Desde el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción consideramos aconsejable se informe a la opinión pública sobre los hechos que han podido inducir tanto a la Policía, como al Juzgado de Guardia, a proceder a la detención e ingreso en prisión, de la ciudadana española, Denisse Minaya.

La Constitución Española establece en su artículo 17 la libertad individual de los ciudadanos y establece los derechos que deben respetarse cuando, en los supuestos autorizados por la ley, se detiene a una persona.

Estamos convencidos y no ponemos en duda que bajo esta premisa constitucional se efectuó la detención de esta persona por los funcionarios actuantes, si bien, las afirmaciones de la detenida en un diario público sobre la vulneración de sus derechos, entre ellos el no habérsele facilitado la comunicación de su detención a un familiar o abogado y la posterior denegación de un Habeus Corpus en otro Juzgado, nos parecen suficientemente graves como para que de oficio el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Consejo del Poder Judicial actúen de inmediato. Máxime cuando se ha podido determinar que esta persona fue detenida “incorrectamente” sin que el protocolo de identificación haya sido lo suficientemente eficaz para determinar que no se trataba de la persona que se encuentra en Busca y Captura e Ingreso en Prisión, al parecer por un Juzgado de Barcelona.

La denuncia pública de esta ciudadana, en su perfecto derecho de demandar que se actúe contra quienes han vulnerado sus derechos, crea alarma social. Pero ante el desconocimiento por parte del OCC de los razonamientos que indujeron a la Policía a su detención y a la Juez de Guardia a determinar su ingreso en prisión y puesta en libertad posterior del Juzgado que emitió la orden de Busca, Captura e Ingreso en Prisión, parece consecuente el que se inicie una investigación por los órganos competentes para restablecer el daño causado, así como la determinación del supuesto error burocrático que ha propiciado está clara detención ilegal de una persona libre de culpa.

http://www.levante-emv.com/sucesos/2016/03/20/diez-dias-prision-error/1394267.ht

Se sabe, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

 

Alicante, a 22 de marzo de 2016

                                      Junta Directiva Nacional