Punta Canfali

La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá no recuerda «con exactitud» cómo hizo llegar los 1.000 euros al Grupo Popular en el Ayuntamiento que dirigía y que, según la Fiscalía Anticorrupción, formaron parte de una operación de blanqueo de capitales por la que quiere que sea imputada por el Tribunal Supremo. Barberá ha remitido un escrito de 11 páginas al juez que investiga el caso Taula en Valencia, Víctor Gómez, en el que niega las acusaciones. Afirma que no se ocupó de la financiación de la campaña porque estaba muy ocupada ejerciendo de alcaldesa y de candidata. Y apunta a que todo responde a una venganza tejida por su antigua mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau, y los asesores de este. Al presentar el escrito, la exregidora evita tener que comparecer físicamente en el juzgado.
«Es cierto que [Barberá] aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación de la campaña a las elecciones municipales de 2015», señala su letrada en el documento enviado al magistrado, «mediante un talón bancario contra su cuenta corriente de Bankia». «La mecánica empleada sería, pues no se recuerda con exactitud, hacer llegar al Grupo Popular por servicio interno el referido talón, para que procediera a su cobro. Como consecuencia fue abonada en la corriente del Grupo Popular designada al efecto».
Barberá niega, sin embargo, que el dinero le fuera devuelto en dos billetes de 500, como la fiscalía y la Guardia Civil sostienen que sucedió con medio centenar de personas vinculadas al Grupo Popular. El dinero provendría, según la tesis de la acusación, de una caja b, nutrida con dinero negro obtenido mediante el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
La exalcaldesa evita la exposición pública
Antes de remitir al Tribunal Supremo la exposición razonada de motivos por los que considera que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá debería ser investigada por blanqueo de capitales, como el resto de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento, el juez Víctor Gómez ofreció a la senadora declarar, en persona o por escrito, alegando lo que considerase oportuno a su «defensa». El magistrado señaló que en ningún caso podría interrogarla porque al formar parte de la cámara alta, Barberá esta aforada ante el Supremo y solo este tribunal puede dirigirse contra ella.
Barberá anunció que declararía, pero no especificó cómo. Con el escrito presentado este viernes en el juzgado, la exalcaldesa ha despejado la duda, y ha puesto de manifiesto que prefiere evitar la exposición pública que supondría acudir al juzgado.
La exalcaldesa deriva la responsabilidad de haber solicitado a los integrantes del Grupo Popular los 1.000 euros para «financiar» las actividades electorales al comité de campaña, del que ella no formó parte. La letrada describe a Barberá como «la candidata, con una única y finalista misión, la de captar votos, lo que como es fácil de adivinar absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son suyas, sino del comité de campaña».
El escrito ahonda en el argumento al indicar que «dicha actividad electoral no interrumpe el ingente quehacer derivado de la responsabilidad de la Alcaldía, lo que nos lleva a la conclusión de que ambas actividades colmaban en exceso el trabajo de mi representada, sin opción siquiera a interesarse por cualquier otro asunto, y menos respecto de los que estaban sobradamente atendidos por el comité de campaña». A este correspondía «desde la programación de actos, mítines, visitas, paseos callejeros, eligiendo días y lugares, hasta la selección de argumentarios a defender», así como «el soporte de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta».
Venganza de Grau
Barberá desliza de forma prolija una tesis, según la cual, la acusación de blanqueo podría basarse en una conspiración urdida por su exvicealcalde Grau. Este se distanció de ella por tener que ser sometido a juicio en el caso Nóos —en el que la fiscalía y el juez de Palma José Castro intentaron que también la exregidora se sentara en el banquillo de los acusados—. Y, sobre todo, argumenta la senadora, por haber dejado fuera de la lista electoral a su esposa, María José Alcón, imputada por varios delitos en el caso Taula. El pinchazo telefónico a Alcón, exconcejal y exasesora ella misma de Barberá, fue lo que destapó el presunto blanqueo cuando estaba siendo investigada por pertenecer a la trama del 3% vinculada al PP valenciano.

En las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Alcón afirma que en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia hay «mucho dinero negro” procedente “de empresas, comisiones y corrupciones”, y que “no pueden aflorarlo”, motivo por el cual se ha diseñado la operación de blanqueo en la que participaron presuntamente los integrantes del mismo.
Con el argumento de la lealtad hacia Grau, Barberá rechaza los testimonios prestados por los exasesores de Grau, que confirmaron la existencia de la operación de blanqueo ante el juez, afirmando que en su opinión la entonces alcaldesa estaba al tanto de los hechos.
«Imposible imaginar»
La senadora insiste, como ya ha hecho en público, en que durante los 24 años que gobernó la ciudad de Valencia «jamás se produjo ningún amaño en adjudicación alguna, trato de favor a nadie, cobro de comisiones a terceros, en definitiva, eso que se ha calificado de ‘mordidas’, hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante».
Ante los numerosos indicios de que efectivamente se amañaron adjudicaciones durante su mandato —en concreto en la etapa en que Alcón fue concejal de Cultura—, Barberá afirma «que en aquel momento era imposible siquiera imaginar la comisión, al parecer, de unos hechos delictivos de tal ingeniería delictiva que hoy, pese a la colaboración de algún autor de los mismos, [en referencia al ex alto cargo Marcos Benavent, a quien califica de ‘yonki arrepentido’] siguen sin resolverse»