MAS, CONDENADO A DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN POR EL 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a dos años de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por mantener la consulta independentista del 9-N, tras su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).
El juez que instruyó el sumario del 9-N y el fiscal consideran que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega desplegaron toda una serie de actuaciones que hacían incompatible que la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la consulta soberanista del 9-N tuviera sentido.
Adoptaron resoluciones «decisorias y necesarias, algunas de ellas de forma verbal» para llevar a cabo el proceso. Decisiones políticas adoptadas «en el seno de procedimientos administrativos y, por ende, sujetos a control jurisdiccional».
La Fiscalía llegó a decir que lo que está en juego en este caso «es la vigencia de las decisiones del Tribunal Constitucional en el territorio de Cataluña». Ellos se defendieron asegurando que la prohibición del Constitucional no era concreta y que aún así dejaron todo el proceso en manos de los voluntarios a partir de ese momento.
Artur Mas
«Si la Fiscalía busca un responsable, soy yo», llegó a decir Artur Mas tras la consulta soberanista del 9-N. El juez instructor dijo en el auto de transformación de procedimiento que el acusado «conocía desde el 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional por la cual debería dejar sin efecto la convocatoria del 9-N».
Y a pesar de que manifestó que el proceso quedó en manos de voluntarios, «se han señalado los indicios o principios de prueba que apuntan en una dirección contraria porque intervinieron contratistas privados contratados por la Generalitat tras el 4 de noviembre y especialmente los días 7, 8 y 9 de noviembre, de manera que sin ellos el proceso participativo no hubiera podido llevarse a cabo». Entre otros extremos les competía a estos contratistas «algo tan esencial como el suministro e instalación de los programas informáticos para permitir la votación y el traslado e instalación de los ordenadores en los puntos de votación».
Por lo tanto, Mas «consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contratación, algunos tan evidentes como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc para informar públicamente de los resultados». El expresident, «decidió impulsar, preparar y llevar a cabo el 9-N pese al dictado de la providencia que suspendía la convocatoria y los actos de preparación de la misma». Mas «no podía desconocer que al no haber dado orden de paralizar los diferentes procedimientos de contratación se comprometían recursos públicos de la administración catalana».
Joana Ortega
«Asumió el control público y la coordinación de todas las actuaciones para llevar a cabo toda una serie de actuaciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9-N». Su departamento «contrató el suplemento del seguro de accidentes para voluntarios, a la par que encargó la arquitectura informática para que la jornada del 9-N fuera operativa». Sobre la prohibición del Tribunal Constitucional, dice el auto que la exconsellera de la Generalitat indicó que «el proceso quedaba en manos de los 42.000 voluntarios, se autogestionaba y no era posible suspender el proceso».
Irene Rigau
«Procuró que los directores de instituto los cedieran como puntos de votación y posibilitó que se instalara el software necesario y el material para proceder a la votación». La exconsellera de educación también subrayó que el proceso quedó en manos de los voluntarios tras la suspensión del Tribunal Constitucional, y que, según el auto, «entre ellos solventaban las posibles incidencias que pudieran aparecer, que fueron ellos quienes fueron a buscar los ordenadores a los almacenes y los devolvieron, cuando la instrucción demuestra lo contrario».