe cumplir lo establecido en la ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, vigente desde el 2 de Abril de 2015, que dice en su Artículo 3:

1. Deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica:

• b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Surge automáticamente la pregunta del millón: ¿Ha cumplido la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm en alguna ocasión esta obligación legal? ¿Los técnicos municipales, funcionarios de carrera, han advertido a los concejales o a los miembros de la Comisión sobre la obligatoriedad de la citada ley? La respuesta queda en el aire por inexistente, no obstante  si nos trasladamos al año 2015 con el 275 aniversario de la Virgen del Sufragio y siguiente 2016, continúan sin contestación las anteriores preguntas con el agravante de que la subvención con dinero público fue de 150.000,00 € en cada ejercicio. Solamente utilizaron 300.000,00 € sin justificación alguna. El importe destinado al primer año tiene sentido si consideramos que era el 275 aniversario, pero similar importe en el segundo año solo se explica si suponemos que  una parte esta subvención iba destinada a cubrir un “déficit desconocido” del año anterior, o en su defecto se trataba de una “prebenda” a las Reinas y Damas de las Fiestas, habida cuenta de la duplicidad del reinado y del parentesco con dos concejales. En ninguno de ambos supuestos se ha aclarado la situación ante la ciudadanía. Todo lo que hemos podido saber es que hubo un superávit el segundo año de 12.000,00 € destinado en dos mitades por igual a sufragar los gastos de desinsectar los bancos de la Iglesia de San Jaime y Santa Ana y a Caritas, ambas entidades regidas por la diócesis de Alicante.

Le guste o no le guste a quien decidió la citada benéfica donación, hay que recordarle que el fin no justifica los medios y que cuando parte de los medios económicos son públicos, hay que publicitar su aplicación hasta el mínimo detalle. Dar un donativo a Caritas no es malo; tampoco lo es tratar de exterminar a los insectos que están destruyendo parte del patrimonio de la Iglesia pero la labor de soporte debe ser a cargo de los feligreses y la de mantenimiento a cargo del titular del templo, en este caso la diócesis de Alicante, al igual que lo es el consumo de la energía eléctrica, del agua potable o el salario y la Seguridad Social del sacerdote responsable. Vemos como una vez mas el sentir de los ciudadanos queda postergado al igual que sus derechos constitucionales explicitados en nuestra Constitución de 1978 que garantiza en sus artículos 23 y 105.b el derecho de los mismos a la participación en los asuntos públicos, y al acceso a los archivos y registros administrativos. Cosas y casos de la operación Juan Palomo y de otra asignatura pendiente: La Transparencia debida y el Buen Gobierno.

José Antonio Corachán Marzal

 Diplomado en Anticorrupción