El Ayuntamiento de Benidorm ha suspendido de sus funciones y retribuciones durante un período de tres años a Justo López Díaz, el único criminólogo de la ciudad -contratado durante la anterior legislatura por el PSOE y figura pionera en toda España cuestionada en su momento- por «usurpación de funciones» y otras faltas consideradas «graves».

El funcionario municipal ya fue expedientado por doble partida en sendos decretos de Alcaldía dictados con fecha del 23 de septiembre por las mismas faltas, entre las que destacan el trato del criminólogo hacia compañeros de la plantilla del Ayuntamiento o la «desobediencia abierta a las órdenes de un superior». En la resolución dictada por la Alcaldía -a fecha 31 de julio- a la que ha tenido acceso ABC se indica que López Díaz sobrepasó «los límites de la corrección» en enero de 2014 y en los meses de mayo y diciembre de 2015, aunque también se confirma que no hubo agresiones físicas.

El suspendido del cargo podría haber incurrido en un delito de usurpación de funciones -tipificado en el artículo 402 del Código Penal- «del cual ya se ha dado traslado al Ministerio Fiscal», según indica el documento.

Denuncias a otros funcionarios

En su momento, varios empleados del Ayuntamiento elevaron su queja porque López Díaz había desarrollado charlas informativas en institutos de Secundaria para prevenir el consumo de drogas que venían realizándose con anterioridad por sus departamentos, también por la Policía Local.

Estos excesos están relacionadas con la denuncia que realizó el criminólogo en diciembre del año pasado sobre supuestas irregularidades cometidas por colegas suyos de la plantilla del Ayuntamiento en los programas de trabajos a la comunidad vinculados a instituciones penitenciarias. El denominado Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) ha salido en defensa de López Díaz considerando que se le expedienta por haber denunciado a otros funcionarios.

También le consideran víctima de una campaña de «acoso y derribo» por parte del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que en su día presentó un contencioso contra la creación de esta plaza de criminólogo, un puesto inédito para un ayuntamiento de las dimensiones del de Benidorm. Es más, este funcionario se querelló contra el sindicato por injurias, denuncia que fue archivada en febrero de 2016.