Punta Canfali

Faltan doce  días para que se cumplan 41 años de las primeras elecciones municipales en democracia, tras el referendo mayoritario que dio paso a nuestra Constitución de 1978. Son muchos años los transcurridos y a estas alturas todavía somos muchos los ciudadanos que estamos esperando se cumplan buena parte los objetivos democráticos que aceptamos y nos prometimos el 29 de diciembre de 1978.

Me refiero a los derechos que los ciudadanos tenemos a participar en la gestión de los asuntos públicos y en especial por su proximidad en la gestión municipal. Se supone que la cohesión de nuestra sociedad se establece mediante tres lazos fundamentales: La convivencia, el diálogo y la participación ciudadana; la mínima rendija abierta en uno de estos lazos de unión, rompe la solidez del sistema y transforma la democracia  en autocracia, absolutismo o totalitarismo. Con nuestro voto en las elecciones, lo que hacemos es depositar nuestra confianza y soberanía en un grupo político afín a nuestra ideología y con la esperanza de que esa perspectiva política cumpla con sus promesas o juramentos tras la toma de posesión.

En toda democracia es fundamental la descentralización del poder. Es la proximidad entre administradores y administrados, entre gestores y ciudadanos, la que potencia día a día una sociedad mas próspera y solidaria, al menos esa es la fórmula que entiendo puede convertirnos en una sociedad realmente democrática, mas justa y mas solidaria. En este sentido  un 25 de noviembre de 2004 vio la luz la Carta de Vitoria en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, carta que se sintetizó en un decálogo como práctica para conseguir un mayor desarrollo y promoción social en nuestros pueblos, en nuestras ciudades.

Veamos de una forma abreviada que dice el decálogo municipal de la Carta de Vitoria:

1. Garantizar la representación de los poderes locales en el Senado.  De conformidad con los artículos 69 y 137 de nuestra Constitución y tal como se fijó ante el Comité Regional de a Unión Europea.
2. Un nuevo Estatuto del Gobierno Local. Aplicando los principios de autonomía local, previstos en la Carta Europea.

III. Un Gobierno Local solvente. El binomio entre competencias asumidas y medios adecuados debe reflejarse en unos presupuestos dotados con medios propios y transferencias del Gobierno y Comunidades Autónomas equilibrados de forma adecuada. Los recursos han de permitir que las competencias asumidas se ejerciten a plena satisfacción de los vecinos.

1. Un Gobierno Local de proximidad. Los Gobiernos Locales tendrán el derecho y la capacidad efectiva de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, aplicando como norma general el llamado principio de subsidiariedad. La garantía de prestación de los servicios públicos de calidad en todo el territorio será articulada mediante entes locales intermedios (diputaciones, mancomunidades, comarcas…) que permitirán que todas aquellas competencias o servicios, que interesen a la comunidad vecinal, sean prestados por instituciones locales de ámbito municipal o supramunicipal.
2. Reforzar los mecanismos de relaciones intergubernamentales. Las relaciones de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas requieren el buen funcionamiento de una organización pública fuertemente descentralizada. El incremento de la cooperación Local con la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas requiere la consolidación de mecanismo y fórmulas de cooperación conjunta entre Estado, Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales, aplicando el principio de subsidiariedad como forma de distribución de funciones y competencias entre las tres Administraciones.

1. Un nuevo régimen de organización para los Gobiernos Locales. El reconocimiento para la capacidad normativa del Estado de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales debe ir acompañado de la consolidación del principio de autonomía local que conlleva el valor de ordenanzas y reglamentos que aprueban los gobiernos locales junto con el desarrollo organizativo como autenticas instituciones de gobierno.

VII. Un Estatuto de los cargos electos locales. Casi 25 años después de la aprobación de la Ley de Bases del Régimen Local, la experiencia acumulada durante este tiempo aconseja proceder a una auténtica revisión del Estatuto de los cargos electos locales que garantice el pleno desarrollo de sus funciones como legítimos representantes democráticos del pueblo soberano. Así como otorgarle los mismos derechos sociales que a cualquier ciudadano cuando deje de ocupar el cargo público para el que fue elegido.

VIII. Modernizar la función pública local. Impulsar una política de recursos humanos integrada que permita a todos los empleados públicos locales desarrollar plenamente sus actitudes, con el fin de conseguir que la función pública se adapte a las exigencias improrrogables de la creciente sociedad de la información y nuevas tecnologías en aras a lograr una mejor prestación de servicios frente al ciudadano.

