LA SENTECIA DEBE CUMPLIRSE PARA QUE SIRVA DE ESCARMIENTO

CUANDO ESTABA EN LA 7ª o 8ª PLANTA COSTAS MANDO PARALIZAR LA OBRA Y EL AYUNTAMIENTO NO HIZO NADA AL RESPECTO

¡YA ESTA BIEN DE AMPARAR A LOS CORRUPTOS URBANISTICOS!

LA CORPORACIÓN DE ESA EPOCA DEBE HACER FRENTE A LAS INDEMNIZACIONES CON SUS BOLSILLOS

Maesba

     No es nada ético y moralmente positivo que se busquen soluciones para paliar la sentencia. Debemos recordar que, cuando estaba por la planta 7 u 8, la delegación de COSTA mando paralizar la obra. La empresa, junto con la corporación de entonces, se pasó esas órdenes por los cataplines y las obras se aligeraron al máximo poniendo más hombres y medios mecánicos para terminarla.

      Esos edificios deben ser derribados hasta donde legalice su altura, arreglo a las ordenanzas de Urbanismo municipal.

Creo que sería una clara advertencia para los que presuntamente SAQUEAN las normativas urbanísticas en la ciudad.

   Ir ahora a buscar soluciones es políticamente una inmoralidad por cuanto la empresa constructora ya fue advertida por COSTAS y podia haber evitado su derribo.

   La actual corporación municipal debe pensar muy bien, ¡pero que muy bien!, el paso que pretende dar ya que podría verse implicada en un acto judicial, lo mismo que la Consillería si cede a dejar esos ilegales edificios en pie.

      ¡ES EL MOMENTO DE ACABAR CON EL SAQUEO URBANISTICO EN LA CIUDAD!

Benidorm pide una reunión con la consellera de Vivienda a raíz de la sentencia del TSJ sobre las torres de Punta Llisera

El alto tribunal ratificó hace unos meses la licencia de ocupación otorgada en junio de 2011

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, ha solicitado hoy una reunión con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, a raíz de la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que afecta a las torres de Punta Llisera.

Caselles ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de este auto a través de los propios afectados, que han pedido reunirse con las autoridades locales para abordar los pormenores de la sentencia, que obliga al Consell a derribar ambas torres e indemnizar a los propietarios. Esta reunión tendrá lugar a finales de esta semana, tal y como se ha informado a los diferentes grupos políticos en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana.

La titular de Urbanismo ha aclarado que “al Ayuntamiento no se le ha notificado el contenido de esta sentencia, puesto que no éramos parte en el procedimiento”. “Por eso –ha añadido- estamos a la espera de que la Conselleria nos informe, en la reunión que hemos solicitado, de los pasos que van a dar desde el gobierno valenciano o las medidas que van a adoptar”.

Caselles ha indicado que si bien el Ayuntamiento no era parte en este procedimiento, sí lo era en el que se seguía también en el TSJ en relación a la licencia de ocupación otorgada en junio de 2011. Este procedimiento se resolvió “hace tres meses con sentencia favorable a la actuación del Ayuntamiento”. Concretamente, el alto tribunal “desestimó el recurso planteado por un particular y ratificó que la licencia de ocupación estaba bien dada”.