El boom de las estafas de turistas británicos a hoteles españoles ha pasado a convertirse en una prioridad para el Gobierno de Reino Unido. O al menos eso es lo que quiere transmitir su embajador en España, Simon J. Manley, hasta el punto de que se ha puesto en contacto con los empresarios turísticos para transmitirles tranquilidad e informarles de que la intención del Ejecutivo es perseguir estas prácticas con medidas adicionales que está preparando la Abogacía del Estado.

En una carta remitida al presidente de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), Antoni Mayor, el embajador de Su Majestad Británica en España detalla los «pasos decisivos» que «los ministros de Reino Unido están dando» para atajar la lluvia de reclamaciones fraudulentas que se produjeron el verano pasado, con un daño estimado en el sector de 70 millones de euros.

Como ha venido publicando este diario, el sistema de reclamaciones de Reino Unido permite a los turistas solicitar una indemnización a los operadores en caso de que hayan sufrido una intoxicación alimentaria. El problema es que la carga de la prueba recae sobre los hoteles, que son a quienes las agencias acaban haciendo pagar compensaciones de hasta 4.000 libras. Esta facilidad para exigir daños y perjuicios ha provocado que en el último año se hayan constituido bufetes especializados en captar a clientes para que presenten denuncias, con la promesa de que sus vacaciones les pueden salir gratis.

«Aunque no se trata de un problema relacionado con España en concreto, sí que fui consciente de que estaba teniendo un impacto muy serio sobre el sector hotelero español y las empresas en particular», apunta Manley. Por ello, dice, el Gobierno de Reino Unido «ha declarado públicamente que está decidido a abordar la cultura de las indemnizaciones y acabar con los vacíos del sistema jurídico británico» que permiten los fraudes.

«El Ministerio de Justicia ha estudiado las vías legales para abordar este asunto», apunta, y afirma que el sector de los turoperadores «ha tomado medidas para hacer más rigurosos sus propios procedimientos internos».

«Ahora se están asegurando de que sus clientes saben cuáles son los riesgos que conlleva el reclamar falsamente», y que pueden suponer «hasta tres años de prisión». «Todos, de manera colectiva, hemos acudido a los medios de comunicación para concienciar al público de que las reclamaciones falsas son inaceptables e ilegales».

Desde el Gobierno británico también se ha pedido que el Consejo de Justicia Civil «investigue el procedimiento de tramitación de baja cuantía por daños personales, con el objetivo de reducir los incentivos que llevan a interponer reclamaciones que carecen de fundamento». En cuanto a los turoperadores, concentrados en la Asociación de Agentes de Viaje Británicos, «se ha hecho un llamamiento para que comprueben las pruebas aportadas en las reclamaciones».

El objetivo, indica, es «recopilar información sólida sobre el volumen y coste de las reclamaciones de cara a que el Gobierno y el sector puedan tomar futuras decisiones sobre este problema». De hecho, explica que «el regulador de la Gestión de Reclamaciones y de la Autoridad reguladora de la Abogacía de Reino unido están analizando estos datos, y remitirán un informe exponiendo cuáles son las medidas adicionales que han de imponerse». «La amplia mayoría de turistas que viajan fuera no hacen reclamaciones falsas», asevera el embajador en la carta. Y concluye: «No obstante, es fundamental que les recordemos públicamente que hacer reclamaciones fraudulentas puede tener como consecuencia tres años de prisión».