1. La institucionalización de la FEMP. Es el paso necesario para lograr el reconocimiento efectivo del papel desarrollado por los Gobiernos Locales en los últimos veinticinco años y para restablecer el equilibrio de representación que requiere el mandato constitucional de configuración territorial de nuestro Estado de Derecho. A través de la FEMP, los Poderes Locales Españoles estarán representados en todos los Consejos y Conferencias Sectoriales del Estado, donde se debatan y decidan las políticas territoriales.
2. Los Poderes Locales son a la vez Órganos de Gestión e Instituciones Públicas. Son parte integrante del Estado y conforman uno de los tres niveles de su Estructura Administrativa, gozando de plena autonomía en las funciones que les son propias y no siendo en ningún caso Instituciones de ámbito Autonómico.

Este decálogo fue adoptado por la FEMP hace 15 años, con el horizonte puesto en los municipios del siglo XXI y al hablar de los derechos de los ciudadanos apostilla: “Todo miembro de una comunidad local, debe tener el derecho a participar en la construcción y ejecución de su proyecto de ciudad con igualdad de derechos, respetando sus libertades y excluyendo toda discriminación social, cultural, de origen, lingüística, religiosa, étnica o política consagrando la igualdad de todos aquellos que, como vecinos, residen y forman parte de una comunidad. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen pleno derecho a la participación política en la elección, control y seguimiento de sus Gobiernos Locales”.

De igual forma cuando trata de las ciudades sostenibles y saludables, puntualiza:  “Las ciudades deben gestionarse de manera corresponsable entre todos sus actores, públicos, privados y asociativos. Deben mantener un compromiso estable, tanto con su entorno inmediato, como con el conjunto del planeta. Por ello, sus recursos tienen que emplearse de manera armónica, respetando el patrimonio histórico, natural, cultural y humano, de forma que el desarrollo sostenible, en todas sus dimensiones –económicas, ecológicas y sociales- se constituya como un eje estratégico y transversal de todas sus decisiones. No se puede calificar una sociedad de progresista y solidaria, si ésta no es capaz de mejorar para las futuras generaciones el legado que recibió”.

No olvida la seguridad en las ciudades cuando precisa: “Las ciudades deberán fortalecer y estructurar su organización de forma que puedan dedicar recursos suficientes para garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, en todos sus planos. Estas estructuras o servicios deben estar diseñadas en todos los niveles de la cadena de seguridad, desde la prevención y la educación cívica, desarrollando los servicios que garanticen la convivencia”.

Por último explica al tratar de las ciudades accesibles y transitables: “Las ciudades, como espacio de convivencia, han de promover las medidas de acción positiva necesarias para garantizar la accesibilidad del entorno urbano: los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte y los sistemas de comunicaciones. Tienen que ser enclaves que faciliten la articulación de la convivencia ciudadana como lugares de integración y sociabilidad de la ciudadanía. Facilitar la accesibilidad y movilidad de todas las personas, y en especial de los afectados por cualquier tipo de discapacidad, será garantizar la activa participación de todos nuestros vecinos”.

Ahora puede comprobar el lector que partiendo de la base de que todos nuestros concejales saben leer y comprender lo que leen (supuesto empírico), la única deducción que obtenemos al repasar su diaria actividad en nuestro Ayuntamiento durante los últimos años, es que podemos dar por seguro que todos y cada uno de ellos no se ha enterado del contenido de La Carta de Vitoria, o bien han demostrado su falta de implicación al no haber prestado el mínimo interés en la misma. Volver a repetir la interminable letanía de las cosas no echas, realizadas a destiempo o mal realizadas, sería cansar al lector indebidamente, por ello lo evito por esta vez, esperando que la lectura del decálogo de La Carta de Vitoria pueda serle útil a la hora reflexionar antes de depositar su voto el próximo 26M.

Como una buena parte de nuestros regidores intentará “repetir suerte”, que recuerden no es preciso memorizar el decálogo de La Carta de Vitoria. A ellos y a los ediles novatos se lo ponemos mucho mas fácil y realizable porque solo les vamos a pedir Solidaridad, Moralidad y Transparencia, con independencia de su ideario político, tres méritos que echamos de menos en nuestro Ayuntamiento desde hace muchos años.

                                                                                    José Antonio Corachán Marzal