PEDIR RESPONSABILIDADES SERVICIOS JURIDICOS

   Está bien que el alcalde haya decidido hacer frente, sin más costos para los contribuyentes, a la sentencia que le daba la razón a, ¡TODOS!, los vecinos de la llamada Subzona C.

   Después de todas las intervenciones, recomendadas por los servicios jurídicos municipales, y bien sus resultados, no en este asunto, sino en muchos más, creo ha llegado el momento de que los abogados del ayuntamiento presenten y presuntamente acrediten poseer la titularidad. No es de recibo que la mayor parte de los juicios se den a letrados ajenos a la plantilla municipal y que los contribuyentes tengamos que pagar miles de euros a los abogados foráneos municipales. Habría, después de tantos años de servicio, hacerles un exhaustivo examen a los municipales.

 El Ayuntamiento de Benidorm no presentará un recurso de amparo constitucional contra la sentencia de la Subzona C

El Ayuntamiento de Benidorm no va a presentar un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia 1.152, de 30 de diciembre de 2015, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) referida a la devolución de contribuciones especiales de la Subzona C. El anuncio lo ha hecho el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en el curso de una rueda de Prensa en la que ha estado acompañado por la titular de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, Lourdes Caselles, tras celebrar la Comisión Informativa de Régimen Interior en la que se ha conocido y presentado el informe emitido en ese sentido por el letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

El dictamen de los servicios jurídicos municipales, que lleva fecha de hoy, propone no interponer ese Recurso de Amparo Constitucional, única iniciativa que podía adoptar el Ayuntamiento en el momento procesal actual, tras ser rechazado el pasado mes de abril el incidente de nulidad que el pleno aprobó presentar contra esa misma sentencia, a la vista de la aparente “antinomia jurídica” que suponía que la sentencia difiriera de otras emitidas por el mismo tribunal, aunque por Secciones distintas.

El informe jurídico ha sido sometido al dictamen de la Comisión de Régimen Interior, votando a favor los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular y absteniéndose o dándose por enterados el resto de los miembros de los otros grupos políticos.

El alcalde indicó que lo que procede ahora es “adoptar las acciones administrativas necesarias para la no interposición del Recurso de Amparo Constitucional por parte del Ayuntamiento de Benidorm”. Señaló que, según estadísticas del propio Tribunal Constitucional, solo el 4% de los recursos de amparo superan el trámite de ser admitidos, y subrayó que el informe jurídico “establece que lo más conveniente para los intereses del propio Ayuntamiento es no interponer ese recurso de amparo. Ahora,-añadió-, son los propios técnicos los que deben informar sobre cómo se debe ejecutar la sentencia”.

El alcalde recordó en ese sentido que el gobierno municipal del Partido Popular ya tuvo la previsión de consignar en los Presupuestos Generales una partida para hacer frente a la devolución de esas Contribuciones Especiales, cantidad que se sitúa alrededor de los 560.000 euros.

En cuanto a la ejecución de la sentencia, el alcalde subrayó que “su gobierno siempre ha marcado la pauta de hacer todo siguiendo los criterios de los técnicos municipales”. Sobre este asunto los técnicos municipales aún no han definido cómo se debe ejecutar esa sentencia y en cualquier caso el alcalde subrayó que “su ejecución no tiene que ver nada con la decisión de no recurrir ante el Tribunal Constitucional”. Recordó que “a veces no son los técnicos los que deben esclarecer como ejecutar las sentencias, sino los órganos judiciales, como en el caso, por ejemplo, de la Estación de Autobuses en que no estaba claro como viabilizar la sentencia”.

En este sentido, y atendiendo a las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales, ya se han iniciado los trámites para pedir presupuestos para encargar unos informes jurídicos externos que permitan valorar la mejor forma de tramitar la ejecución de esa sentencia.