La Guardia Civil ha detenido al exministro de trabajo de la era Aznar Eduardo Zaplana por los presuntos delito de blanqueo de capitales, delito fiscal, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Además de Zaplana han sido detenidas otras siete personas acusadas de los mismos delitos. El caso está en manos del juzgado número 8 de Valencia y hay una quincena de registros, casi todos centrados en la Comunidad Valenciana aunque también en Madrid, donde el expresidente valenciano y otros arrestados tienen despachos.

CASO ZAPLANA

Zaplana consiguió cerca de 10 millones de euros con comisiones ilegales (Por M. A. Campos)

Según fuentes cercanas a esta investigación, al expresident de la Comunidad Valenciana se le acusa presuntamente de aflorar dinero negro procedente del extranjero. La Guardia Civil cree que este dinero depositado mayoritariamente en paraísos fiscales es dinero procedente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular. La Guardia Civil tiene constancia policial de que esas comisiones se obtuvieron en la época en la que Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana, entre 1995 y 2002.  Dentro de esos contratos se investiga la concesión de planes eólicos de una empresa que dirige el sobrino de Juan Cotino, exdirector general de la Policía y expresidente de les Corts.

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Según fuentes de la investigación Eduardo Zaplana escondió prácticamente la totalidad de su dinero en Uruguay. Se da la circusntancia de que según la investigación de la operación Lezo,  Ignacio González planeó adquirir con Zaplana el 50% de una sociedad en Uruguay a través de un abogado de aquel país. Según las diligencias policiales, esta sociedad se iba a usar para blanquear los fondos que el expresidente madrileño obtuvo a través de supuestas comisiones ilegales.

Eduardo Zaplana presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002. Ese año José María Aznar le nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004 cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Cuatro años después, en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados.

Zaplana ha estado investigado además en la operación Lezo, la que investiga la corrupción del Canal de Isabel II y que también ha llevado a cabo la Guardia Civil, aunque su detención no tiene nada que ver con esta investigación. El que arrancó como instructor del caso Lezo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, acusó al exministro del PP por sus tratos con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Según la investigación Ignacio González planeó adquirir con Zaplana el 50% de una sociedad en Uruguay a través de un abogado de aquel país. Según las diligencias policiales esta sociedad se iba a usar para blanquear los fondos que el expresidente madrileño obtuvo a través de supuestas comisiones ilegales.

Sin embargo, el plan entre los dos, del que había constancia policial a través de pinchazos telefónicos autorizados por el juez, no llegó a materializarse. De hecho, Zaplana no aparece imputado en esta causa.

Zaplana escondía su dinero en Uruguay