NO HAY VERGÜENZA POLITICA

LA CORPORACIÓN DEFIENDE A UN “TERMINATOR” URBANISTICO EN CONTRA DE LOS CONTRIBUYENTES

Maesba

     Sin duda alguna estamos, presuntamente, ante un equipo de gobierno carente de vergüenza política y de la otra. Se han empeñado en apoyar a Ballester, constructor de los Gemelos,28 de Punta Llisera, que salvar esa emblemática zona terrestre-maritima construida por un promotor que es, como en su día se le bautizo, “El Terminator urbanístico” histórico de la comarca de La Marina.

     Los ediles, los 25, deberían anteponer el bien de la comunidad de vecinos y no esforzarse en salvar al promotor Ballester del desaguisado que ha hecho. Los ediles, particularmente los 10 del equipo de gobierno, PP, deberían hacer cumplir la sentencia en vez de buscar procedimientos políticamente deshonestos y poco honrados al respecto.

   Este temerario promotor, ANDRES BALLESTER, cuando estaba por la 7/8ª planta la Delegación Provincial de COSTAS, ya le prohibió seguir construyendo. El ayuntamiento presidido, por primera vez, Catalán Chana, y después por Pérez Fenoll hicieron caso omiso de órdenes y permitieron, ¡a saber presuntamente por cuento…tiempo!.

Ahora se abre, con caras nuevas, una nueva siembra y depende, presuntamente, el alcance de la cosecha.

   Lo que si está claro es que nuestra ciudad es la cuna de SAQUEADORES URBANISTICOS que saben que hay unos politiquillos, presuntamente, fácil de….., de esto debe saber mucho “El Terminator”.

Estamos pensando que le ley se este cumpliendo contra Puigdemon y  en el SAQUEO URBANISTICO EN LA CIUDAD, se ampara y se busca ayudas para evitar se cumpla una sentencia.

      HAY QUE SALVAR A BALLESTER, «AL TERMINATOR URBANISTICO DE LA MARINA, ¡COMO SEA!, CUESTE LO QUE CUESTE

Benidorm pide también cita con la ministra de Medio Ambiente por la sentencia del TSJ sobre las torres de Punta Llisera

El gobierno local traslada en Junta de Portavoces la información aportada por el abogado de parte de los propietarios sobre la situación legal del posible derribo

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha solicitado una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a raíz de la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que afecta a las torres de Punta Llisera. Esta solicitud se suma a la ya cursada en el mismo sentido a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador.

La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que se han pedido ambas citas “porque en este procedimiento son parte la Administración General del Estado y la Conselleria, pero no el Ayuntamiento”. Por tanto, son ambas administraciones las que disponen de toda la información respecto a la situación legal y jurídica del asunto.

Caselles ha hecho estas declaraciones al término de una Junta de Portavoces en la que se ha informado a los grupos de la corporación sobre la reunión mantenida ayer “con el abogado que representa a cerca de 60 propietarios” de las torres, que trasladó al Ayuntamiento el contenido de la sentencia del TSJ. La edil ha señalado que en esa reunión, el abogado comunicó que “la Conselleria ha presentado un recurso de reposición contra el auto de ejecución de sentencia” del alto tribunal valenciano, que daba un plazo de tres meses para derribar los dos bloques de viviendas.

Asimismo, este representante legal indicó al Ayuntamiento que tras este recurso de reposición “caben también recursos de reforma” por parte de los afectados, que “entendemos que van a presentar para defender sus derechos”. A la vista de todos estos recursos, “el derribo de las torres dictado por el TSJ no va a ser inminente”.

La titular de Urbanismo ha señalado que, en cualquier caso, el Ayuntamiento quiere tener información de todas las partes implicadas en este procedimiento y de ahí que se hayan solicitado las reuniones con la ministra y la consellera.

A preguntas de los periodistas, Caselles ha aclarado que el único procedimiento vinculado a las torres de Punta Llisera en el que estaba personado el Ayuntamiento era el relativo al otorgamiento de la licencia de ocupación. Un procedimiento en el que “tanto en primera como en segunda instancia” los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento, diciendo que “las licencias municipales estaban bien dadas”, puesto que la edificación “cumplía los requisitos urbanísticos”. Este procedimiento se resolvió en el TSJ el pasado mes de mayo.

La edil ha recordado que “en ningún momento se ha hablado de ilegalidad” en el otorgamiento de licencias de las torres por parte del Ayuntamiento, y que el pronunciamiento del Tribunal Supremo en 2012, del que deriva el actual auto de ejecución de sentencia, hace referencia a “la licencia concedida por la Conselleria”.