Casi nueve meses después de haber sido detenido y enviado a prisión dentro de la llamada «Operación Erial» , el ex ministro y ex presidente de la GeneralitatEduardo Zaplana podrá salir en libertad, una vez la juez del caso, María Isabel Rodríguez, que se había negado en rotundo a dejarlo en libertad al percibir riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, ya no percibe estos riesgos, según han confirmado a EL MUNDO fuentes jurídicas.

La juez ha puesto como condición para la libertad del ex ministro la entrega de su pasaporte, una circunstancia que podría retrasar el trámite de su puesta en libertad dado que Zaplana lo guardaba en su domicilio de Benidorm y tendrá que ser un familiar quien lo localice y lo ponga a disposición de la magistrada. La juez le prohíbe salir del territorio nacional y ha decretado comparecencias periódicas en el juzgado para firmar.

Una vez cumplido el trámite -del que no ha sido formalmente informado el Hospital La Fe, donde se encuentra Zaplana en situación de arresto hospitalario desde hace 51 días- la decisión ya es de su médico, que ha decidido mantenerle hospitalizado y retrasar el alta médica que le permita abandonar el hospital rumbo a su casa, según ha podido saber EL MUNDO.

El ex presidente del Gobierno valenciano está privado de libertad desde hace 259 días y está enfermo de leucemia, enfermedad por la que tuvo que ser trasplantado de médula en 2015. Su preocupante estado de salud ha sido el principal argumento de su defensa para intentar su salida de la cárcel durante todo este tiempo, petición que la juez no ha atendido, apoyada por el Ministerio Fiscal y por la Audiencia Provincial, que ha rechazado los recursos al menos tres veces.

También serán puestos en libertad los otros dos detenidos que estaban todavía en prisión, Joaquín Barceló y Francisco Grau. Zaplana se encontraba desde hace semanas bajo arresto e incomunicado en el hospital La Fe de Valencia, debido a su delicado estado de salud. Las mismas fuentes han subrayado que la decisión se ha adoptado después de disponer de garantías de bloqueo del dinero negro que, supuestamente, Zaplana habría logrado fruto de operaciones que forman parte de la investigación. Al ex ministro se le habrían bloqueado 6,3 millones ocultos fuera de España, concretamente en una entidad bancaria de Suiza.

Fuentes de la investigación, en la que ha participado activamente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, consideran que la mayor parte de estos 6,3 millones de euros -rondaría el 90% «presunta e indiciariamente», dice la juez- pertenecen a Zaplana, mientras que el resto sería de Barceló y Grau, a quienes se señala como supuestos testaferros. Al privarles de ese dinero, considera la magistrada, se «minimiza» el riesgo de fuga de los tres y por ello, se justifica, decreta su libertad provisional. El entorno de Zaplana siempre ha negado que ese dinero sea suyo.

Eduardo Zaplana está imputado por los delitos de cohecho, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales asociación ilícita para delinquir, grupo criminal y delito fiscal. Los investigadores consideran que, entre otras cosas, cobró una comisión de 6,7 millones a través de Luxemburgo procedente del grupo empresarial de la familiaCotino. Además, la juez cree que puede tener fondos ocultos, en Andorra, Uruguay y Paraguay, tal y como apuntó en el auto de prisión decretado para Zaplana.

Esas comisiones provendrían de pagos supuestamente pagados a Zaplana por el amaño de los contratos de adjudicación del Plan Eólico valenciano y de la privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana. Las «mordidas», supuestamente habrían sido pagadas por Vicente Cotino, sobrino de quien fuera director general de la Policía y consejero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, a través de sociedades radicadas en el extranjero. La juez cree que los pagos podrían haber alcanzado los 10,5 millones de euros