TEMA CATALUÑA

MUCHAS LEYES Y MUCHO BLA,BLA,BLA, PERO NO SE VE CASI NADA POSITIVO

AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL Y DE LA GUARDIA CIVIL COARTADOS Y AMEDRANTADOS SIN PODER SALIR DE LOS HOTELES NI PODER HACER COMPRAS DE ALIMENTOS.

DEBE ELIMINARSE EL ARTICULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN POR SU INUTILIDAD

LAS ARMAS NO TARDARAN EN APARECER

Maesba

El Gobierno de España, así lo creo, con su pasiva actuación, toda la seguridad de España esta en las manos de jueces y fiscales, nos esta llevado a una situación extremas. Ya se ven peleas de jóvenes en las calles, así como poner impedimentos para que los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, puedan salir de los hoteles, incluso alguno se han visto obligados a refugiarse en naves industriales abandonadas. Por mucho que diga la vicepresidenta, ministro del Interior, etc. lo único que estamos viendo la falta de decisión y fuerza del Gobierno.

Los golpistas catalanes, con sus máximos jefes, Puigdemont y Junqueras, se están riendo del resto de los españoles y, hasta el día de ayer, están demostrando que son los que llevan los mandos,, la batuta, de todos los hechos que suceden en Cataluña. Rajoy y su equipo de Gobierno son meros espectadores y no toman, por no querer o saber, decisiones que calmen la situación, la revuelta, catalana. Solo se limitan, los ministros mas afectados en su responsabilidades, es hablar, hablar y hablar y con los delincuentes, con los golpistas, no valen las palabras, ¡YA SE ESTA VIENDO!.

Creo que el Gobierno debe de evitar las medias tintas y decir claramente al resto de los españoles que el articulo de la Constitución que todos queremos y deseamos se ponga en marcha, ha quedado NULO de la Constitución. No nos cansemos mas en pedir que el 155 vea la luz. Lo tienen completamente desechado, olvidado por presunta dejación.

El peligro de confortamientos violentos entre los propios catalanes ya han empezado y, como dijo un ruso ayer cuando atravesaba un impedimento en la carretera, las armas no tardaran en aparecer.

Los jueces y fiscales no son todo lo rápido que el problema requiere. Tiene que ver y volver a ver, una y otra vez, las layes y sus posibles repercusiones sobre los hechos que acontecen. No pueden darse prisa, nunca lo ha hecho, ellos llevan sus métodos y no dan para mas.

El deshonor del equipo de Gobierno de España esta servido y que solo sea eso y llegue mas lejos que, yo así lo creo, y suenen las armas, cosa nada difícil de que sea así. Cuando unos delincuentes politicos ven que están saliéndose con la suya. Cuando ven que los que tienen enfrente solo están usando la palabra. Cuando ver y comprueban que no prestan la ayuda necesaria a sus fuerzas de Seguridad Ciudadana, policías y guardias civiles, DESPLAZADOS A CATALUÑA, se crecen, se valentona porque han sabido meter el miedo y en terror al poder legalmente constituido y porque saben que no se atreven, por cobardía política, poner en marcha los resortes legales que tienen, como es el 155 y la Ley de Seguridad Nacional.

Este grave asunto nacional se agrava por minutos, horas y días y desde el Gobierno solo se nos pide bla,bla,bala.

Y termino con los que vengo diciendo en mis artículos y opiniones. Después de Cataluña, viene el País Vasco con Navarra.

LA LEY DE SEGURIDAD DACIONAL OTRA BAZA DEL GOBIERNO CONTRA LA DUI

La posible proclamación unilateral de independencia de Cataluña deja al Gobierno central la posibilidad de activar dos opciones recogidas en el ordenamiento jurídico y que le capacitarían para ejecutar una intervención ‘de facto’ de la comunidad autónoma dirigida por Carles Puigdemont. Frente a la aplicación del articulo 155 de la Constitución, que requiere de un trámite parlamentario previo en que el Senado toma todo el protagonismo, fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial avisan de que el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional, cuya aplicación puede ordenarse por decreto ley.
Aprobada en septiembre de 2015 con el apoyo del PP y el PSOE, la norma recibió hace menos de un año el aval del TC, que rechazó el recurso presentado en su contra precisamente por la Generalitat de Cataluña. El tribunal de garantías vio entonces constitucional este instrumento dirigido, según su articulado, a «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales» y «proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos».
Según aseguran las fuentes consultadas, los mecanismos de esta norma evitarían la pérdida de competencias del Govern, ya que lo que se atribuye al presidente del Gobierno con su activación es una «coordinación reforzada entre administraciones». Así lo recogió el Constitucional en su sentencia de diciembre de 2016 en la que aseguró, frente a los argumentos del Govern, que su uso no altera el esquema de reparto de competencias, pues cada uno sigue ejerciendo las que le corresponden, «si bien en el marco de una situación de mayor coordinación, justificada por la envergadura y relevancia de la crisis que debe afrontarse, la cual exige una movilización unitaria de los medios disponibles».
Para poner la ley en marcha, el Consejo de Ministros debería aprobar un real decreto en respuesta a una crisis provocada por «una situación de interés para la Seguridad Nacional». El Ejecutivo debe someter después la aplicación práctica que confiera a la norma al control del Congreso de los Diputados, avisan los expertos consultados. «El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional», dice en su artículo 24.
Según la propia definición que recoge la norma, se considera «de interés» aquella situación en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, se requiera «la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno».
La ley contempla para ello una figura esencial: prevé el nombramiento «de una autoridad funcional» que centralice la actividad y que podría tomar el control de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo los Mossos d’Esquadra. Los juristas recuerdan, en este punto, que el Gobierno ya cuenta con un representante en la comunidad autónoma que puede desarrollar este papel, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Por su parte, el jefe del Ejecutivo asumiría una serie de funciones que le permitirían manejar el Gobierno regional.
La aplicación de la ley exige que se delimite de forma clara la intervención estatal, y debe definirse mediante un plan no solo la situación de crisis y el ámbito geográfico en que se va a aplicar, sino también la duración de su aplicación y si requerirá o no de prórroga.
El Consejo de Seguridad Nacional
Es el Consejo de Seguridad Nacional quien debe determinar los mecanismos de enlace y coordinación necesarios para que el sistema de seguridad nacional se active preventivamente y también quien debe realizar un seguimiento de los supuestos susceptibles de derivar en una situación de interés para la seguridad nacional. Rajoy tendría que convocarlo para que ejerciera estas funciones y tendría también voz para el nombramiento de dicha autoridad. La ley también establece que las comunidades autónomas colaboren «en la elaboración de los planes de recursos humanos y materiales necesarios para las situaciones de crisis».
Este consejero funciona como un órgano colegiado del Gobierno que tiene como misión asistir al jefe del Ejecutivo en la dirección de la política de seguridad nacional. En él tienen representación distintos miembros del Gobierno, como la vicepresidenta o los titulares de Defensa e Interior, y también los máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas y el CNI.